Los piratas del 'Alakrana' piden que se sepa la verdad sobre el rescate e interrogar a Chacón

• Además, llamarán a declarar a Moratinos y al jefe del CNI, Sanz Roldán
• Los supuestos piratas piden condenar al armador por ir a zonas de riesgo
• Su abogado mantiene que actuaron bajo "un miedo insuperable"
• La Fiscalía solicita 220 años de prisión por 36 delitos de detención ilegal
• El próximo 14 de diciembre España asumirá de nuevo la misión Atalanta

Los presuntos piratas acusados de secuestrar el atunero español 'Alakrana' en 2009 han solicitado a la Audiencia Nacional la desclasificación de los documentos vinculados a un posible pago del rescate y han manifestado su intención de llamar como testigos a la ministra de Defensa, Carme Chacón; al ex titular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; y al director del CNI,  Félix Sanz Roldán.

En el escrito de la defensa, los somalíes Cabdullahi Cabduwily (alias 'Abdu Willy') y Raageggesey Hassan Aji reclaman que el jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aclare si se pagó un rescate por la liberación del atunero, que permaneció 47 días retenido en aguas de Somalia hasta que fue puesto en libertad el pasado 17 de noviembre, y, en este caso, bajo qué precio y condiciones se efectuó.

Además, los supuestos piratas consideran que el armador del buque debe ser considerado responsable civil del mismo al no haber tomado precauciones pese a conocer los riesgos de la zona.

La defensa también prevé llamar a la prueba testifical al embajador de España en Kenia,  Nicolás Martín; el capitán de la fragata Canarias, Ignacio Frutos; el capitán, el oficial del buque y el patrón del 'Alakrana' junto con varios médicos forenses.

Justo este miércoles se ha informado de que España tomará el próximo 14 de diciembre el mando de la operación Atalanta de la UE contra la piratería en aguas del Índico,

Desclasificación del pago del rescate

Se refiere a los piratas el escrito como "presuntos guardacostas" cuyos intereses no son meramente lucrativos,  sino que se escudan "en la falta del poder político" de su país para considerar que los pesqueros que faenan en sus aguas "les roban la riqueza, considerando el rescate como si fuera un canon o tasa de faena o de paso".

De esta forma, reitera que el 17 de noviembre de 2009, cuando fue liberado el 'Alakrana' tras 47 días de secuestro,  los piratas "han conseguido tener en sus manos el rescate estipulado", por lo que los documentos secretos deben ser desclasificados "por muy secretos que sean" para que sean valorados los términos en los que se llevó a cabo la negociación.

"En este sentido, razón de negociación no les falta, puesto que consiguen en casi todas las ocasiones cobrar el precio del rescate", afirma el escrito, que añade que la empresa armadora era conocedora de la situación del país y por ello le señala como responsable civil.

El armador, responsable

Asimismo, replica el escrito que el Alakrana no siguió las normas del 'Manual práctico para evitar y desalentar a la piratería en el Golfo de Adén y costas de Somalia' ya que los pesqueros "no pueden seguir una ruta determinada, sino que irán allí donde les conduzca la pesca", aunque no hay que olvidar que se trata de una zona de "verdadero riesgo".

Por ello, atribuye "cierta culpa" al armador del atunero, Kepa Etxebarría,  que "no han tenido ninguna precaución" ante los riesgos,  y estima que la nave no estaba preparada "para enfrentarse a situaciones adversas ya de antemano conocidas", de forma que pide que la empresa aseguradora del buque comparezca como responsable civil directo o subsidiario.

La responsabilidad del armador es,  a juicio del letrado, "palpable, o en su caso del capitán, y por qué no, de los propios marineros,  teniendo en cuenta que conocían los puertos desde los que operan los piratas", y cita como antecedente el caso del Playa de Bakio, secuestrado por piratas somalíes en abril de 2008.

Los presuntos piratas, unas víctimas

La defensa destaca que los hechos deben ser calificados como un delito de piratería y recuerda que en el momento en que se cometieron el Código Penal no contemplaba este ilícito, que será incluido tras su reforma con una pena de diez a quince años de prisión. 

Con la inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo diciembre, el letrado señala que sería el delito de piratería por el que cabría juzgar a los somalíes, en contra de la petición del Ministerio Fiscal que les imputa 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. 

A este respecto,  la defensa alega que los procesados no iban armados en el momento en que fueron capturados. 

En todo caso, propone que se aplique a los representados la eximente del miedo insuperable al considerar que actuaron coaccionados por un grupo "especialmente peligroso" que "en cierta medida" sustituía al poder estatal y amenazaba con "severos castigos" a los somalíes que no obedecieran sus mandatos. 

"Mis patrocinados fueron ordenados por la fuerza presuntamente a participar en los actos de piratería, y una vez utilizado su buque fueron prácticamente arrojados en el mar (...). Son víctimas en la presente causa de los mismos que han pirateado al buque 'Alakrana'", alega.