Munar presenta un aval bancario sobre sus bienes para afrontar la fianza civil de 2,5 millones

• Munar no depositó la fianza en el plazo estipulado
• Sus bienes serán valorados y embargados

La ex presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar, ha presentado ante el juzgado un aval bancario sobre los bienes inmuebles de su propiedad para cubrir la fianza de responsabilidad civil por más de 2,5 millones de euros que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, le impuso el pasado miércoles por posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su posible implicación en el caso Maquillaje.

Así lo ha anunciado su letrado, Gabriel Garcías, quien ha explicado que este martes se entregó al magistrado, a través de la procuradora, el aval por el que han sido señalados bienes inmuebles de unos 25 años de antigüedad y cuyo valor permitiría cubrir la cantidad decretada.

De este modo, la ex dirigente de UM avala mediante bienes patrimoniales la fianza civil tras no haber depositado la caución en el plazo que le fijó el juez, que expiró el pasado viernes. Por ello se le requirió la designación de sus bienes hasta cubrir los 2,5 millones fijados, con lo que, una vez comprobado su valor,  quedarán posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La fianza fue impuesta a petición del fiscal por las posibles responsabilidades económicas de Munar, que derivarían del millón de euros otorgado en subvenciones presuntamente irregulares a Video U y Studio Media desde el Consell; en los 450.000 euros para subvencionar un programa radiofónico y una  catalogación de archivo que nunca se realizaron; y los 500.000 euros por multas que se le podrían imponer en el proceso.

Munar está acusada de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y un delito electoral.

La ex presidenta de UM sí depositó el pasado jueves la fianza penal de 350.000 euros que le impuso también el magistrado para eludir su ingreso en prisión provisional.