Los ejes de la reforma laboral del Gobierno: más flexibilidad a cambio de más contratos indefinidos
- Se revisan las causas de despido objetivo y se generaliza el contrato de 33 días
- Se limitan los contratos por obra a tres años y su indemnización sube a 12 días
- Se introduce el modelo austríaco a partir de 2012 para costear despidos
Ver también: Propuesta del Gobierno para el decreto de ley de reforma laboral (pdf)
La propuesta para la reforma laboral que el Gobierno traslada este viernes a los agentes sociales, al que ha tenido acceso Radio Nacional, recoge, ya detalladas, la mayoría de las medidas que se han ido desvelando a lo largo del fracasado proceso de diálogo social, como el modelo alemán, el modelo austríaco, la generalización del contrato de 33 días de indemnización y la limitación de los contratos de obra a dos años, ampliables a uno más, con el fin de introducir más flexibilidad a cambio de fomentar los contratos indefinidos.
Este texto, en cualquier caso, sufrirá modificaciones hasta su aprobación como Real Decreto de Ley el próximo miércoles 16, en Consejo de Ministros extraordinarios, ya que el Gobierno, como ha adelantado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pretende incorporar las aportaciones de los partidos políticos -que deberán convalidar el decreto una semana después, el 22 de junio, en el Congreso- y de los agentes sociales.
En este sentido, el Ejecutivo ya ha avanzado que acepta la idea de la patronal de considerar como causa económica de despido que una empresa acumule seis meses de pérdidas, lo que le permitiría despedir a trabajadores de forma procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado. Esta propuesta, sin embargo, no aparece explicitada en el documento, que se estructura en cinco bloques:
Reducir la dualidad y la temporalidad
En primer lugar, se recoge la limitación de los contratos por obra a 24 meses, ampliables 12 meses más si lo recoge el convenio colectivo sectorial. Los trabajadores que sumen, en dos años y medio, 24 meses trabajando para una empresa con contratos temporales, se convertirán en fijos. Asimismo, se eleva la indemnización por fin de contrato temporal de ocho a 12 días por año trabajado, aunque de forma gradual: hasta el 31 de diciembre de 2011 serán todavía ocho días, subirán a 10 en 2012 y 2013 y desde 2014 serán 12.
Aunque el documento no lo detalla, se revisarán las causas de despido objetivo, para precisar cuáles son las circunstancias económicas, técnicas u organizativas que permitirán despedir de forma procedente.
La medida estrella es la generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que contempla una indemnización por despido de 33 días por año trabajado (frente a los 45 del contrato ordinario), hasta ahora reservado a determinados colectivos, a todos aquellos que lleven tres meses en el paro. También se permitirá, hasta diciembre de 2011, convertir contratos temporales en indefinidos de este tipo, cuya eficacia se evaluará en 2012 para decidir si se mantiene o se elimina.
Para estos contratos, y sólo para estos, se establece también que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) asuma ocho días de la indemnización por despido hasta 2012. A partir de enero de ese año, los despidos de todos contratos indefinidos que se suscriban se financiarán con la entrada en vigor del modelo austríaco, es decir, con la creación de un fondo alimentado por las empresas que cada trabajador podría cobrar en caso de despido y que reduciría la indemnización que debería pagar la compañía.
Flexibilidad dentro de las empresas
En cuanto a los requisitos para que las empresas con problemas económicos puedan modificar las condiciones de trabajo de sus empleados, si son aspectos decididos de forma unilateral por el empresario, éste sólo deberá comunicarlas a sus empleados, que tendrán un período de consultas de 15 días para tratar de llegar a un acuerdo con su patrón. Si, por el contrario, las condiciones laborales que se quieren variar están fijadas en un convenio colectivo, el empresario sólo podrá hacerlo en caso de crisis económica.
Para fomentar que los empresarios recurran a la reducción de jornada o suspensión de contratos en lugar de despidos -el llamado modelo alemán-, el documento del Gobierno fija una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social a los empresarios que opten por esas vías.
Esa bonificación se ampliará hasta el 80% si el patrón, dentro de un proceso de regulación de empleo acordado con sus empleados, lleva a cabo acciones formativas destinadas a los afectados para aumentar su polivalencia o su facilidad para encontrar empleo.
Además, los trabajadores afectados por esos procesos de regulación entre octubre de 2008 y diciembre de 2011, y que sean finalmente despedidos, tendrán derecho a la reposición de su prestación por desempleo por el mismo número de días que hayan cobrado ese subsidio total o parcial debido a la regulación.
Impulsar el empleo juvenil
Uno de los principales retos de la reforma será impulsar el empleo de los jóvenes. Para ello, se amplía la edad máxima para suscribir contratos de formación de los 21 años actuales a los 24 años, aunque esa ampliación tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2011.
Además, los contratos para la formación de trabajadores desempleados que realicen las empresas hasta el 31 de diciembre de 2011 estarán exentos de pagar las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato. Para tener derecho a esos incentivos, el contrato de formación debe suponer un aumento de la plantilla de la empresa.
Aunque en el documento definitivo no aparece, el Gobierno incluyó en las anteriores propuestas su intención de establecer, cofinanciado al 50% con las Comunidades Autónomas, un programa extraordinario de formación, destinado a jóvenes de hasta 24 años.
Intermediación laboral e igualdad
El penúltimo apartado se refiere a la intermediación laboral, en la que el Gobierno, tal como estaba previsto, abre la puerta a la existencia de servicios privados de búsqueda de empleo, aunque Corbacho ha recalcado tras el Consejo de Ministros de este viernes que estarán reguladas para evitar, por ejemplo, que se centran en los trabajadores cualificados y no atiendan al resto, donde se concentra el mayor número de desempleados.
En el último bloque, la propuesta incide en la necesidad de fomentar la igualdad entre trabajadores de uno y otro sexo y su acceso efectivo al empleo en condiciones iguales.