El Gobierno aprueba 26 medidas contra la crisis y seguirá negociando sobre industria y energía

• El Consejo de Ministros valida el pacto de Zurbano y aprueba los créditos del ICO
• El Ejecutivo espera "un apoyo unánime" en su tramitación parlamentaria
• El plan industrial y la estrategia energética se dejan para futuras conversaciones

El Gobierno aprueba un paquete de medidas para reactivar la economía y generar empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto de ley con 26 medidas acordadas en el pacto contra la crisis, así como la línea de créditos directos del ICO para pequeñas y medianas empresas, mientras que el Plan Industrial 2020 y la estrategia energética se han sacado del pacto y se seguirán negociando con los grupos políticos.

Así lo ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que ha agradecido la participación de todos los grupos políticos en la elaboración de las medidas aprobadas, destacando que "hay acuerdo absoluto" con todos los partidos.

En este sentido, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha recalcado que el Ejecutivo espera un apoyo "unánime" en el Congreso de los Diputados en la validación del Real Decreto.

"No me cabe ninguna duda de que el conjunto de medidas van a contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo", ha apostillado Salgado tras la presentación de los acuerdos.

Los créditos del ICO, al margen

Las medidas aprobadas son en esencia las anunciadas en el documento preliminar que presentó el Gobierno para negociar con los partidos políticos, aunque con ligeras variaciones, además de la retirada de algunas otras para aprobarlas al margen del decreto de ley.

Así, los créditos de hasta 200.000 euros para pymes que concederá el Instituto de Crédito Oficial (ICO) asumiendo el cien por cien del riesgo se han aprobado al margen, en forma de cuatro acuerdos ministeriales, por lo que también se tramitarán de forma separada en el Parlamento.

Este proyecto se pondrá en marcha antes del 15 de junio, según ha acordado el  Gobierno, que prevé un volumen de operaciones cercano a las 100.000. La capacidad de préstamo directo del ICO estará vigente este año y el  siguiente, y los préstamos se realizarán en condiciones de mercado.

Asimismo, salen del documento aspectos como el vehículo eléctrico y el plan de infraestructuras, ya presentados por el Gobierno esta semana, mientras que la política industrial y energética se seguirá negociando en busca de "acuerdos importantes", según ha destacado Salgado.

Para impulsar estas negociaciones, el Gobierno ya ha aprobado en este mismo Consejo de Ministros la creación de una comisión interministerial que diseñará la propuesta de un Plan Industrial 2020, cuyo fin será desarrollar "una nueva política industrial destinada a aumentar el peso de este sector en el PIB", ha destacado la titular de Economía.

Escasas modificaciones

El Real Decreto incluye, como principal medida, la aplicación de un IVA reducido para la rehabilitación de viviendas y la deducción fiscal del 10% para las obras de rehabilitación sostenibles, con las que el Gobierno pretende crear 350.000 empleos en el sector de la construcción hasta el 31 de diciembre de 2012, que es su plazo de vigencia.

En este último trámite, el Ejecutivo ha ampliado hasta 53.007,20 euros el límite máximo de la base imponible para poder beneficiarse de la deducción, lo que supone abarcar al 95% de los contribuyentes. En conjunto, el coste recaudatorio potencial de esta medida sería de 1.400 millones de euros para todo el periodo.

Asimismo, se reduce el plazo para la devolución del IVA en facturas impagadas a las pymes de un año a seis meses, agilizando los trámites para exigir esa devolución -sólo se necesitará un requerimiento notarial, sin necesidad de intervención judicial-. 

También se reducen trámites administrativos para estas empresas, ya que no habrá obligación de justificar operaciones vinculadas hasta 100.000 euros. Salgado, en este sentido, se ha comprometido a aprobar un decreto en el plazo de tres meses sobre simplificación de trámites para todas las empresas.

El decreto incluye también medidas como la elevación de los límites de inembargabilidad del suelo por el impago de una hipoteca -hasta ahora era el Salario Mínimo Interprofesional, mientras que ahora se añade un 10% sobre el SMI y llega a 696 euros, más un 20% por cada persona que viva en el inmueble- y el IVA superreducido a servicios de atención de la dependencia para servicios y plazas concertadas entre Comunidades Autónomas y empresas, como residencias, centros de día o de noche y teleasistencia.

Respecto a la reestructuración del sistema financiero, el decreto recoge que las entidades que decidan compartir riesgos con la creación de un Sistema de Protección Individual (SIP), lo que se conoce como una "fusión fría", tendrán que permanecer unidas al menos durante 10 años y el Gobierno les garantizará neutralidad fiscal.