La corrupción, detenidos a centenares en 2009
- 252 personas han sido detenidas en operaciones de corrupción
- Málaga, Madrid, Sevilla y Baleares concentran más de la mitad de los casos
- Además de 'Gürtel', casos como 'Pretoria' o 'Palma Arena' han saltado en 2009
Un total de 252 personas detenidas en operaciones contra la corrupción en 2009, más de 2.000 inmuebles incautados, 29 investigaciones por cohecho, 23 por malversación de caudales públicos, 12 por prevaricación administrativa y 10 por blanqueo de capitales. Son algunos de los datos que maneja la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil -sin incluir diciembre-, facilitados a RTVE.es, y que suponen una media de 21 detenidos al mes.
Desde 2004, en total ha habido 943 detenidos por corrupción, que se ha ido incrementando de manera considerable año a año. De hecho, desde 2004 a 2009 se ha multiplicado por 25, porque en 2004 sólo fueron 10 los detenidos.
Gran parte de estos detenidos e implicados en casos de corrupción son cargos políticos, lo que genera una mayor alarma social. Por ello, no es de extrañar que, para los españoles, los partidos políticos sean, junto con la administración pública, la institución más corrupta, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009.
“Desde 2004 se han multiplicado por 25 los detenidos por corrupción“
Tampoco extraña que España haya empeorado su posición y descendido al puesto 32 en el ránking de países corruptos de Transparencia Internacional, por detrás de Qatar, Singapur, Chile o Estonia.
Sólo en 2009 se han desarrollado alrededor de medio centenar de investigaciones, entre ellas la que en febrero destapó la trama Gürtel, el caso más sonado de este año sobre una presunta red empresarial encabezada por el empresario Francisco Correa, ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular y con 68 imputados.
Desde Málaga a Cantabria
Pero, además de Gürtel, febrero fue uno de los meses en los que más casos se destaparon. Salió a la luz el 'caso Mercasevilla' en el que hay imputados un alto cargo de la Junta de Andalucía, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), el ex gerente de la sociedad -participada por el Ayuntamiento y una sociedad estatal- y varias personas más. En el caso se investiga una supuesta venta fraudulenta de suelo y la presunta petición de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de subvenciones de la Junta.
El 4 de febrero fue detenido el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (no adscrito a ningún partido y expulsado del regionalista PRC), y el concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera, por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos por la construcción del edificio Bulevard.
En este mes también fue imputado el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) en el 'caso Troya' por presunta prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción -además de la de otra 24 personas- por su implicación en una presunta trama de corrupción urbanística que ofrecía supuestamente mayor edificabilidad de la permitida a cambio de retribuciones.
También en Málaga, el 27 de febrero fue detenido el alcalde de Alcaucín, José Manuel Alba (PSOE), que pasó en prisión más de cuatro meses y ahora está en libertad condicional por presunta corrupción urbanística por vinculación a una presunta trama que construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
En Santa Cruz de Tenerife, su alcalde, Miguel Zerolo (CC), también fue imputado por la compraventa de una parcela en la playa de Las Teresitas.
Detenciones en Zaragoza y el caso Palau
El 18 de marzo fue detenida en la 'Operación Molino' la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, junto a otras 17 personas, por presunta corrupción urbanística. Salió en libertad bajo fianza tras cuatro meses en prisión y en el caso, con 35 imputados, se les acusa de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
En Canarias, el 25 de mayo fueron detenidas 11 personas en la operación contra una trama de cargos públicos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, que presuntamente cobraba comisiones millonarias a empresarios por gestiones municipales y urbanísticas, entre ellas el líder del PIL, Dimas Martín, que ya estaba en prisión cumpliendo una condena por malversación. Días después, en la denominada 'operación Unión', también fue detenido el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes (Partido Nacionalista de Lanzarote).
En julio se destapó el caso Palau de la Música de Barcelona, según el cual sus antiguos responsables, el ex presidente Félix Millet y el ex gerente Jordi Montull, habrían desviado unos 23,7 millones de euros, entre otras cosas para obras en viviendas particulares. Ambos imputados se encuentran en libertad provisional porque el juez entiende que no hay riesgo de fuga.
El 9 de julio, la Fiscalía Anticorrupción denunció al ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín, por prevaricación, cohecho y delitos contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', construye 13.508 viviendas.
La corrupción en Baleares
En agosto de este año fueron detenidos en el 'caso Palma Arena' ocho personas en la 'operación Espada' -la investigación judicial se había iniciado un año antes- por el sobrecoste en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca, que fue presupuestado en 48 millones de euros y su coste se acabó duplicando. Fueron detenidos varios ex altos cargos del Govern balear de Jaume Matas (PP), que también está imputado en el caso y del que también se investiga un presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Pero los casos de corrupción no han afectado sólo al anterior Govern, también al actual presidido por Franscec Antich y en el que están coaligados el PSIB-PSOE, el Bloc y Unió Mallorquina (UM). La presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar, está imputada desde el 21 de octubre por presunta corrupción urbanística en el llamado caso Can Domenge cuando presidía el Consell de Mallorca por la enajenación de los terrenos donde se construyó el centro empresarial; y también, desde el 30 de noviembre, está imputada en otra pieza separada del 'caso Son Oms' que investiga el presunto desvío de fondos públicos desde Televisió Mallorca y Ona Mallorca hacia UM.
En este último caso hay otra docena de imputados, entre ellos el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller de Turismo del Govern balear, Miquel Nadal, que precisamente dimitió el 3 de diciembre por sus imputaciones. Esta dimisión y las imputaciones han abierto una crisis de gobierno en el Ejecutivo balear, que de momento mantendrá sus actuales socios, aunque Antich no descarta en última instancia una convocatoria anticipada de elecciones.
“Las imputaciones de políticos de UM han puesto en peligro el pacto del Govern balear“
De esquina a esquina del mapa de España
En octubre, saltó otro caso de corrupción en el sur de España, en el municipio del poniente almeriense de El Ejido, del que se dice que es el que más bancos por habitante tiene en España gracias al éxito de la agricultura en invernaderos. En la denominada 'operación Poniente' fueron detenidos el alcalde, Juan Enciso (PAL) -en prisión incondicional- y otras 19 personas, entre ellas el interventor municipal y el ex gerente de una sociedad municipal, además de varios empresarios. Están acusados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
En otra provincia andaluza, en el extremo occidental de la Península, en Huelva, fueron imputados a final de septiembre en otra zona agrícola el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde, Miguel Novoa, por el caso Hiconsa de presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro del municipio, uno de los principales productores de fresa.
También en Andalucía y en octubre, el día 22, fue imputado el alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE), en una investigación por delitos urbanísticos, en la que también se registró el Ayuntamiento y están imputados otros dos concejales.
En otro de los extremos de España, en Galicia, fueron detenidos el alcalde de Castro de Rei (Lugo), Juan José Díaz Valiño (PSOE), y otros tres ediles, dos de ellos socialistas y uno de Terra Galega, por presunta prevaricación y tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores de Tráfico.
Y en la última esquina de la piel de toro, en Cataluña, el 27 de octubre saltó el 'caso Pretoria', por el que están en prisión el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSOE), y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García, y en libertad bajo fianza de un millón de euros dos ex altos cargos de la Generalitat con CiU, Lluís Prenafeta, y Macià Alavedra. También hay imputados otros cargos públicos, entre ellos ex alcaldes y ex concejales de varias localidades del área metropolitana de Barcelona en las que presuntamente actuó esta trama de corrupción urbanística.
Doblete en Estepona para acabar el año
Para terminar el año, otra vez en Málaga -que, junto a Madrid, Sevilla y Baleares concentran más de la mitad de los casos de corrupción-, la Justicia volvió a llamar a las puertas del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona. Casi un año y medio después de que el alcalde esteponero, Antonio Barrientos (PSOE), fuera detenido junto a otras 24 personas en la 'operación Astapa' por presunta corrupción urbanística, el pasado 10 de diciembre fue imputado también por prevaricación urbanística su sustituto en el cargo, David Valadez (PSOE), por la construcción de una vivienda en suelo rústico.
Antes de Barrientos, la localidad costasoleña estaba gobernada por Jesús Gil Marín, hijo del ex primer edil de Marbella, el fallecido Jesús Gil, fundador del partido que llevaba su apellido, GIL, y con el que se empezaron a relacionar los casos de corrupción en la Costa del Sol. De hecho, Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella desde tiempos de Gil, es el presunto cerebro del 'caso Malaya' y sus redes se extienden hasta el ámbito judicial, donde también se dan casos de corrupción. Así, el juez marbellí Javier de Urquía, fue condenado a prisión en un principio y luego sólo multado por el Tribunal Supremo por presunto cohecho por pedir dinero a Roca para la entrada de su vivienda.
Para intentar poner freno a la corrupción política, el PP ofreció el 21 de noviembre un pacto por la transparencia y la corrupción en la vida municipal, que populares y socialistas han quedado en estudiar conjuntamente. Y, por su parte, Izquierda Unida presentó el 11 de diciembre 48 medidas contra la corrupción y en favor de "la regeneración política", en lo que supone la primera iniciativa parlamentaria para atajar un problema que en cifras se traduce, según este partido, en que el dinero que mueve al año en España dobla el presupuesto de la ONU.
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