La Fiscalía pedirá que Sortu no sea inscrito por ser una continuación de la ilegalizada Batasuna
- La Fiscalía presentará la demanda antes del próximo 11 de marzo
- Hasta la presentación de la demanda, la Fiscalía ordena seguir investigando
La Fiscalía General del Estado pedirá al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior al considerar acreditado que el nuevo partido de la izquierda abertzale es "una continuación" de la ilegalizada Batasuna por el Alto Tribunal en 2003.
El departamento dirigido por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido presentar la demanda por la vía del incidente de ejecución de sentencia de ilegalización de Batasuna en vez de abrir una nueva causa, según ha informado desde la Fiscalía. Esta fórmula posibilita, en principio, que el proceso se acelere y la decisión del Supremo sea más rápida.
Así lo ha informado este viernes la Fiscalía, que ha anunciado que presentará la demanda ante el Alto Tribunal antes del próximo 11 de marzo "tras realizar un análisis jurídico de la documentación remitida por el Ministerio del Interior".
Hasta que se presente la demanda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continuarán realizando "investigaciones complementarias" bajo la dirección de la Fiscalía.
A los informes policiales, en los que se apuntaba la vinculación con la ilegalizada Batasuna y ETA, acompañan a los también remitidos estatutos y solicitud de inscripción en el Registro de Partidos, con los que la nueva formación de la izquierda abertzale pretende presentarse a la elecciones municipales del 22 de mayo.
Los informes vinculan a Sortu con Batasuna
En uno de estos informes, al que tuvo acceso TVE, la Guardia Civil asegura que Sortu es "un instrumento creado por Batasuna" -una mera continuidad del partido ilegalizado- y afirma que, a pesar de rechazar el uso de la violencia, está "al servicio" de la estrategia marcada por ETA.
Entre los indicios destacan un total seis documentos intervenidos a varios detenidos por pertenencia a ETA en los que se detalla la intención de la banda terrorista de "crear un referente político como instrumento de sucesión de Batasuna".
Otro informe elaborado por la Policía Nacional sobre Sortu considera que la renuncia expresa al uso de la violencia realizada por el nuevo partido de la izquierda abertzale es una mera estratagema de Batasuna para sortear la Ley de Partidos.
Es la forma para poder regresar a las instituciones democráticas, -aseguran- como demuestra la presencia de los históricos dirigentes de ésta Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin en la presentación del nuevo partido el pasado día 7 en Bilbao.
Su informe aseguraba que existe un hilo conductor entre Sortu y Batasuna y que detrás de los promotores del nuevo partido, aparentemente "limpios" y sin conexiones relevantes con esta última formación, está el entorno político de ETA.
La Guardia Civil sostenía la misma tesis y destacaba que a la presentación de Sortu asistieron más de 30 antiguos cargos o militantes de Batasuna o de otras marcas electorales abertzales como EH, PCTV o ANV e, incluso, un miembro del "aparato político" de ETA.
El instituto armado recopilaba también toda una serie de manifestaciones realizadas en los últimos meses por miembros de Batasuna -como el propio Etxebarria o Txelui Moreno, que ya el año pasado anunciaba la intención de "legalizar una marca propia" y cumplir "a rajatabla" la Ley de Partidos-, así como declaraciones policiales de integrantes de ETA que iban en la misma línea.
Entre estos últimos figuran algunos de los miembros del aparato político de la banda, Ekin, detenidos en las operaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska entre los pasados meses de septiembre y enero.
Y es que en ambos informes se admitía que los estatutos del nuevo partido son irreprochables desde un punto de vista formal, pero recordaban que, en la sentencia en la que el 30 de junio de 2009 avaló la ilegalización de Batasuna, el Tribunal de Estrasburgo relativizaba la importancia de estos.
En esa resolución, el tribunal dijo que "los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tenidos en cuenta como el único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. Es preciso comparar el contenido de ese programa con los actos y tomas de posición de sus miembros y dirigentes".