Garzón imputa a más cargos, a esposas y una madre en el caso Pretoria

• Está imputado el gerente de suelo de Cataluña, que ha dimitido
• Otro de los imputados, el ex edil de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres 
• El juez deja libre bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo
• El PSC ha suspendido de militancia a varios imputados
• Se investiga una presunta trama de corrupción en municipios barceloneses
• Ya son 20 personas las imputadas en este procedimiento

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a once nuevas personas -no doce, como se había informado en un principio- en la llamada "operación Pretoria", en la que se investiga una trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas. Con estas nuevas imputaciones asciende a 20 el número de implicados en este procedimiento, entre ellos más cargos, esposas y una madre.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han añadido que el magistrado ha dejado en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados. Entre los encarcelados están los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta y el ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz.

Prisión para el alcalde de Santa Coloma y otros cuatro detenidos

Uno de los nuevos imputados es el gerente del Instituto Catalán del Suelo, Emili Mas; y otro el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antoni Jiménez (PSC), según fuentes judiciales, a los que el PSC ha suspendido de militancia.

Otro nuevo imputado que ha sido suspendido de militancia, en este caso por el PPC, es el concejal Víctor Ros, que fue ex alcalde de este municipio del Maresme.

También han sido imputados un ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat con CiU, Genís Carbó, y el consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona desde el año 2000, Juan Felipe Ruiz Sabido, quien ha sido también suspendido de militancia por el PSC.

Otro de los citados a declarar como imputado es Lluís Falcó, gerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet hasta el 19 de noviembre, cuando fue destituido por la nueva alcaldesa, Núria Parlón. Según fuentes municipales, Falcó era una de las "manos derechas" de Bartomeu.

Las esposas de Prenafeta y Alavedra y la mujer de Bartomeu

Además fuentes jurídicas han indicado que entre los nuevos imputados podrían estar las esposas de Prenafeta y Alavedra, Lluisa Mas y Doris Malfeito, respectivamente.

También se encontraría imputada la madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Josefina Calvet. Se da la circunstancia de que su marido, Blas Muñoz, fue el último alcalde de Santa Coloma durante el franquismo entre 1975 y 1979 y fue nombrado a dedo por el Gobernador Civil de Barcelona y jefe provincial del Movimiento Nacional, Rodolfo Martín Villa.

Garzón también ha imputado al administrador de la empresa Renticost Serveis S.L., Manuel Valera Navarro, y Philip McMahan Bolich, que tiene su residencia fuera de España, por lo que el magistrado ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle.

Las mismas fuentes han señalado que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tiene previsto interrogar a los nuevos imputados entre el jueves y el viernes.

Testigos

Además, el juez ha citado como testigos para el próximo mes de enero a una decena de personas, entre ellas la ex alcaldesa socialista de Badalona y actual senadora del PSC por Barcelona Maite Arqué i Ferrer y el ex concejal socialista en Barcelona Ferran Juliá.

Otras personas citadas como testigos son el ex director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU Lluis Renau Folch, Jeff Schroeder Quijano, los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Coloma Albert Gadea y Maite Carol, así como María Isabel de la Fuente.

También prestarán declaración el director general de Proinosa y el director general financiero de esta empresa inmobiliaria Ramón Peñaranda y Antonio Bellostes. Proinosa está presidida por Josep Singla, uno de los imputados que, junto a Lluis Casamitjana, Manuel Carrillo, Pasqual Vela y, desde hoy, Manuel Dobarco, están en libertad bajo fianza.

Cinco ingresaron en prisión

En el caso Pretoria se investigan las operaciones urbanísticas que la trama, liderada por el ex diputado del PSC Luis García y de la que formaban parte los ex altos cargos de CiU Maci Alavedra y Lluís Prenafeta, presuntamente desarrolló tanto en Sant Andreu como en Santa Coloma de Gramenet y Badalona. En su conjunto, las tres administraciones dejaron de ingresar presuntamente 44,7 millones de euros.

En una primera fase, Garzón detuvo e imputó a nueve personas, de los que cinco ingresaron en prisión por orden del magistrado. En concreto, fueron encarcelados el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, del PSC, los ex cargos de Jordi Pujol en la Generalitat de Cataluña Maci Alavedra y Lluís Prenafeta, el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.

El juez, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, imputó a los detenidos los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal.

Además, atribuyó al alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, los delitos de fraude de subvenciones, fraude y extracciones ilegales y uno de falsedad en documento oficial y mercantil.

Aparte de Dobarco, permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.

Cargos públicos

En el auto en el que el pasado 30 de octubre Garzón ordenó el ingreso en prisión de cinco y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, el magistrado citaba a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.

Algunas de las personas citadas son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Instituto Catalán del Suelo, que el pasado mes de abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas ya imputadas -como García, Muñoz, Vela y Dobarco- para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos".

Otro de los políticos mencionados es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.

También ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez, ex concejal socialista en San Andrés, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.