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La competencia en el sector energético, clave en el primer asalto judicial entre Iberdrola y ACS

  • La eléctrica cree que ACS actuaría como un "caballo de Troya" en su consejo
  • La exclusión de ese órgano le cuesta 4.000 millones a la constructora

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Iberdrola cree que permitir la presencia de ACS en su consejo de administración equivale a dar entrada a un "auténtico caballo de Troya", con acceso a toda la "información sensible y estratégica" de una empresa con la que mantiene un conflicto de intereses "estructural, directo y permanente".

Ésta ha sido la base argumental empleada por la representación legal de la eléctrica en la vista que se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, para atender la reclamación presentada por ACS para que se suspendan cautelarmente dos acuerdos adoptados en la última Junta de Accionistas de Iberdrola, el pasado 26 de marzo.

Exclusión del consejero de ACS

Ese día, la mesa de la Junta aceptó inicialmente la petición de ACS -propietario del 12,6% de Iberdrola, entre participaciones directas e indirectas- para contar con un representante en el consejo de administración en ejercicio de la representación proporcional. El elegido fue José María Loizaga.

Poco después, un accionista de la eléctrica solicitó el "cese" inmediato de Loizaga, apelando a un conflicto de intereses entre las dos empresas por competir en sectores como el de la ingeniería o el de las energías renovables.

La Junta de Accionistas votó la exclusión del representante de ACS del consejo y, acto seguido, acordó reducir de 15 a 14 el número máximo de consejeros de la eléctrica. Éstos son los dos acuerdos cuya suspensión cautelar ha reclamado la constructora presidida por Florentino Pérez.

Un perjuicio de 4.000 millones para ACS

El abogado de la constructora ha insistido en que el conflicto de intereses con Iberdrola es puramente "accesorio y puntual", circunscrito a las áreas de ingeniería y energías renovables. Ha defendido el "derecho" del principal accionista de la eléctrica a estar presente en su consejo y ha denunciado que este derecho "está siendo cercenado".

Este letrado ha asegurado que ambas compañías no son competencia directa, ya que sólo el 1% de la facturación de  ACS está ligado a la energía, frente al 91% de Iberdrola, mientras que la ingeniería supone el 42% de la facturación de la primera y el 5% de la segunda. "Son dos negocios absolutamente independientes", ha concluído.

Por contra, ha estimado que no contar con un representante en el consejo de administración de Iberdrola ha tenido una repercusión negativa en la actividad económica de ACS, en cuento a capacidad de endeudamiento, resultados y valoración bursátil, un perjuicio que ha cuantificado en 4.000 millones de euros.

Además, ha rechazado que la entrada de ACS en el consejo pueda poner en riesgo el futuro de la eléctrica. "Nadie invierte más de 5.000 millones de euros para perjudicar una empresa", ha asegurado.

Por ello, el abogado de la constructora ha considerado que la actuación de Iberdrola "pretende perjudicar" la situación de ACS, "sembrar la duda sobre la compañía" e impedir que llegue a alcanzar una participación mayor.

Rivales en ingeniería y renovables

La representación legal de Iberdrola ha rechazado la suspensión cautelar de los acuerdos y ha recalcado que lo que realmente está a debate no es la "facultad" del primer accionista de la compañía a estar representado en su consejo, sino la capacidad de la mayoría de la propiedad (más del 80% de capital) de rechazar a un consejero que considera competencia directa.

La abogada de la eléctrica ha señalado que la compañía demandante ha incumplido varios preceptos legales para reclamar: ha dejado pasar los plazos previstos y ha disuelto la agrupación de acciones que respaldó el nombramiento del consejero.

La representación legal de Iberdrola ha recordado también que "durante más de tres años", ACS "ha consentido" la situación y no ha tomado ninguna medida en contra de las actuaciones del consejo de administración.

Esta letrada ha recalcado que tener un consejero de ACS en ese órgano directivo supondría un "auténtico caballo de Troya" en el "sancta sanctorum" de la compañía, con acceso a la "información estratégica de todo el grupo" en un momento de crisis como el actual, "lo que podría causar" daños "irreparables gravísimos". Ese impacto, ha dicho, podría alcanzar los 1.400 millones de euros.

Además, ha insistido en que ambos grupos son competidores directos en los sectores de ingeniería y energías renovables, que han absorbido el mayor porcentaje de las inversiones de ambos en los últimos años, un 62% para ACS y un 44% para Iberdrola.

La vista celebrada este miércoles supone el primer paso de la batalla judicial entre ambas empresas, que tendrá su segundo episodio el próximo lunes en Madrid, donde los tribunales deben estudiar la impugnación de las cuentas de ACS formulada por Iberdrola.