El Consejo General del Poder Judicial oirá a Garzón antes de decidir sobre su suspensión

• La comisión permanente del CGPJ le da 10 días para presentar alegaciones
• Es la primera vez que un magistado pide ser escuchado ante el Consejo
• El TS tiene dos causas abiertas contra Garzón por las fosas y el cobro de unos cursos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) oirá al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que se inicien los trámites para estudiar su suspensión cautelar en relación con las dos causas abiertas contra el magistrado en el Tribunal Supremo por su investigación de los crímenes del franquismo y por los cobros recibidos del Banco Santander por unos cursos en Nueva York.

Los cinco miembros de la comisión permanente del CGPJ ha acordado por unanimidad dar a Garzón diez días para que pueda presentar alegaciones, informa TVE. La comisión ha decidido que por razones constitucionales procede oír a Garzón para que no se produzca indefensión.

Es la primera vez que un magistrado pide ser escuchado antes de que el órgano de gobierno de los jueces decida sobre su futuro.

A pesar de que el Consejo no suele conceder audiencia a los magistrados a los que abre un expediente disciplinario, la Ley de Procedimiento Administrativo contempla esta posibilidad, de modo que antes de decidir sobre su eventual suspensión cautelar los vocales podrían valorar sus argumentos, y no sólo los de la Fiscalía, a la que ya se ha solicitado informe, informa Servimedia.

De esta manera, la comisión permanente, que el pasado martes acordó iniciar los trámites para proceder a la suspensión de funciones jurisdiccionales de Garzón acepta la petición del juez de la Audiencia Nacional.

Las dos causas contra Garzón del CGPJ

La comisión permanente del Consejo inició los referidos trámites después de que el Tribunal Supremo rechazara archivar la querella en la que investiga a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, informa Efe.

Ha pedido un informe al fiscal para que diga si deben suspenderle temporalmente hasta que se resuelvan las dos investigaciones que tiene abiertas en el Supremo, la de las fosas del franquismo y la de los cobros del Banco de Santander.

Por otra parte, la comisión permanente ha archivado la petición de la nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, Carmen Negrín, de que el presidente del Consejo, Carlos Dívar, se abstuviera de decidir sobre Garzón porque en su día juró lealtad a Francisco Franco.

La comisión ha tenido en cuenta para archivar este asunto que se refiere a una causa de índole jurisdiccional en trámite ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por lo que el Consejo "carece de toda competencia legal para entrar en el análisis de lo solicitado".

La comisión permanente está integrada por el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra y los vocales nombrados a propuesta del PP Manuel Almenar y Antonio Dorado.

En el segundo acuerdo, Dívar ha sido sustituido por el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa.

Los funcionarios de Garzón salen en su defensa

Por su parte, los funcionarios del Juzgado del que es titular Baltasar Garzón, han mostrado su apoyo al juez y han asegurado no entender la "crítica permanente" que sufre cuando sus actuaciones "no coinciden con los intereses" de quienes la realizan.

En un manifiesto, suscrito por las dos secretarias judiciales y 29 funcionarios del juzgado, consideran que se les hae "harto difícil entender que sus decisiones y órdenens puedan ser consideradas a sabiendas injustas y, por tanto, constitutivas de una conducta prevaricadora".

El manifiesto recuerda que el juez ha perseguido los más graves delitos contra la comunidad, a escala nacional e internacional, entre ellos, terrorismo, tráfico de estupefacientes a gran escala, genocidio, corrupción, así como los delitos de defraudación a la Hacienda Pública.

Critican que etiqueten ideológicamente a los jueces

Poco después de conocer la decisión de la comisión permanente, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha criticado el tratamiento que reciben en los medios de comunicación los jueces y magistrados, quienes, ha dicho, "son etiquetados y señalados como esclavos de una determinada adscripción ideológica, amistad o lazo familiar".

De esta forma se ha pronunciado Bravo en el transcurso de un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, en el que ha lamentado que, frente al trabajo riguroso y esforzado de los magistrados, sea "la disfunción o el error excepcional" lo que "traspasa la barrera de la percepción social", perjudicando la imagen de la Justicia.

La portavoz del CGPJ ha señalado que los magistrados "no se sienten reconocidos por la sociedad como servidores de los ciudadanos" y "ajenos normalmente" a los intereses políticos y corporativos, a los que sin embargo "suelen estar estrechamente vinculados" quienes les descalifican.

"En los supuestos de mayor trascendencia social o política, primero se les advierte públicamente de lo que deben hacer, y si hacen algo distinto se exponen al escarnio personal y profesional. Lo malo es que hagan lo que hagan, nunca podrán satisfacer a ambas partes", ha añadido.