La Fiscalía asegura que Aznar buscaba el "interés público" con la medalla del Congreso de EEUU

• El Ministerio Público es contrario a la investigación del Tribunal de Cuentas
• Según un informe "no se daban en los hechos denunciados"

La Fiscalía cree que el ex presidente del Gobierno José María  Aznar no incurrió en ningún tipo de responsabilidad contable al  contratar en diciembre de 2003 a un 'lobby' estadounidense que  supuestamente habría mediado para que se le otorgara la Medalla de  Oro del Congreso de Estados Unidos.

A su entender, esta  gestión buscaba "la satisfacción del interés público general,  independientemente de la satisfacción personal" que le pudiera causar  al entonces jefe del Ejecutivo.

Así consta en un auto hecho público este lunes mediante el que el  Tribunal de Cuentas traslada a su Sección de Enjuiciamiento las  diligencias de investigación que abrió en febrero pasado sobre la  partida presupuestaria de 2,3 millones de euros que el Gobierno de  José María Aznar aprobó el 26 de diciembre de 2003, al objeto de  suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick.

La resolución recoge un informe remitido el pasado 9 de febrero  por la Fiscalía en el que se defiende que, "sin perjuicio de las  posibles irregularidades en la forma de contratación" a que se  referían los denunciantes, los abogados José Luis Mazón y Encarnación  Martínez y la Asociación Preeeminencia del Derecho, "no se daban en  los hechos denunciados los requisitos de responsabilidad contable por  alcance a persona alguna".

Promoción de las relacciones con Estados Unidos

El Ministerio Público también ha destacado que el acuerdo aprobado por  el Consejo de Ministros tenía por objeto "la promoción de relaciones  más próximas con Estados Unidos", ya que la firma estadounidense "se  comprometía al asesoramiento del Gobierno de España" para "reforzar  relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con  otros departamentos ejecutivos y agencias y con el Congreso de  Estados Unidos".

En similares términos se manifestó la Abogacía del Estado, que defendía en un informe fechado el pasado 16 de febrero que, "excluida  la responsabilidad penal, cualquier defecto de tramitación que  pudiera existir en el expediente es ajeno al ámbito de actuación del  Tribunal de Cuentas y no determinaría por sí mismo la exigencia de  responsabilidad contable si no existe perjuicio a los caudales  públicos". 

Nombramiento de instructor

El Departamento Tercero de la Sección de  Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias por  estos hechos el pasado 3 de febrero, traslada con su auto las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento con el fin de que ésta  proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado  instructor que dirija la investigación.

La resolución, que se traslada a Aznar en calidad de denunciado y  contra la que cabe recurso de súplica, sostiene que "no se debe  excluir sin más trámite la hipotética existencia de responsabilidad  contable" por parte del ex presidente del Gobierno si la finalidad de  esta contratación "hubiese sido privada y no pública y el gasto no  hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro  con la documentación remitida". 

El tribunal de cuentas ha señalado que "sería conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la  empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte,  así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato". También ha considerado que, "de forma  indiciaria", podrían deducirse "unas supuestas irregularidades en el  procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio  Fiscal como por la Abogacía del Estado".

Por ello, justifica la necesidad de llevar a cabo una  investigación para "comprobar adecuadamente si los servicios  efectivamente se prestaron o no y, si se prestaron finalmente, para  aclarar si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública  debidamente justificada, todo ello puesto en relación con aquellas  normas presupuestarias de aplicación del gasto". 

Archivo penal

Los denunciantes ya emprendieron acciones por estos hechos por las  vías penal y contencioso-administrativa,  si bien en los dos ámbitos  las pesquisas fueron archivadas. En su escrito, que presentaron el  pasado 15 de diciembre, Mazón y Martínez pidieron que se determine  qué parte del gasto del contrato suscrito entre el Gobierno de José  María Aznar y la empresa norteamericana se desvió para gestionar la  obtención de la Medalla del Congreso.

También solicitaron que se compruebe si el contrato, suscrito por  un plazo de 20 meses, se cumplió en su totalidad y si se realizaron  finalmente los trabajos contratados y los desembolsos mensuales  previstos; o si se rescindió tan pronto no fue posible la obtención  de la Medalla. También , reclamaron que se aclare en qué se aplicó la diferencia entre los 2,3 millones de euros aprobados y los 2 millones  de dólares contratados.

En marzo de 2007, el juez de Instrucción número 23 de Madrid,  David Mamán, inadmitió a trámite la querella que presentaron los  abogados sobre este asunto al no apreciar "existencia de indicio  alguno de responsabilidad criminal", así como de "ningún" delito de  malversación y de falsedad. Según el juez, la concesión de la Medalla  de Oro del Congreso americano suponía en esos momentos "un beneficio  diplomático" y "una vía presencial en Estados Unidos"