La Fiscalía y los jueces de la Audiencia niegan presiones de EE.UU. en sus investigaciones

• Niegan la filtración de Wikileaks sobre presiones de EE.UU. para frenar causas
• Entre esas causas está la muerte de Couso, los vuelos de la CIA o Guantánamo
• La Fiscalía General del Estado niega "injerencias externas" en la justicia
• Los fiscales de la Audiencia niega "instrucciones" y defiende su "independencia"
• Los jueces Pedraz y Velasco: "somos maduros como para dejarnos presionar"
• El ministro de Justicia defiende las actuaciones "claras" de los fiscales

Wikileaks: EE.UU. presionó a España para frenar procesos judiciales

La Fiscalía General del Estado y los fiscales y jueces de la Audiencia Nacional. Todos han negado este martes la información publicada por El País a partir de los documentos de Wikileaks, que asegura que Estados Unidos presionó al Gobierno español y a jueces y fiscales  de la Audiencia Nacional para "frenar o boicotear" las causas abiertas  en ese tribunal contra políticos y militares norteamericanos como el caso Couso, los vuelos de la CIA o Guantánamo.

La Fiscalía General del Estado ha defendido este martes la "estrecha y fructífera relación de cooperación" con la Fiscalía de los Estados Unidos, pero ha asegurado que su postura en cada causa judicial se basa en "criterios estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia externa".

La institución que dirige Cándido Conde-Pumpido asegura, en este sentido, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "fundamenta las posiciones que mantiene en el conjunto de los procedimientos en que interviene con absoluta autonomía y sobre la base de criterios estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia externa".

"Dicha autonomía es compatible con el mantenimiento de una relación de cortesía y cooperación mutua con las Fiscalías de países amigos y aliados, y con su representación diplomática en España, atendiendo las solicitudes de información sobre asuntos de interés mutuo, que siempre se han formulado dentro del absoluto respeto a la independencia de la Justicia española", añade el comunicado.

Así, la Fiscalía General recuerda que coopera con la de Estados Unidos, "al igual que con las Fiscalías de otros países de nuestro entorno, fundamentalmente en el área de la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la criminalidad organizada".

"Dentro de este espíritu de colaboración entre países aliados y amigos,  la Fiscalía atiende ordinariamente las solicitudes de información en asuntos de su interés, limitándose a trasladar la posición jurídica que el Ministerio Público mantiene en dichos procedimientos. Esta misma información se traslada también a los medios de comunicación y al conjunto de los ciudadanos", concluye

La Fiscalía de la Audiencia defendie su "independencia"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha defendido su "independencia" y ha negado seguir "intrucciones" de Estados Unidos después de conocerse los papeles de la Embajada de Estados Unidos filtrados por Wikileaks sobre supuestas presiones de Washington para frenar casos judiciales como el caso Couso, los vuelos de la CIA o Guantánamo.

Ha sido el fiscal de la Audiencia Vicente González Mota, uno de los miembros del Ministerio Público que aparecen en estos documentos, el que ha comparecido ante los medios a la puerta del tribunal para asegurar que su departamento nunca a seguido "ninguna instrucción" de la delegación norteamericana ni ha "rendido cuentas" a los servicios diplomáticos de este país.

"Nuestra posición es la legal conforme a las leyes españolas, en ningún caso hemos trasmitido ante las autoridades judiciales españolas los intereses americanos", ha asegurado esta mañana el fiscal, encargado de la coordinación de las causas de terrorismo y que lleva la investigación de los vuelos de la CIA, tras conocer la información publicada por el diario El País.

Vicente González Mota aparece en estas informaciones como uno de los miembros del Ministerio Público, junto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que mantuvo comunicaciones con la embajada norteamericana en Madrid en relación con los casos judiciales que afectaban a EEUU, como los vuelos de la CIA, el "caso Couso" o las torturas de Guantánamo.

El fiscal ha atendido a los medios de comunicación en el exterior de la Audiencia Nacional y ha dicho que es habitual que la Fiscalía "informe a todas las partes interesadas en un procedimiento", ya sean abogados, asociaciones de víctimas u otros afectados. "Si les afecta el procedimiento y vienen a preguntar a la Fiscalía sobre el estado de procedimiento se les informa legal y parcialmente", ha dicho.

González Mota ha asegurado que estas prácticas "no comprometen en absoluto la independencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional" y ha añadido que informar a las partes interesadas "es una obligación que está en la ley, que dice que el fiscal informará preservando el secreto de sumario".

Preguntado por si ha recibido órdenes del fiscal de la Audiencia  Nacional, Javier Zaragoza, para cerrar casos en los que están implicados  políticos o militares estadounidenses, González Mota ha señalado que  "al revés", pues contó con su autorización para pedir, el pasado mes de  mayo, la detención de la tripulación de uno de los vuelos de la CIA con  terroristas detenidos que hizo escala en Palma de Mallorca en enero de  2004.

Los jueces de la Audiencia también niegan presiones

Además de los fiscales también han hablado los jueces de la Audiencia Nacional. Santiago Pedraz y Eloy Velasco, que instruyen la muerte del cámara José Couso y una querella contra los responsables jurídicos de la creación de Guantánamo, respectivamente, han negado haber recibido presiones de EEUU para frenar esas investigaciones.

Pedraz, que investiga la muerte en Irak del cámara de Telecinco el 8 de abril de 2003, ha limitado su relación con la embajada norteamericana a actos oficiales como juez decano de la Audiencia Nacional, motivo por el que ha sido invitado a celebraciones como las del 4 de Julio o el Día de Acción de Gracias.

También mantiene relaciones, ha dicho, con la persona dedicada en la embajada del auxilio judicial para la tramitación de comisiones rogatorias.

Desde que en octubre de 2005 el magistrado asumiera la investigación de la muerte de Couso, ha ordenado hasta tres veces la busca y captura de los tres militares estadounidenses imputados en la causa, Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson.

Por su parte, Velasco, que aún espera la respuesta de EEUU para que le informe sobre si ha realizado alguna investigación judicial en relación a la cárcel de Guantánamo antes de decidir si admite o no a trámite la querella contra seis responsables de la creación de este centro de detención, ha recalcado que "obviamente no" se ha sentido presionado por aquel país en su investigación.

"Somos lo suficientemente maduros como para no dejarnos presionar", ha subrayado el juez antes de explicar que, en caso de que reciba una respuesta afirmativa por parte de EEUU, trasladará el procedimiento a aquel país.

Asimismo, ha subrayado que fue "absolutamente razonable" que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, considerara que el juez Baltasar Garzón no era el competente para conocer la querella, sino su compañero Ismael Moreno, que tiene abierta una causa en la que investiga los llamados vuelos de la CIA con presuntos terroristas a bordo para ser trasladados a centros de detención como el estadounidense de Guantánamo, situado en la isla de Cuba.

Caamaño defiende la actuación "transparente" de la Fiscalía

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado este martes que de los documentos difundidos por Wikileaks se desprende que las actuaciones de los fiscales españoles "no pueden ser más claras y transparentes". 

En rueda de prensa en el Ministerio de Justicia, tras reunirse con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, Caamaño ha enjuiciado que lo publicado no deja de ser "una información de parte basada en valoraciones subjetivas, que se produce en entornos discretos y que ahora se contextualiza y da pie a todo tipo de interpretaciones".

Pero, por encima de todo, ha destacado que las decisiones de los fiscales españoles que son citados en estos documentos "no pueden ser más claras y transparentes. Están documentadas y fundadas en derecho".

Caamaño ha asegurado tener constancia de que entre España y Estados Unidos "hay muy buenas relaciones" y ha negado por completo que este país hubiera ofrecido 85.000 euros por acoger a presos de Guantánamo. "Según la información que tengo es absolutamente falso", ha aseverado.

Preguntado sobre el caso Couso, ha dicho que, "más allá de que pudiesen haber estas solicitudes de información (por parte de Estados Unidos), lo importante es que los fiscales se pronuncian con luz y taquígrafos en sus escritos". 

La familia del cámara fallecido en Bagdad en abril de 2003 tras recibir los disparos de un tanque estadounidense ha anunciado que estudia acciones legales tras conocerse la filtración de Wikileaks.

Alonso señala que son "opiniones unilaterales"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha subrayado que los documentos filtrados por Wikileaks reflejan únicamente "opiniones unilaterales" de funcionarios estadounidenses. 

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Alonso ha precisado que esos documentos pertenecen a las autoridades estadounidenses y reflejan sus propias "prácticas diplomáticas, entre comillas".

Alonso, que era ministro de Defensa cuando, según esos documentos, la Embajada de Estados Unidos presionó a los fiscales españoles para cerrar varias causas juciales, ha asegurado que siempre se respetó "escrupulosamente" la legalidad vigente, "esa fue nuestra bandera y nuestra marca". 

Ha pedido además que a los responsables públicos españoles se los tase por lo que hacen, "no por lo que algunos dicen que dijeron", y se ha remitido a las explicaciones dadas por el fiscal general del Estado sobre sus contactos con la Embajada de Estados Unidos.

En todo caso, Alonso ha negado que esa supuesta colaboración pretendiera restaurar las relaciones bilaterales tras la retirada de las tropas de Iraq porque esa fue una decisión de España como país soberano y si a Estados Unidos no le gustó "qué le vamos a hacer, fue su problema".

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ve "muy grave" que, según apuntan los documentos difundidos por Wikileaks, el Gobierno español presionara a los fiscales para que se opusieran a causas judiciales contra EE.UU. No obstante señala que se "trata de documentación que refleja la posición de una parte"