La abstención, posible ganadora en la convalidación del decreto de reforma laboral
- El PP está dispuesto a negociar si el Gobierno le llama
- CiU no concreta su posición y PNV confirma su abstención
La abstención puede ser la opción más votada en la convalidación del decreto ley de reforma laboral que esta tarde tiene lugar en el Congreso de los Diputados. Eso ocurrirá si el Partido Popular y Convergencia i Unió se inclinan finalmente por abstenerse, algo que aún no han concretado. Si no fuera así y votaran en contra, podría rechazarse la convalidación del decreto.
Sin embargo, eso no supondrá su anulación completa, ya que se iniciará de inmediato su tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá la admisión de las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios. Esa tramitación puede alargar su puesta en marcha, pero también proporcionará más seguridad jurídica a las medidas incluídas en la reforma.
El PP, dispuesto a negociar "hasta el último minuto"
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha dejado la puerta abierta a que su formación apoye la reforma laboral en su tramitación en el Parlamento, aunque ha condicionado ese respaldo a que el Gobierno "llame" al PP para negociar. "Aún caben posibilidades de acuerdo si el Gobierno nos llama. Por eso, nuestra posición sigue abierta", ha señalado el dirigente popular.
A pesar de mostrarse dispuesto a hablar con el Ejecutivo, González Pons ha criticado su proyecto de nuevo modelo laboral porque, ha advertido, "llega tarde", "no es global" y, sobre todo, "no sirve para crear empleo".
"Tal como ha reconocido el Gobierno, no creará empleo", ha asegurado el portavoz popular, quien, en nombre del Comité de Dirección de su partido, ha fijado una posición hacia la reforma "en términos constructivos".
En esa línea "constructiva" se ha pronunciado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien opina que la reforma del mercado laboral del Gobierno es "light', pero va en la buena dirección", según ha señalado en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
"No vamos a votar nada que no sea congruente con lo dicho estos días, pero hasta el último minuto, estamos abiertos a que el Gobierno nos llame", ha señalado González Pons, quien ha matizado que "éste es un proceso largo" y "mañana no acaba nada".
CiU no concreta, PNV se abstiene
Por el momento, para la validación, el Gobierno no cuenta con el apoyo de ningún grupo parlamentario. Convergencia i Unió (CiU) ha anunciado que no obstaculizará ese paso por el Parlamento, sin embargo, la formación catalanista mantiene la incógnita sobre cuál será su posición en la validación del decreto, ya que este lunes, su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida sólo ha asegurado que no votarán a favor.
Según Duran i Lleida, su partido está a la espera de recibir un informe de expertos en derecho laboral para decidir su voto, que se perfilará -ha dicho- tras una reunión del grupo parlamentario este martes, el mismo día de la votación del decreto.
El portavoz de CiU ha advertido que CiU "no va a ser el salvavidas" del Gobierno, aunque gracias a su abstención el Ejecutivo consiguiera aprobar el recorte del déficit, y ha asegurado que ejercerán su responsabilidad cuando lo consideren oportuno.
IU-ICV, BNG y NaBai, en contra
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha señalado que se mueve entre el "no" y la abstención, mientras que Izquierda Unida (IU) , Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Nafarroa Bai ya han confirmado que votarán en contra.
Coalición Canaria (CC) y Unión, Progreso y Desarrollo (UPyD) sí han anunciado que se abstendrán.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también ha confirmado que se abstendrá en la validación del decreto y que presentará enmiendas con sus propuestas alternativas que tratará de introducir durante la tramitación de la reforma como proyecto de ley.
De cara al debate y votación del martes, los dos principales sindicatos, UGT y CC.OO., han enviado a los grupos del Congreso sus alternativas a la reforma del Gobierno, con el objetivo de que los partidos políticos las incluyan como parte de sus enmiendas al proyecto de ley.