Los sindicatos recurrirán ante la justicia la bajada salarial de los funcionarios

• Aducen que vulnera el acuerdo de revisión salarial firmado en septiembre
• Asimismo, creen que no es legal excluir a los empleados de empresas públicas

Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo

Los sindicatos de la función pública, UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, recurrirán ante la justicia el recorte salarial a los empleados públicos que contempla el Decreto de Ley que prevé aprobar el Gobierno, según han avanzado UGT y CC.OO.

Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CC.OO., Enrique Fossoul, la medida se puede impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral.

Según Lacuerda, UGT ha comprobado con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida que además, ha advertido,  podría ser inconstitucional por pretender que la bajada sea retroactiva, lo que no se contempla en el ordenamiento jurídico y sería la primera vez que se produce.

Por su parte, Fossoul ha señalado que de mantenerse el criterio de que el recorte salarial "no sea universal" y no afecte a los empleados de empresas públicas que se rijan por convenios colectivos, la medida "puede recurrirse perfectamente".

En este sentido, Lacuerda ha puntualizado que estaría vulnerando el capítulo primero de los Presupuestos Generales del Estado que definen el sector público y donde están incluidas las retribuciones directas tanto de funcionarios como de personal laboral de la administración central, de las autonómicas y locales.

Denuncia y movilizaciones

El Ejecutivo tiene previsto aprobar este jueves por la tarde, en Consejo de Ministros, el decreto que recoje las medidas adiconales de ajuste anunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre los recortes fiscales se encuentra una reducción del salario de los funcionarios del 5% de media a partir de junio de 2010 y su congelación en 2011, lo que supone romper el acuerdo firmado en septiembre entre el Ministerio de Presidencia y los sindicatos de la función pública, que preveía un incremento salarial del 0,3% para este año.

Las organizaciones sindicales ya habían convocado una serie de movilizaciones contra esta medida, que se inician este mismo jueves con concentraciones las delegaciones de Gobierno y culminarán el 8 de junio con una huelga general de los trabajadores públicos, y ahora trasladan al ámbito judicial su rechazo al recorte salarial.