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UGT duda de la fiabilidad del Gobierno en el diálogo social y teme la reforma laboral impuesta

  • El sindicato tiene "serias dudas" sobre el Ejecutivo después de sus recortes
  • Recuerda que ya ha imcumplido el acuerdo de diálogo social de 2008
  • Los empresarios instan a Zapatero a hacer la reforma si fracasa la negociación
  • Los problemas de Díaz Ferrán pueden condicionarlo, según CEPYME

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UGT cree que el contexto no es favorable al acuerdo sobre la reforma laboral

El sindicato UGT duda de la fiabilidad del Gobierno en el diálogo social después de comprobar que las medidas que ha adoptado para recortar el déficit público suponen, sobre todo, recortes sociales. Esta preocupación podría ser un síntoma de la creciente posibilidad de que el Ejecutivo de Zapatero tenga que aprobar la reforma laboral sin el acuerdo de los agentes sociales.

Según el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, después de los recortes decididos se abren "serias dudas" sobre la fiabilidad del Gobierno en el ámbito del diálogo social.

Durante la presentación del "Anuario de relaciones laborales 2010-UGT", Ferrer ha calificado las medidas del Ejecutivo como "injustificables, injustas y estériles", con las que, además, ha incumplido la declaración del diálogo social de julio de 2008, con lo que su finalidad como interlocutor "queda en entredicho".

Ferrer señaló que se ha pasado "del rescate del sistema financiero al abandono del rescate de la sociedad", una situación que -en su opinión- se reflejará en el diálogo social, cuya situación ha afirmado que es "diametralmente distinta" a la del año pasado porque en la actualidad hay un "alto grado de dramatismo", por lo que dudó de su desenlace.

En ese sentido, el secretario de Acción Sindical de UGT, junto a su homólogo de CC.OO., Ramón Górriz, han solicitado este lunes por carta al ministro  de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que convoque, con  carácter extraordinario, la Comisión de Seguimiento de Diálogo Social  para ser informados de las medidas de ajuste. Los sindicatos realizan esta petición porque entienden que  deben conocer todos los detalles sobre dichos recortes antes de su aprobación  en el Consejo de Ministros de esta semana.

"Tesis más regresivas"

Según Toni Ferrer, se haría un ejercicio "autista" si se pensara que el diálogo social "no se verá afectado" por las recientes decisiones del Gobierno, y ha subrayado que las políticas actuales pueden "dar entrada a tesis más regresivas" sobre el mercado laboral.

No obstante, ha indicado que el sindicato "cree" en el diálogo social por una cuestión de "gobierno de las relaciones laborales" y para no dejar los derechos de los trabajadores en manos "no controlables".

En cuanto a la posición de la CEOE, el secretario de Acción Sindical de UGT considera que, aunque ahora es "más factible" que la patronal no repita errores, sus posiciones actuales "no permiten aventurar posiciones favorables".

El secretario de Acción Sindical de UGT ha avanzado que el Consejo Confederal del sindicato decidirá este lunes si convoca una huelga general por el recorte del Gobierno, aunque será el Comité Confederal el que tomará "la decisión final" la semana que viene porque, señaló Ferrer, UGT no va a renunciar a "ningún instrumento de respuesta democrática".

Antes de entrar en ese Consejo Confederal, Ferrer ha adelantado que su sindicato va a apoyar la convocatoria de una movilización general en defensa de los pensionistas de la congelación que también ha anunciado el Gobierno para 2011 de las  prestaciones contributivas.

Según el dirigente sindical, esa movilización se realizaría en fechas próximas a la huelga del sector público convocada el próximo 8 de junio. Ante las preguntas de si "movilización general" significa una huelga general,  Ferrer ha respondido que podría traducirse en manifestaciones en todas las capitales de  provincia, "pero como no puede ser de otra manera en unidad de acción  con CCOO", ha explicado el responsable de Acción Sindical de UGT.

Tanto el respaldo a los empleados públicos como la movilización a favor de los pensionistas serán estudiadas este martes por la Comisión Ejecutiva Confederal, que elaborará la respuesta final de UGT a la propuesta de recorte del Gobierno y que será trasladada, para su aprobación, al Comité Confederal de los próximos 26 y 27 de mayo.

Las patronales no lo temen

Por contra, los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme no se muestran preocupados por que, si no alcanzan un acuerdo con los sindicatos, tenga que ser el Gobierno quien decrete la reforma del mercado laboral.

Para el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, esa patronal tiene "el máximo ánimo de llegar a un acuerdo, al igual  que el Gobierno y los sindicatos", pero, aunque cree que sería "deseable" ese consenso tripartito (sindicatos-empresarios-Gobierno), descartó prolongar los debates más allá del plazo fijado por el  Ministerio de Trabajo, puesto que "no se puede estar más tiempo  negociando".

Así, Díaz Ferrán ha instado al Ejecutivo a gobernar si finalmente  el diálogo social fracasa. "El Gobierno debería tomar las  riendas y reformar el mercado de trabajo bien directamente (vía  decreto ley) o a través del Parlamento", ha urgido.

Por su parte, el presidente de CEPYME, Jesús Bárcenas que, junto a Díaz Ferrán, se reunió el pasado jueves con el jefe del Ejecutivo en  el Palacio  de La Moncloa, ha asegurado que Zapatero sabe que la reforma  laboral  atraviesa una "situación compleja" y que, cada día que pasa,  aumentan las  probabilidades de que la tenga que aprobar el Gobierno.

En una entrevista en Telemadrid, el patrón de las pequeñas y medianas empresas ha explicado que al presidente del Gobierno "le preocupaba la reforma laboral porque, en estos momentos, no  tiene justificación que no hayamos llegado a un acuerdo y porque, si  no lo hacemos, le tocará hacerla a él, cosa que hasta ahora no le ha  gustado, por no decir que le da pánico", ha afirmado.

El desenlace no puede esperar al mes de junio, según Bárcenas,  quien reiteró en este sentido que "si en este mes los agentes  sociales no son capaces de sacar adelante la reforma laboral, el  Gobierno tendrá que remangarse y sacarla él".

A su juicio, el Gobierno podría haber evitado esta  situación de estancamiento dando "más dinamismo" a las negociaciones, y no haciéndolas  "gravitar" tanto en los sindicatos, "a los que ha dejado que lleven  mucho la situación".

Zapatero confía en el acuerdo

Aunque Zapatero no ha descartado que el Gobierno apruebe la reforma  laboral por decreto, ha dicho estar convencido de que "tanto CC.OO.,  como UGT, como la CEOE están trabajando intensamente y con toda rapidez  para buscar un acuerdo que modernice el mercado laboral español".

En  este sentido, durante la III Cumbre Empresarial UE-América Latina, el presidente ha comentado que el Ejecutivo "desea un acuerdo" y ha  avanzado que la reforma que finalmente se apruebe será "la que más apoyo  tenga" por parte de los agentes sociales. "Tengo confianza en que se  pueda lograr", ha concluido.

La capacidad de Díaz Ferrán, en entredicho

Mientras, el presidente de la patronal CEPYME también ha apuntado que las horas bajas que vive el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz  Ferrán, tampoco ayudan a acelerar el diálogo social, ya que "su dependencia del Gobierno" para sacar  adelante sus empresas podría estar comprometiendo su independencia a  la hora de negociar una reforma laboral.

"Quiero esperar que su independencia no merme durante las  negociaciones de la reforma laboral, pero lo cierto es que el  Gobierno tiene que andar pendiente de parte de los problemas de sus  empresas", ha advertido el presidente de las Pymes.

"Para estar sentado en la CEOE hay que estar con la cabeza muy  despejada, tener unas buenas relaciones con el Gobierno y, aún  pensado que ha cumplido con su obligación en estos meses, nos ha  hecho un flaco favor", ha afirmado Bárcenas en la misma entrevista.

Por último, preguntado por si es cierto que ya se pide la dimisión  de Díaz Ferrán desde dentro de la patronal, Bárcenas explicó que el  patrón de patronos "se está aferrando al cargo y no quiere oír lo que  dicen los empresarios de base", a lo que ha añadido que "hace tiempo que  se tenía que haber marchado".