Luz verde de la Asamblea Francesa a quitar la nacionalidad a un extranjero por matar a un policía

• La medida se aplicará a los nacionalizados desde hace menos de diez años
• La izquierda anuncia que la recurrirá al Constitucional
• Se ha aprobado por estrecho margen por la división dentro de la mayoría

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este jueves por una estrecha mayoría el polémico artículo de la reforma de la ley de inmigración impulsada por el presidente galo, Nicolás Sarkozy que contempla que los franceses nacionalizados desde hace menos de diez años pierdan la nacionalidad si son condenados por el asesinato de agentes depositarios de la autoridad pública.

Este artículo, fruto del endurecimiento de proyecto de ley tras un discurso de Sarkozy el pasado 31 de julio en Grenoble, ha provocado la indignación de la izquierda pero también de algunos diputados de la derecha y ha sido adoptado por 75 votos contra 57 tras tres horas de debate.

"Atacando a la autoridad del Estado, estas personas han tocado el corazón de la nación", ha defendido el ministro de Inmigración, Eric Besson, que considera que el ataque contra un gendarme "hiere a nuestros conciudadanos" y que justifica "un procedimiento excepcional".

"Medida inaceptable, cínica, que no servirá de nada". Así han resumido los diputados de izquierda la medida, que ha acusado a la mayoría de centro derecha de "legitimar la extrema derecha".

Recurso

Más aún, estos diputados han adelantado que preparan una apelación contra el artículo ante el Consejo Constitucional francés porque la medida viola el "artículo I de la Constitución" en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ya que solo se quitaría la nacionalidad a los franceses nacionalizados, no a los nacidos en Francia.

La privación de la nacionalidad para los asesinos de los policías es uno de los dos principales componentes del paquete de seguridad que anunció este verano el presidente francés junto con la expulsión de gitanos búlgaros y rumanos.

Sobre este tema, la Comisión Europea dijo el miércoles que tiene previsto abrir por un procedimiento de infracción a mediados de octubre contra Francia por no haber adaptado su Derecho nacional las garantías para los ciudadanos de la UE deportados bajo una directiva de 2004 a la libre circulación, a menos que París es para entonces un firme compromiso para lograr el cumplimiento con la legislación europea.