Condenados a 56 años de cárcel los etarras Subijana y Bravo por asesinar a un funcionario

• Deberán indemnizar a la viuda y la hija con 800.000 euros
• Bravo era vecino de la víctima, Máximo Casado, y facilitó información sobre él

La Audiencia Nacional ha condenado a un total de 56 años de prisión a los etarras Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo, por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, que murió tras explotar una bomba lapa adosada a los bajos de su coche en octubre de 2000.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a los acusados a 25 años de prisión como autores de un delito de asesinato terrorista y a otros tres años por daños terroristas, además de tener que indemnizar con 400.000 euros para cada una a la viuda y a la hija de la víctima.

También les prohíbe acercarse a la viuda y la hija por cinco años y a acudir durante ese tiempo a Vitoria o al lugar de residencia de los familiares.

La Fiscalía había pedido en el juicio celebrado el pasado febrero penas de 80 años de prisión, además de una indemnización de 600.000 euros para la viuda y la hija de la víctima. Según argumentó la Fiscalía, Zigor Bravo era vecino de Máximo Casado y fue él el que suministro la información de los horarios del funcionario de prisiones, además de la llave de su garaje para que los terroristas pudieran colocar la bomba lapa en los bajos de su vehículo.

El tribunal argumenta que acepta la pena propuesta por las acusaciones de 25 años de prisión por la "repugnancia que genera por su especial perversidad" que la información haya sido transmitida por una persona que había sido su vecino, en las instalaciones comunes "que comparten" y "aprovechando el conocimiento que genera esta especial relación de vencidad". Además, extiende esa argumentación a la pena a aplicar a Subijana porque se aprovecharon de las "relaciones de vecindad" de Bravo.

Las pruebas

Una de las principales pruebas esgrimidas por el tribunal es la declaración que Subijana efectuó ante la Guardia Civil el 8 de septiembre de 2001, en la que admitió que Bravo le proporcionó información sobre Casado que luego él traslado a otros miembros de ETA.

La Sala ha rechazado la petición de la defensa de no tener en cuenta las declaraciones de Subijana por haberse obtenido mediante torturas, y ha recordado que el procesado manifestó posteriormente ante el juez central de instrucción que había sido tratado "correctamente" por la Guardia Civil.

El tribunal ha apuntado que el procesado después presentó una denuncia por torturas, pero ha considerado que no puede tenerse por probadas las supuestas torturas que el acusado dice haber recibido.

En cualquier caso, el tribunal ha defendido que esta declaración de Subijana como coimputado aparece corroborada por la pertenencia a ETA de Bravo, que se fundamenta en su aceptación de los hechos de la acusación en otra sentencia, así como por "la accesibilidad de Zigor Bravo a los datos que Juan Carlos Subijana dice que le había proporcionado y su conocimiento de los mismos por sus relaciones de vecindad".

Anotaciones de Subijana

Además, el tribunal califica también como relevante el resultado de los registros efectuados en los domicilios de los acusados, así como en el domicilio de la dirigente de ETA , Ainhoa García Montero

En este último domicilio, se encontraron unos documentos que coinciden con los requisados a los dos etarras. La sala ha concluido que los procesados obtenían información que posteriormente era utilizada por ETA.

Entre esos documentos, la Sala destaca un documento encontrado en el domicilio de Subijana en el que consta la expresión 'carcelero, plano, claves, garaje, domicilio', manuscrito por él mismo, tal y como ha ratificado la prueba pericial.

La sentencia afirma que esas pruebas "acreditan su relación con ETA y su trabajo como informadores al servicio de la organización terrorista y que Juan Carlos Subijana tenía en su poder la información que en su declaración manifestó que le había proporcionado Bravo, lo que es un elemento más de corroboración de la declaración policial de Subijana".

Esta declaración policial, unida a los elementos de corroboración patentes en la sentencia, acreditan para el tribunal que Bravo, en virtud de su residencia o por frecuentar el inmueble en el que residía Casado, tenía información relevante sobre el vehículo de éste, el garaje, los accesos, datos que facilitó junto con una llave a Subijana, con la finalidad de hacerlos llegar a sus superiores en ETA, información que finamente fue utilizada por ETA para atentar contra Casado

Bravo fue detenido en agosto de 2006 en Vitoria tras la aparición de nuevas pruebas que reforzaron las sospechas de su colaboración en el asesinato de Máximo Casado.

Fue Juan Carlos Subijana, tras su detención en junio de 2004 en Francia por formar parte de los "taldes de reserva" de la banda, quien implicó directamente en los hechos a Bravo en su declaración después de ser arrestado.

Subijana fue entregado a España por la Justicia francesa en abril de 2009, acusado de formar parte del 'comando Ustargi', al que se le atribuyen distintos atentado en 2000.