El juez pide a Valencia que identifique a los 17 cargos que contrataron con empresas de Correa

• Ha pedido la identidad de quienes fueron los máximos  responsables  del 2004 al 2009
• La Generalitat  dice que todos los contratos se  remitieron en su día 

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel', ha  solicitado a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana que le identifique a 17 cargos de distintos departamentos del Ejecutivo de  Francisco Camps que contrataron con empresas relacionadas con la  trama de corrupción investigada, según ha informado el Tribunal Superior de  Justicia de Madrid (TSJM).

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha pedido la identidad de quienes fueron desde el año 2004 al año 2009 los máximos  responsables de diversos centros gestores y, en su caso, el cargo que  desempeñan en la actualidad.

En concreto, ha solicitado la identidad de los cargos que ostentaban  la Presidencia de la Generalitat; Vicepresidencia; Consellería de  Justicia; Consellería de Territorio y Viviendas; Consellería de  Infraestructuras y Transporte; y la Consellería de Turismo.

Asimismo, ha pedido que se identifique a los cargos que ocupaban la  Consellería de Cultura, Educación y Deportes; Consellería de  Bienestar Social; Consellería de Sanidad; la Agencia Valenciana de  Turismo; Instituto Valenciano de Evaluación; y la Agencia Valenciana  de Salud.

Además, ha solicitado la identificación de los altos cargos de las  empresas Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A;  Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de las Imágenes; Proyecto  Cultural de Castellón, S.A; Seguridad y Promoción Industrial  Valenciana; SEPIVA S.A y SG para la Imagen Estratégica y Promocional  de la Comunidad Valenciana

"Total  celeridad y transparencia"

La Generalitat ha asegurado que, hasta la fecha, ha enviado toda  la información requerida y que lo seguirá haciendo "con total  celeridad y transparencia". Así, ha indicado que todos los contratos se  remitieron en su día por parte de la Abogacía General de la  Generalitat a las instancias judiciales tanto de Madrid como de la  Comunitat Valenciana.

Asimismo, la Abogacía y la Intervención de la Generalitat  valenciana han defendido la legalidad de las contrataciones  realizadas por el Consell y criticaron el informe de la Unidad de  Auxilio Judicial solicitado por el magistrado del Tribunal Superior  de Justicia de Madrid que investiga el 'caso Gürtel' por  "extralimitarse en sus apreciaciones" y presentar unas conclusiones  "desproporcionadas, infundadas e incluso falsas".

Los representantes de ambos órganos, Isabel Villalonga --Abogada  General-- y Salvador Hernándiz --Interventor General--, comparecieron en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell junto a la  portavoz, Paula Sánchez de León, para decir "basta ya" a la  "difamación" y a la "utilización partidista" de los datos sobre  contratación del Consell y "trasladar a la opinión pública la  honestidad y legalidad de toda la actuación de un gobierno y de toda  una administración que no vamos a consentir que se difame".

Las 85 operaciones de la Generalitat

El pasado jueves,  el Partido Socialista de Valencia  (PSPV) presentó un informe   sobre el 'caso Gürtel' en el que se desvelan adjudicaciones   irregulares del Gobierno de Francisco Camps a Orange Market y   la convalidación de facturas ilegales con empresas de la trama.

El documento que mostró el portavoz socialista en el Parlamento   valenciano, Angel Luna, ha sido elaborado por la Unidad de   Auxilio Judicial y realizado por interventores del   Estado, inspectores de Hacienda, funcionarios del Banco de España. Analiza 85   operaciones de la Generalitat, ejecutadas bajo mandato del   PP; concretamente de Presidencia, Vicepresidencia, siete Consellerias   y 17 órganos gestores.

La Abogacía de la Generalitat aseguró el pasado jueves, a través de un  informe  dado a conocer mediante un comunicado por el Gobierno  valenciano, que  todas las contrataciones realizadas  por la administración autonómica  "se ajustan a la más estricta  legalidad y cumplen lo establecido en  la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas".