La reforma de las pensiones "va en la buena dirección", pero será "insuficiente"

• Los expertos advierten que pronto se necesitará una nueva reforma
• Abogan por una simplificación del sistema y un mayor ajuste automático
• Suecia es el modelo propuesto por la mayoría de especialistas

Un paso en la buena dirección, pero un paso insuficiente. Es la opinión mayoritaria entre los expertos consultados por RTVE.es sobre la reforma de las pensiones aprobada hace una semana por el Gobierno.

Coinciden en que los cambios introducidos servirán para retrasar unos años los problemas de sostenibilidad del sistema público, pero no son suficientes para garantizar un futuro más allá de 2030.

“Si la economía española  no crece lo suficiente, los problemas fuertes pueden presentarse antes de 2027. Si crece sustancialmente, los problemas fuertes llegarán a partir de 2030”, asegura Sergi Jiménez, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Para Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC, la reforma planeada “es muy lenta. Quince años de transición es un ritmo muy lento. Probablemente, suba más rápido la esperanza de vida que el avance de la aplicación de la ley, se lo comerá muy rápido”.

El profesor del Departamento de Economía del IESE Javier Díaz-Giménez también cree que se han marcado plazos muy largos. “La reforma es tímida, insuficiente y poco creíble. No creo que llegue a entrar en vigor por completo porque se reformará antes”, sentencia Díaz-Giménez.

Se necesitará una nueva reforma

En ese punto coincide con el resto de especialistas, que adelantan que habrá que volver a modificar el sistema antes de la completa entrada en vigor de las nuevas normas. “Dicen que con estos cambios llegaremos a 2027, pero yo lo dudo”, advierte el investigador del CSIC.

Sergi Jiménez recuerda que “ha habido cuatro reformas en los últimos 25 años, de aquí a 2027 faltan 16 años, por lo que hay tiempo para hacer dos reformas”.

Para justificar su pesimismo, el profesor de la Pompeu Fabra apunta dos problemas fundamentales: “el lío que han hecho con la jubilación anticipada -un caos que puede generar que muchos trabajadores dejen de trabajar antes-, y el ajuste automático, que básicamente, no se ha hecho; no se ha ligado con la situación económica y, en cuanto a la esperanza de vida, se ha dicho que se hará, pero no se ha concretado”.

La reforma acordada con los agentes sociales y aprobada por el Ejecutivo fija cuatro edades distintas para poder acogerse a la jubilación: a los 61 años (en situaciones de crisis empresariales), a los 63, a los 65 y, finalmente, a los 67 años, que aparece como la edad a la que se pretende que se retire la mayoría de la población.

“No se pueden dejar cuatro momentos para la jubilación”, afirma Sergi Jiménez, quien defiende que “el sistema debería ser mucho más simple: una edad normal para jubilarse y otra para la anticipada y, pivotando sobre esa edad de jubilación básica, un sistema de incentivos y recortes que se apliquen cuando se prolongue o cuando se adelante el retiro”.

La simplicidad es también la principal reivindicación de Javier Díaz-Giménez, para quien el sistema español “se ha quedado muy anticuado, es poco contributivo, inflexible, arbitrario y poco transparente, además de muy caro”.

Según este profesor, los cambios se han limitado “a ajustar parámetros” y se necesitaría una reforma completa para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Lo que se ha hecho -continúa- “va en la buena dirección, porque amplía el período de cálculo para la base reguladora y retrasa la jubilación, con lo que pospone la entrada en déficit del sistema”, pero –a su juicio- no es suficiente.

Suecia como modelo

Como la mayoría de los especialistas en los sistemas de pensiones, Díaz-Giménez apuesta por caminar hacia un modelo similar al de Suecia.

En el país nórdico también existe como aquí un sistema público de reparto, sin embargo, todo lo que se cotiza desde que comienzas a trabajar cuenta para calcular la cuantía final de la pensión y sólo se marca una edad mínima para poder jubilarse.

Cuando se desea solicitar la pensión, la cantidad cotizada hasta entonces sirve para calcular la cuantía, pero ajustada por la esperanza de vida de la generación del solicitante. Además, cada año, la cuantía de la pensión se ajusta en función del número de pensionistas que hay en el sistema y de la situación económica del país.

Además, el sistema sueco permite mecanismos complementarios de solidaridad para que las personas que no cotizen los suficiente, puedan recibir una pensión mínima.

Por el contrario, en España, cada trabajador también cotiza desde que entra en el mercado laboral, pero a la hora de calcular la cuantía de la pensión, la Seguridad Social sólo tiene en cuenta las cantidades aportadas al sistema los últimos 15 años (la reforma alargará ese período a los 25 años) y se combina con el número de años que se ha cotizado.

Así, alguien que haya contribuido durantes 35 años –los 20 primeros con la  base mínima de cotización y los últimos 15 con la base máxima- cobrará la pensión máxima, mientras que otro que haya cotizado 20 años con la base máxima pero los últimos 15 años no haya contribuido nada, recibirá sólo una pensión calculada sobre la base mínima.

“Es una locura, porque en el cálculo de la base reguladora se mezclan euros y años”, señala el profesor del IESE, que culpa a esa circunstancia de la falta de contributividad de la que adolece el sistema español.

Con esta forma de calcular, “se tiende a cotizar lo mínimo durante el mayor número de años posible y a cotizar lo máximo en los últimos 15 años, que son los que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión”, apunta Díaz-Giménez.

Si se implantase un modelo similar al sueco, según este especialista, y “se contase sólo en euros, muchos dejarían de aportar la cotización mínima y empezarían a aportar más, porque saben que todos esos euros luego le van a contar para la pensión”. “Sólo con eso –asegura- se podrían aumentar los ingresos por cotizaciones”.

Descartan nuevas fuentes de ingresos

El refuerzo de los ingresos al sistema es una de las carencias apuntadas por las recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque el Gobierno y los sindicatos defienden que eso depende, sobre todo, de la situación económica del país, que es la que marca el nivel de salarios y de empleo (y, por tanto, de cotizantes).

Algunos apuntan a los impuestos como posible vía de financiación –tal y como ocurre en Dinamarca, donde una parte de las pensiones se paga con imposición general-, pero los expertos consultados desaconsejan esa fuente. Destacan que la cotización ya es una especie de impuesto, aunque diferente a otros, porque las contribuciones a la Seguridad Social generan derechos individuales.

“Con el sistema actual, lo que cobras depende de lo que aportas. Si se empezasen a incluir ingresos procedentes de impuestos, variaría porque el dinero ya no viene de ti, sino de otro sitio y habría que ver cómo se reparte”, explica Ángel de la Fuente.

Así, para aumentar ingresos, este investigador del CSIC cree que lo que más encajaría en el sistema español sería “subir cotizaciones, pero ya son bastante altas –un 30% entre lo que cotiza la empresa y lo que cotiza el trabajador-, así que por el momento sería mejor no subirlas”.

Incentivos poco convincentes

Tampoco convencen a los expertos los incentivos ofrecidos en la  reforma para convencer a los trabajadores de que prolonguen su vida  laboral. A partir de 2013, cada año que se alargue la retirada a partir de los 65  año o los 67, la pensión mejorará entre un 2% y un 4%, dependiendo de  lo larga que sea la carrera de cotización del trabajador.

“Esos incentivos no sirven para nada, sólo motivarían a los adictos  al trabajo”, opina Sergi Jiménez, de la Pompeu Fabra. “El incentivo que se da para seguir trabajando debería ser igual que el porcentaje que te  quitan por adelantar la jubilación. Si este último es de un 7%-8%, el  incentivo para alargar la vida laboral debería ser el mismo”, concluye.

Al elevar la lupa del análisis hasta el marco del pacto social y económico, las dudas de los expertos aumentan. “Salvo lo de las pensiones, el resto está muy en el aire”, advierte De la Fuente.

“Más que un parche, aunque sea en la buena dirección, lo que haría falta es una reformulación completa de la formación para desempleados y de la educación. Con dos páginas no se va a ningún sitio”, sentencia Sergi Jiménez.