La reforma de pensiones de Francia, validada por la Corte Constitucional

• El tribunal ha rechazado el recurso presentado por el Partido Socialista
• La nueva ley podrá entrar en vigor este mismo mes

La Corte Constitucional de Francia ha validado este martes la reforma de las pensiones aprobada ya por el Parlamento, con lo que rechaza el recurso presentado por el Partido Socialista, que consideraba que la nueva norma vulnera principios constitucionales básicos.

De esta forma, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, podrá firmar la nueva ley antes del día 15, con lo que entrará en vigor en los plazos previstos por el Gobierno.

La Corte ha rechazado todos los  recursos formulados por los parlamentarios  socialistas que habían  denunciado principalmente que la reforma suponía un  "atentado contra los principios de igualdad".

Este organismo ha llegado a la conclusión de que fijar la edad   mínima de jubilación en los 62 años no infringe "el principio de   igualdad ni la exigencia constitucional relativa a una política de   solidaridad nacional en favor de los trabajadores jubilados".

Asimismo, considera que "aplazar de 65 a 67 años el límite de edad  para  que una persona tenga derecho a una pensión completa no es  contrario  al principio de igualdad entre mujeres y hombres (sino que)  esta regla  les es común", han informado los medios de comunicación franceses.

Excluye la reforma de medicina laboral

Sin embargo, sí ha censurado los trece artículos que  reformaban la medicina del trabajo, al estimar que se trataba de una  cuestión que "no tenía relación con el proyecto de ley inicial",  según ha explicado en un comunicado, donde precisa que los ha  declarado "contrarios a la Constitución".

Esta reforma ha provocado fuertes y prolongadas protestas sociales que a punto han estado de paralizar el país. Así, ha sido el origen de once jornadas de huelga desde el pasado mes de marzo, cuando el Ejecutivo francés comenzó a elaborar los cambios. La última de esas jornadas de movilización se produjo el pasado sábado.

Pese a las protestas sociales, el proyecto elaborado por el Gobierno de Sarkozy fue aprobado por las dos Cámaras del Parlamento francés el pasado 28 de octubre, después de generar el debate más largo vivido en el Senado desde el comienzo de la V República promulgada en 1958.