Las cajas de ahorro podrán convertirse en bancos con la nueva ley

• El proyecto aprobado en Consejo de MInistros tiene el apoyo de PP y CECA
• Las cajas podrán traspasar sus activos a un banco y trasmutarse en fundación
• Se permiten cuotas participativas con derechos políticos para captar capital
• También se suprimen los cargos políticos en los órganos de gobierno

Críticas a la nueva Ley de Cajas

La 'fusión fría'

Los mayores obstáculos para lograr la reestructuración del sistema financiero, centrada en las cajas de ahorros, están siendo los órganos de dirección de las entidades: los presidentes y consejeros, ya sean de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos o de la Iglesia -como sucedía en Cajasur-, se resisten a ceder poder a la hora de afrontar las fusiones.

Para esquivar esas dificultades, el Banco de España ha diseñado un mecanismo denominado Sistema Institucional de Protección (SIP), que consiste en que las entidades ponen en común los activos y el riesgo, creando un banco nuevo -que actúa como un holding-, al tiempo que cada caja puede mantener su propia identidad, es decir, su marca en su territorio, su consejo de administración y sus oficinas.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Cajas, un texto que permite a las entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos para captar capital, suprime los cargos políticos electos en los órganos de dirección y regula diversas fórmulas del proceso de reestructuración, como las fusiones frías o la conversión de una caja en banco.

“Si no tiene el 50% del banco, deberá renunciar a esa denominación y dedicarse a la obra social“

Esta última es una de las posibilidades que ofrece la nueva regulación, ya que una caja de ahorros podrá trasladar sus activos a un banco. Así, mientras la caja posea la mitad del patrimonio del banco, mantendrá su carácter de entidad financiera, pero "si no tiene el 50% del banco, deberá renunciar a esa denominación, convertirse en fundación y dedicarse a la obra social", puesto que la actividad financiera quedará en manos del banco, según ha detallado la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Este mecanismo se aplica de igual forma para una caja en solitario o para los sistemas institucionales de protección (SIP), las denominadas fusiones frías, en las que las cajas participantes deberán retener al menos el 50% del capital de la unidad central que controla el grupo.

En este sentido, la nueva ley, que cuenta con el respaldo del PP y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la patronal de las cajas, recoge como novedad que esa unidad central, que hasta ahora podía constituirse como una caja o como un banco, sólo podrá ser a partir de ahora un banco.

Salgado ha argumentado que todos los SIP formados hasta el momento han elegido esta fórmula, añadiendo que de esta forma se mejora "su acceso a los mercados", aunque representa el paso previo para la conversión de esos SIP en bancos, es decir, para la privatización de las cajas, tal como han denunciado algunos partidos, como IU.

Acceso de las cajas al capital privado

La posibilidad de que las cajas puedan acceder en mayor medida al capital privado es uno de los princiaples objetivos de la ley, tal como ha subrayado la propia ministra de Economía,que ha insistido en que se trata de que las cajas "puedan crecer y capitalizarse". Así, se permite que las entidades emitan cuotas participativas con derechos políticos hasta el 50% de su patrimonio.

Hasta ahora, las cajas podían emitir cuotas participativas, pero sin posibilidad de participar en la gestión; ahora, se permite que esas cuotas otorguen derechos políticos, de forma similar a las acciones de una sociedad anónima. En cualquier caso, será cada caja la que decida si otorga derechos políticos o no a las cuotas que emita, aunque un título que permite participar en la gestión siempre es más atractivo para un inversor, más allá de la rentabilidad que ofrezca.

El segundo gran objetivo es la profesionalización del sector, que se centra en primer lugar en la incompatibilidad de los cargos políticos electos para participar en los órganos de Gobierno de las cajas y en la reducción del límite máximo de los derechos de voto de las administraciones públicas del 50% al 40%.

Las Comunidades Autónomas, que hasta ahora solían controlar la mayor parte de las cajas en los consejos de administración, estarán presentes a través de representantes elegidos por los Parlamentos autonómicos. Los Gobiernos regionales, mientras tanto, participarán en las recién creadas Comisiones de Obra Social.

Asimismo, la ley obliga, como ya ocurre en los bancos, a que al menos la mitad del consejo de administración de las cajas de ahorro tengan una especial cualificación, con el fin de profesionalizar la gestión.

Reestructuración "practicamente finalizada"

En cuanto a las fusiones, Salgado ha asegurado que el proceso de reestructuración financiera está "prácticamente finalizado", ya que las cajas se han reducido desde 45 hasta 19 tras los procesos de integración.

Salgado ha recordado que son 38 las entidades que han participado en los diversos procesos de integración para reducir el sistema hasta 19  entidades, aunque aún queda pendiente la adjudicación de CajaSur por parte del Banco de España, que finalizará la semana próxima.

Estos procesos han necesitado aproximadamente 11.200 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque aún debe  añadirse el importe que se destine a la adjudicación de CajaSur. El Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), por su parte, destinó 1.300 millones para Caja Castilla-La Mancha, que también contó con unas garantías por importe de 2.500 millones de euros.

Asimismo, Salgado ha resaltado que las propias entidades también han hecho un gran esfuerzo para afrontar la crisis al destinar provisiones  genéricas por 18.200 millones de euros. 

La vicepresidenta económica ha comentado que el sistema financiero ha demostrado "soportar razonablemente bien el impacto de la crisis",  porque ha necesitado menos ayuda que la banca europea, para la que se ha destinado de media el 13% del PIB de la Unión Europea, frente al  6,5% del PIB que se ha destinado en España. La ministra de Economía también ha destacado que la solvencia del sistema financiero quedará patente tras la publicación de los stress test en dos semanas.