Más de 4.500 jueces de 30 provincias, convocados a la huelga

• Los jueces de otras 18 provincias y Melilla no secundarán el paro
• En Ávila y Salamanca han dado libertad a sus miembros
• El 60% de los juzgados no funcionarán porque sus titulares harán huelga
• Las convocantes, FV y FJI, esperan un seguimiento "muy importante"
• El CGPJ ha negado el derecho a la huelga a los jueces
• El Cómité de Huelga ha fijado los servicios mínimos

La Judicatura está llamada este miércoles a una huelga sin precedentes

Unos 4.500 jueces de 30 provincias españolas y la ciudad autónoma de Ceuta han acordado ir a la huelga este miércoles, 18 de febrero, decisión que ha generado un importante debate social, ha dividido a la carrera judicial y ha suscitado polémica política, jurídica y con otros agentes judiciales.

Por contra, los de 18 provincias (Lérida, Guadalajara, Albacete, Toledo, Orense, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, La Rioja, Navarra, Cádiz, Granada, León, Palencia, Burgos, Segovia) y la ciudad autónoma de Melilla, no secundarán la jornada de paro, y dos juntas (Ávila y Salamanca) que no han adoptado una decisión conjunta y dan "libertad" a sus miembros.

No obstante, aunque la convocatoria o no de huelga se ha decidido en asambleas, desde algunos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) se apunta que, finalmente, se trata de una decisión personal de cada juez, por lo que sus efectos no se conocerán hasta que se produzca.

La decisión de acudir a la huelga, adoptada por las juntas provinciales de jueces titulares de juzgados unipersonales, significa que cerca del 60% de los juzgados de instrucción, de lo social, de lo penal, de menores, de familia, mercantiles o de lo contencioso- administrativo no funcionarán porque sus titulares harán huelga.

Los convocantes esperan un seguimiento "muy importante"

Por su parte, las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) esperan un seguimiento "muy importante" de la huelga de jueces que han convocado en toda España para que la opinión pública sea consciente de los graves problemas de la Justicia.

El Comité Nacional de Huelga constituido por ambas asociaciones se encargará de centralizar los datos de seguimiento de la protesta desde los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde recabarán la información del número de jueces que ha secundado la convocatoria, según ha confirmado el portavoz del FJI Benito Raboso.

El portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, ha asegurado que esperan que el seguimiento de la huelga muy significativo y calcula que entre 1.500 y 2.000 jueces podrían secundar la convocatoria. Por su parte, Raboso ha indicado que confían en que la protesta obtenga un respaldo muy importante de los jueces y sirva como llamada de atención para que la opinión pública vea "lo que está pasando en la carrera judicial".

Las otras dos asociaciones, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), apoyan una versión más moderada de la protesta, consistente en la celebración de concentraciones que se materializarán sobre el mediodía de mañana a las puertas de los órganos judiciales más emblemáticos de cada ciudad. Esto ocurrirá, por ejemplo, en comunidades como Cantabria o Navarra.

Tampoco irán a la huelga los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, aunque estos últimos han anunciado que emitirán un comunicado reivindicativo.

Apoyos y posiciones en contra

El Ministerio de Justicia, responsable último de aceptar las reivindicaciones de los huelguistas, ha rechazado la huelga de plano y ha negado el derecho de los jueces a ejercerla. A lo largo del conflicto, el ministerio no ha perdido oportunidad para llamar a los jueces a la "responsabilidad" y ha dicho que con la huelga solo perderán "credibilidad".

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, también ha rechazado la huelga, aunque entiende las demandas planteadas. Así, el Pleno del CGPJ, en una resolución aprobada por unanimidad el 9 de febrero, afirma que la huelga convocada para el 18-F "no tiene cobertura legal", por lo que los magistrados "tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día fijado para el paro", afirmó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.

Toda la carrera judicial, incluso las dos asociaciones que no se suman a la huelga, coinciden en la "ambigüedad" de la resolución del órgano de gobierno de los jueces. La indefinición deja la puerta abierta para recurrir al Tribunal Supremo.

Las asociaciones de fiscales no apoyan la huelga de jueces. Los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia están divididos ante esta movilización: UGT cree que es "inconstitucional", y CCOO, CSI-CSIF y STAJ creen que los jueces también tienen derecho a hacer huelga.

Los secretarios judiciales también se pronunciaron sobre esta decisión de la carrera judicial y no consideraron oportuna la huelga, aunque sí apoyan las demandas de los jueces que contribuyan a mejorar y modernizar la justicia.

Servicios mínimos

Ante la negativa del CGPJ a fijar servicios mínimos, el comité de huelga ha elaborado un documento en el que señala a los jueces las actuaciones de las que no se podrá prescindir.

La huelga no afectará a las causas con presos ni a los juicios que incumban a derechos fundamentales de los ciudadanos. En especial, los jueces y magistrados atenderán los casos de malos tratos hacia las mujeres, los juicios que tengan que ver con delitos contra menores, los que sean de materia electoral (la huelga coincide con dos procesos electorales: Galicia y País Vasco) y los levantamientos de cadáveres.