Los jueces juzgados

• Entre 2004 y 2008 24 jueces han sido suspendidos y tres expulsados
• Otros jueces de la Audiencia, como Ruiz de Polanco, han sido suspendidos

Garzón tiene en su contra tres procesos en el Tribunal Supremo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir en las próximas semanas si suspende cautelarmente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las tres querellas que tramita contra él el Tribunal Supremo, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, por los cobros recibidos durante su estancia en Nueva York y por las escuchas en la prisión del 'caso Gürtel'. El CGPJ ha aplazado la decisión a resolver las otras dos recusaciones presentadas por Garzón, después de que Margarita Robles haya decidido abstenerse.

Tercera querella contra Garzón

No es la primera vez que el CGPJ estudia suspender cautelarmente a Garzón. Ya lo hizo en octubre de 1997 por estar imputado por el Tribunal Supremo para averiguar si Garzón y su entonces compañero de la Audiencia Nacional, el magistrado Javier Gómez de Liaño, cometieron delito de prevaricación en la tramitación del 'caso Sogecable'. Entonces el CGPJ, con grandes discrepancias, acordó no suspender a ninguno de los dos al entender que no era suficiente para suspenderles que tuvieran que declarar como imputados en las diligencias abiertas para investigar el cruce de acusaciones entre ambos.

Ocho meses después, en junio de 1998, sí fue suspendido de sus funciones Gómez de Liaño, que estaba ya procesado por tres supuestos delitos de prevaricación en la instrucción del caso.

Ahora, el CGPJ sólo estaría obligado a apartar a Garzón de la Audiencia Nacional si se dictara auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra él, tal y como contempla el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, punto al que aún no ha llegado el Tribunal Supremo. Si finalmente el CGPJ decide apartarle cautelarmente, sería la primera vez que lo hiciera sin que se haya dictado auto de procesamiento formal y sin que la Fiscalía sostenga la acusación.

El juez Gómez de Liaño, que entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, fue condenado en octubre de 1999 por un delito continuado de prevaricación en la instrucción del 'caso Sogecable', que se instruyó contra Sogecable y Canal + por los posibles delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil y societario a la hora de gestionar los depósitos que abonaban los clientes como garantía de los descodificadores. La Audiencia Nacional acabó archivando el 'caso Sogecable' el 17 de junio de 1998, mientras que el Supremo abría el proceso contra Liaño, a raíz de una querella de Sogecable, que acabó en una condena de 15 años de inhabilitación por prevaricación.

El Gobierno de José María Aznar indultó a Liaño en diciembre de 2000 y el CGPJ decidió reintegrarle en la carrera judicial a partir de 2002, aunque no ha vuelto a ejercer como juez y lo hace como abogado, pese a que en julio de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le acabó dando la razón al considerar que no tuvo un juicio imparcial y condenó al Estado español a indemnizarlo con 5.000 euros por daños morales.

24 jueces suspendidos entre 2004 y 2008

Pero la de Gómez de Liaño es sólo una de las suspensiones o expulsiones de jueces que ha venido resolviendo el órgano de gobierno de los jueces desde su constitución en la España constitucional, entre las que aparecen nombres como el del juez Guillermo Ruiz de Polanco, Ferrín Calamita o la juez Adelina Entrena.

Según los datos recopilados en las memorias del CGPJ de los últimos cinco años, de 2009 a 2005 (correspondientes a los ejercicios 2008 a 2004), 27 jueces han sido suspendidos o separados de la carrera judicial. En concreto, 24 jueces han sido suspendidos por faltas muy graves, tales como desatención o retraso injustificado en la tramitación de causas, y tres han sido separados -uno de ellos un juez sustituto que fue cesado-.

No obstante, si se revisan pormenorizadamente los datos, las cifras de suspensiones no parecen muy elevadas si se tienen en cuenta las denuncias presentadas contra un colectivo que siempre ha sido acusado de fuerte corporativismo. En esos cinco años se han presentado 11.206 reclamaciones contra el funcionamiento de los órganos judiciales (una media de 2.240 anuales) y se han incoado 8.642 informaciones previas, de las que se han incoado sólo 240 expedientes y resuelto 239. De ellos, 125 han tenido sanción -las suspensiones pueden ir desde los 18 meses al mes o reducirse a multas de 5.000 a 60 euros o advertencias- y 114 se han resuelto sin sanción.

Probablemente, una de las decisiones del CGPJ más incomprendidas de los últimos tiempos fue la sanción de tan sólo 1.500 euros de multa al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuyo juzgado dejó sin ejecutar durante más de dos años una condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, que luego fue detenido como presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés. El Consejo acordó entonces, por 14 votos a siete, salvar de la suspensión a este juez.

El CGPJ mantiene la sanción al juez Tirado

Expulsada de la carrera judicial por olvidar liberar a tres presos

Una de las sanciones más graves impuestas por el CGPJ fue la expulsión en noviembre de 2007 de la carrera judicial de la juez del Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, que olvidó ordenar la puesta en libertad de tres presos. A uno de ellos, J.C.M., lo mantuvo en la prisión de Albolote 437 días después de haberlo absuelto por un delito de robo, mientras que a otros dos reclusos estuvieron 35 y 38 días más que las penas que se les impusieron.

Otro juez que está separado de la carrera judicial es el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, el que ordenó el archivo de las diligencias del Seprona de la Guardia Civil contra la clínica abortista Isadora, denunciada por practicar abortos ilegales. El juez fue sancionado por dos faltas graves cometidas en 2008 por incompatibilidades en el ejercicio de su cargo de juez y por inobservancia del deber de abstención, sanciones que ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

También fue expulsado de la carrera judicial el juez del Supremo Jaime Rodríguez Hermida, acusado de haber presionado al juez de la Audiencia Nacional Ricardo Varón Cobos para poner en libertad irregularmente al jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, que aprovechó para fugarse. Pese a que Hermida fue absuelto por el Supremo, el CGPJ ratificó su decisión de expulsarle de la carrera judicial, aunque Varón sí pudo reingresar.

Suspensiones en la Audiencia Nacional

Además de Gómez de Liaño, otros jueces de la Audiencia Nacional -donde Garzón ejerce de titular del Juzgado Central de Instrucción 5- han sido suspendidos en diferentes momentos. Así, en julio de 2002, el CGPJ suspendió durante siete meses al magistrado Carlos Cezón y con seis meses a sus compañeros Carlos Ollero y Juan López Ortega por liberar 15 días antes del juicio al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, 'El Negro'. Dos años después, en mayo de 2004, el Supremo descartó cualquier indicio de delito de los magistrados, que fueron rehabilitados, pero sólo Ollero volvió a la Audiencia Nacional.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz de Polanco fue suspendido por un año por el CGPJ en septiembre de 2004 por dos faltas disciplinarias muy graves, una de ellas de desatención, que permitió la excarcelación del etarra Ibai Ayensa, y otra de retraso injustificado por haber tardado un año y diez meses en procesar a los miembros del 'comando Urbasa' de ETA. En noviembre de 2007, el CGPJ le adjudicó una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Y otro caso que levantó gran expectación mediática fue el 'caso Naseiro' de presunta financiación irregular del PP. El juez que instruyó el caso, Luis Manglano, titular entonces del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, fue acusado por los populares de prevaricación, aunque finalmente el 'caso Naseiro' fue sobreseído por el Tribunal Supremo.

Sí que fue condenado, y varias veces, otro juez, conocido por protagonizar uno de los más importantes casos de corrupción judicial, Lluis Pasqual Estevill, que fuera incluso vocal del CGPJ y juez de Terrassa y Barcelona y que se encuentra en prisión condenado a 9 años y cuatro meses por prevaricación, cohecho, detención ilegal y alzamiento de bienes por haber extorsionado a diferentes empresarios en la década de los 90 junto con el abogado Joan Piqué. Antes fue condenado a siete años de cárcel por delito fiscal en enero de 1999 y a seis años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada en julio de 1996.

La corrupción en Marbella

Otro juez condenado por los tribunales y que sigue suspendido por el Poder Judicial es el que fuera titular del Juzgado número 2 de Marbella Francisco Javier de Urquía, condenado por el Supremo a 21 meses de suspensión por cohecho por recibir 78.300 euros del presunto cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, para pagarse su casa a cambio de resoluciones favorables. El Supremo rebajó la pena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le había condenado a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación por cohecho y prevaricación.

También en Marbella ejerció y fue decana la magistrada de la Audiencia de Málaga Pilar Ramírez, que fue expulsada de la carrera por el CGPJ por no abstenerse en asuntos en los que era parte el Ayuntamiento de Marbella, dirigido entonces por Jesús Gil, pese a que su familia tenía convenios urbanísticos con el consistorio. En abril de 2002, el Supremo anuló la expulsión, pero la expulsó por tres años. Ahora Ramírez ejerce como juez en Torremolinos.

En Málaga también ejercía Juan de Dios Anguita Cañada, que era titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 y al que el Consejo suspendió en julio de 2009 durante 12 años por seis faltas muy graves por no haberse abstenido en varios asuntos en los que tenía interés.

Homofobia, perfumes e ITV

En la lista de jueces suspendidos también figuran nombres como el del que fuera juez de familia en Murcia Fernando Ferrín Calamita, condenado por el Supremo a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por retrasar el trámite de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la pequeña. Calamita denegó la custodia argumentando que el "ambiente homosexual perjudica a los menores".

Calamita fue hoy condenado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y la indemnización de 6.000 euros a la demandante por retardo "malicioso" a la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.

Pero, aparte de estos casos, por el órgano de gobierno de los jueces también han pasado otros casos más 'jocosos', en los que ha tenido que parar los desmanes de algunos jueces que pretenden tomarse la Justicia por su mano. Es el caso de la juez de Úbeda (Jaén) que está suspendida por un año por precintar una tienda que no le quiso cambiar un perfume o el juez de Castropol (Asturias) que amenazó con hacerle la vida imposible al inspector de la ITV que examinó su coche y le suspendió la revisión, al que el CGPJ suspendió por un año pero el Supremo anuló la sanción al haberse superado los seis meses preceptivos del expediente sancionador.