El TSJV y la Fiscalía coinciden: "No hubo orden judicial para detener a Ripoll"

• La Fiscalía defiende que sí hubo una orden judicial para tomarle declaración
• El TSJV asegurado que tampoco se acordó su citación judicial ni su imputación
• El PP acusa a Interior de detener a Ripoll sin orden judicial

Polémica en la detención de Joaquín Ripoll

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante,  José Joaquín Ripoll.  Además, añade que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.

"Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial", reza textualmente en el comunicado del TSJCV.

Sin embargo, a las 12.00 horas de este mediodía, Ripoll ha asegurado ante los medios de comunicación que la Policía se presentó en su domicilio con el secretario judicial y que le dieron una citación para este jueves ante el juez, 8 de julio a las 14 horas.

En  dicha citación, se manifiesta que "en virtud de lo acordado en el Juzgado de Primera instancia número Tres de Orihuela (Alicante) en el  procedimiento de diligencias previas 851/07, por la presente se le comunica que deberá personarse el día 8-7-2010 a las 14 horas en la referida sede judicial, para ser oído en declaración".

La Fiscalia ampara los registros domiciliarios

La Fiscalía ha ratificado el comunicado del TSJV y ha aclarado que en la 'Operación   Brugal' desarrollada este miércoles contra una presunta trama de corrupción en Alicante no hubo, como tales, órdenes de detención Ripoll, y otras diez personas, sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros  domiciliarios como la toma de declaración de los afectados. 

Fuentes fiscales han señalado que la operación desarrollada el martes está amparada totalmente por el mandamiento de el juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de  folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de  tomarles declaración.

De forma individualizada, el juez indicó a la Policía los  domicilios y las sedes sociales que hay que registrar. Además, autorizó a la policía a tomar "las medidas necesarias" para realizar esas diligencias.

En principio, se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, si bien Anticorrupción se opuso a esta posibilidad y apostó por lo que finalmente se produjo, es decir, registros en dependencias que podían estar afectadas por la trama y la toma de declaración de sus responsables. Esto es lo que ocurrió con Ripoll, según las mismas fuentes, quien tras ser preguntado en Comisaría quedó en libertad.

Tres ediles declararán este viernes

Por su parte, el TSJV advierte que, dada la situación procesal de las  presentes diligencias, "no existe autorización expresa ni tácita a la Oficina Judicial, Ministerio Fiscal ni Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas y el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucional y legalmente establecidos, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones".

La alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, también ha señalado este miércoles en una entrevista a Onda Cero que los tres ediles del municipio detenidos, Manuel Abadía  -concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas-, Antonio  Rodríguez Murcia -delegado de Servicios e Infraestructuras de  Pedanías-, y Ginés Sánchez -responsable de Calidad Medioambiental-  y puestos en libertad tras declarar deberán prestar declaración el viernes en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela.

La operación policial llevada a cabo en el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) el martes, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con un total de 19 registros efectuados y la detención de once personas, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso, según ha informado en un comunicado la Policía.