El Gobierno espera "un amplio apoyo" al pacto social tras los primeros contactos con los partidos

• El Ejecutivo ya ha mantenido reuniones con PP y CiU para explicar el acuerdo
• Desde Trabajo no contemplan modificaciones significativas en pensiones

El Gobierno abre, con el PP, la ronda de contactos para buscar apoyos parlamentarios al pacto social

El Gobierno ha iniciado este martes los contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles los contenidos del pacto social alcanzado con empresarios y sindicatos, que incluye la reforma del sistema de pensiones y para el que el Ejecutivo espera “un amplio apoyo” durante la tramitación en las Cortes, según ha señalado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Poco antes de participar en las jornadas sobre la reforma de las pensiones organizadas por la fundación Analistas Financieros Internacionales (AFI), el titular de Trabajo ha confirmado una primera reunión con el grupo parlamentario popular, a la que seguirán, durante la tarde, los contactos con CiU, PNV y CC.

“En principio, no ha habido una respuesta clara y precisa del PP, pero nuestra idea general es que la tramitación parlamentaria tendrá un amplio apoyo del conjunto de las fuerzas parlamentarias”, ha comentado Gómez ante los medios de comunicación.

Modificaciones en el texto

Aunque el acuerdo contempla varios asuntos, como la reforma de las  políticas activas de empleo o la negociación colectiva, la reforma de  las pensiones es el núcleo del acuerdo, el escollo más difícil que ha  salvado la negociación. Desde ese punto de vista, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, señalaba en las mismas jornadas en las que ha participado el ministro que espera que el Parlamento sea “respetuoso” con los acuerdos del diálogo social y mantenga las líneas básicas de la reforma, aunque incorpore “ajuste fino”.

Gómez, pese a todo, ha señalado que “nunca los acuerdos sociales en  España han condicionado hasta el punto de anular la acción  parlamentaria”, por lo que ha admitido que habrá “tiempo también de  discutir estos extremos durante el debate parlamentario”.

En las negociaciones con los grupos parlamentarios están implicados,  además del titular de Trabajo, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez  Rubalcaba, y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, así como el  ministro de Industria, Miguel Sebastián.

El Gobierno tiene previsto incorporar las posibles modificaciones al  proyecto de ley definitivo, que deberá aprobar el Consejo de Ministros  en dos semanas, para que la reforma de las pensiones esté aprobada antes del verano y puedan comenzar los preparativos para su implantación a partir del 1 de enero de 2013.

CiU, "básicamente de acuerdo" con el contenido

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, ha encabezado la delegación de CiU y, después en rueda de prensa, ha explicado que la formación está "básicamente de acuerdo" con el contenido, aunque lo considera "insuficiente" en algunos aspectos.

Durán i Lleida ha dicho que, tanto en pensiones como en las políticas activas de empleo, su grupo está de acuerdo con los términos generales pactados, aunque tratará de enmendarlo a su paso por el Parlamento, para que, entre otras cosas, se tomen medidas con respecto al colectivo de trabajadores discapacitados.

En lo que respecta a la reforma de las políticas activas de empleo, ha explicado que su grupo ha pedido al Gobierno que se separe el plan de choque para estimular el empleo del resto de la reforma, algo que -según ha señalado- ha sido aceptado.

Eso es la prueba -según Duran i Lleida- de que los grupos tienen margen para introducir modificaciones en el acuerdo, en la búsqueda del consenso político para las medidas que requieren tramitación parlamentaria. El bloque de pensiones está "bastante cerrado", porque el Parlamento ya  se pronunció al aprobar las conclusiones del Pacto de Toledo, pero en  todo lo demás -ha asegurado Duran- hay tanto margen de negociación como  la mayoría de la que carece el PSOE para sacar adelante las reformas en  solitario.

Dentro del plan de choque, Duran ha considerado una buena medida el impulso del contrato a tiempo parcial como vía para generar empleo, ya que en España se usa sólo en un 12 % de los casos, frente al 30 % de Alemania o al 47 % de Holanda.

A juicio del portavoz del grupo catalán, las medidas que está adoptando el Gobierno "son necesarias, pero insuficientes", ya que cree que la reforma laboral está todavía a medias y aún se desconoce como será la de la negociación colectiva.

En esta materia, se ha mostrado partidario de buscar un fórmula mixta para la revalorización de los salarios, de forma que una parte esté ligada a la productividad y otra, al incremento del coste de la vida, pero teniendo en cuenta también las peculiaridades de los diferentes sectores para medir la productividad.

PNV: "algunas coincidencias, no pocas discrepancias"

En cuanto al PNV, su representante en las reuniones, Josu Erkoreka, ha declarado en rueda de prensa que "hay algunas coincidencias y no pocas discrepancias" con el contenido del pacto social. Aún así, ha señalado que su partido trabajará con el Ejecutivo en reuniones más técnicas para tratar de salvar esas diferencias.

"Hemos constatado diferencias notables en la concepción de las políticas de empleo, ya que la formulación en las políticas activas que procede del Gobierno está inspirada en un planteamiento más centralista de lo que compartimos", ha explicado.

Por esta razón, ha pedido al Ejecutivo que en el Consejo de Ministros del viernes sólo apruebe el plan de choque para estimular la creación de empleo y que todo lo que tiene que ver con la reforma de las políticas activas se deje para más adelante.

Erkoreka ha asegurado que el Gobierno "no ha hecho ascos" a esta propuesta, con la que los nacionalistas vascos pretenden que la reforma de la ley de empleo se tramite con más calma en los próximos meses como un proyecto de ley ordinario.

El PNV le ha hecho ver al Ejecutivo la importancia de que no se imponga como costumbre el cerrar primero los acuerdos con los agentes sociales y que, luego, éstos sean "prácticamente intocables" para los grupos parlamentarios.

"No podemos asegurar que las posiciones unívocas de los agentes sociales hayan de reflejarse necesariamente también en la Cámara. Habrá materias en las que será posible y otras en las que será insalvable", ha avisado.