El Gobierno quiere tramitar la reforma laboral como proyecto de ley por "seguridad jurídica"

• Afecta varias leyes esenciales sobre el mercado laboral
• También se espera un mayor apoyo político, al permitir las enmiendas
• Así, la aprobación definitiva se retrasará hasta después del verano

El Gobierno sigue buscando el apoyo de los grupos parlamentarios

El Gobierno pretende de tramitar la reforma laboral como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para dar "seguridad jurídica" al nuevo marco regulador, que modificará leyes clave como el Estatuto General de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Empleo, según fuentes gubernamentales.

La reforma, han señalado, tiene mucha base de reforma legislativa, de modo que podría resultar "poco sostenible jurídicamente" acometerla únicamente por decreto-ley.

Así, el Gobierno aprobará este miércoles en un decreto-ley la reforma, que dejará clara su "voluntad política" de acometerla y entrará en vigor tan pronto como se publique en el BOE -posiblemente el jueves-, pero podría ser enmendada en el trámite parlamentario.

De este modo, aunque el decreto-ley será sometido a la convalidación del Congreso de los Diputados el 22 de junio, la aprobación definitiva de la reforma se demorará hasta octubre o incluso noviembre.

Mayor apoyo político

El Gobierno, siempre según las mismas fuentes, empezó a debatir este asunto el pasado viernes y, aunque inicialmente se consideró que sería más rápida la mera convalidación del decreto en el Congreso, finalmente el Ejecutivo ha concluido que la reforma tendrá mucha más seguridad jurídica si se tramita como proyecto de ley.

Además, de esta forma se facilitaría la convalidación del decreto-ley por el Congreso con el apoyo más amplio posible, ya que se garantiza a los grupos políticos que podrán introducir aportaciones durante el trámite parlamentario.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado este lunes ante la Ejecutiva Federal de su partido que no hay precedentes de una reforma laboral aprobada por decreto-ley, de manera que no tendría problema en tramitarlo como proyecto de ley, según fuentes socialistas.

De hecho, sí que hay un precedente, pero lo anuló el Tribunal Constitucional. Se trata de la reforma laboral que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 2002, conocido como decretazo; los socialistas y otros grupos la impugnaron ante el Constitucional aunque éste la anuló en 2007, mucho después de que el mismo Gobierno suavizara o negociara los puntos más polémicos de la ley.