Francisco Correa, el Vito Corleone español del 'caso Gürtel'
- Hay una docena de cargos del PP imputados, entre ellos, su ex tesorero
Correa sobornaba presuntamente a cargos políticos para obtener contratos
El caso Gürtel estalló en febrero de 2009 con la detención de su presunto cabecilla, Francisco Correa, acusado de dirigir un conglomerado de empresas que obtenía presuntamente contratos públicos a cambio de regalos a altos cargos del Partido Popular.
Correa, que está imputado de los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad, podrá salir de la cárcel dos años y cuatro meses después si paga los 15 millones de fianza que ha fijado el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Es la fianza más alta de la historia.
En esta presunta trama encabezada por el empresario Francisco Correa, Don Vito Corleone, como se hacía llamar hay más de una docena de cargos del Partido Popular.
Entre los imputados hay tres parlamentarios de la Asamblea de Madrid, cuatro exalcaldes de municipios madrileños, un ex alto cargo del PP gallego, un exdiputado y un exsenador, Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP hasta su dimisión en junio de 2009.
El caso está actualmente en dos juzgados: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que sentará en el banquillo al presidente valenciano, Francisco Camps, por cohecho impropio por recibir presuntamente trajes de la trama corrupta, y que investigará también la posible financiación ilegal del PP en Valencia tras declararse competente.
El Tribunal Supremo, por su parte, ha abierto contra el juez Baltasar Garzón, el primer instructor, una causa por ordenar la grabación de las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados. Unas grabaciones que han sido anuladas.
"Dávidas y sobornos" a cambio de contratos
En su primera instrucción, Baltasar Garzón acusó a Correa en el auto de su encarcelamiento de dirigir un "conglomerado de empresas" que llevaba más de 10 años repartiendo "dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" del Partido Popular para "obtener contratos".
Cuando el juez se inhibió en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, Garzón detalló en otro auto que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".
Este sistema funcionó entre 1996 y 2004, cuando Rajoy asumió las riendas del partido en el congreso del PP celebrado tras la primera victoria de Zapatero.
Los cambios en la dirección del PP supusieron una ruptura a nivel nacional con las empresas de Correa, que trasladó su actividad a Valencia con la creación de una nueva sociedad, Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', calificado de "amiguito del alma" por el propio Camps en una conversación telefónica.
Correa y Crespo, en prisión
Francisco Correa y su número dos y ex secretario de Organización del PP gallego hasta 1999, Pablo Crespo, llevan en la cárcel desde qué los envió Garzón el 10 de febrero de 2009.
El pasado pasado 8 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la prorroga de la prisión de ambos porque entendía que persistía el riesgo de fuga.
El testaferro y primo de Correa, Antoine Sánchez, entró en prisión al mismo tiempo, pero el pasado mes de enero abonó la finanza de 40.000 euros que le impuso el juez para quedar en libertad.
Los tres están imputados por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Los inicios de la operación
La Operación Gürtel ('correa' en alemán) se inició el 6 de febrero de 2009, con la detención de cinco personas por parte de la Policía Nacional, entre ellas Correa, Crespo y Sánchez.
Entre los imputados por Garzón estaban el exalcalde de Mahadahonda (Madrid), Guillermo Ortega, y los entonces primeros ediles de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, Arganda del Rey, Ginés López y Pozuelo de Alcorcón, Jesús Sepúlveda. Todos ellos del Partido Popular.
Apenas un mes después de las primeras detenciones Garzón se inhibió al apreciar indicios de delitos contra diputados de estas comunidades.
El caso Gürtel en Madrid
Garzón se inhibió a favor del TSJ de Madrid el 5 de marzo. El último día de este mes, el TSJ de Madrid se declaró competente al apreciar indicios de cohecho y tráfico de influencias en las actuaciones de tres diputados autonómicos del PP de la Asamblea de Madrid: Alberto López Viejo (que dejó su cargo de consejero de Deportes antes de ser imputado), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
El juez instructor, Antonio Pedreira, les imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
El TSJM tiene imputadas a más de 60 personas (en un principio imputó a 71). Según parte del sumario que se hizo público el 6 de octubre de 2009, Correa hablaba en una conversación de López Viejo como el "muñidor de toda la operación". La Comunidad adjudicó 66 contratos a empresas de la trama en cuatro años.
Tras conocerse parte del sumario, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, forzó el abandono de estos tres diputados del grupo popular de la Asamblea y de los exalcaldes de Boadilla y Pozuelo.
El TSJ de Madrid también se hizo caso de la parte que afectaba al extesorero del PP Luis Bárcenas y al exdiputado Jesús Merino cuando aún mantenían su condición de aforados. Antes esta parte del caso la llevaba el Tribunal Supresmo.
El 24 de junio de 2009, el asumió el caso al existir "indicios suficientes" de delitos contra la Hacienda Pública y de cohecho en el caso del primero y de cohecho en el caso del segundo.
Gürtel en Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es el encargado de la investigación del caso Gürtel en esta autonomía. Sentará en el banquillo al presidente valenciano, Francisco Camps, por haber recibido presuntamente trajes de la trama corrupta, e investigará la posible financiación irregular del PP valenciano después de declararse competente.
En concreto investigará un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008 y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en los contratos con Orange Market.
En cuanto a los trajes, en un primer momento el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa el 3 de agosto de 2009 al no apreciar cohecho con el voto en contra de uno de los tres magistrados, pero el Supremo decidió reabrir el caso.
El Alto Tribunal apreció un posible delito de cohecho impropio al recibir de forma "reiterada" y con "opacidad" trajes de la trama corrupta.
Baltasar Garzón se inhibió a favor del TSJ valenciano el 5 de marzo de 2009 a través de un auto en el que se acusaba al presidente de esta autonomía de haber aceptado que Orange Market le pagara ropa por 12.783 euros a cambio de otorgar contratos a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de cuatro millones de euros.
El 21 de abril de ese año, el TSJ de Valencia se declaró competente para investigar por un presunto delito de cohecho a Camps y a otros tres cargos del PP más: el ya ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al exvicepresidente valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Bertoret.
Camps declaró ante del juez que él "siempre pagó al contado y de sus bolsillos los trajes" aunque no ha aportado ninguna factura.
El sumario y la crisis del PP valenciano
El levantamiento del sumario del caso Gürtel, en abril de 2010, destapó que Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, recibió pagos de hasta 1,3 millones de euros de la trama corrupta.
En esta parte del sumario que quedaba por levantar, después del tercio que se conoció en octubre de 2009, también se incluía una informe policial que apuntaba a la financiación ilegal del PP valenciano.
Entre todos los imputados, defraudaron a Hacienda hasta 21 millones de euros en concepto de IRPF, según la información del sumario.
Antes, en octubre de 2009, se habían conocido los primeros datos del sumario. Según esta documentación, la trama intentó seguir operando desde la cárcel para retirar dinero de cuentas en el extranjero. La red pudo ocultar hasta 30 millones.
Las investigaciones también recogen conversaciones telefónicas de los cabecillas en las que se apunta a una posible financiación ilegal del PP gallego o se revela que 'El Bigotes' medió en la compra de un vehículo de lujo para Costa, algo que éste ha negado.
En esta documentación también se detalla que Correa no declaraba a Hacienda desde 1999 o que la trama pagaba servicios de chicas a los implicados.
El 'pen drive' de la caja B
La pieza angular del sumario es un pen drive en el que está anotada la contabilidad de la caja B, en dinero negro, de la trama corrupta. Correa llega a decir a su abogado que sin esta memoria de ordenador no tendrían nada contra él.
Los detalles conocidos en el sumario en octubre de 2009 provocaron una crisis interna en el PP valenciano que acaba cediendo ante Génova y destituyendo de los cargos de secretario general del partido y de portavoz parlamentario a Ricardo Costa el 14 de octubre de 2009, después de 24 horas de pulso entre Rajoy y Camps.
A pesar de su cese, Costa siguió hablando "como secretario general" lo que irritó a la dirección nacional, que acabó suspendiéndole de militancia.
Rajoy aseguró que "no habría próxima vez" en el Comité Ejecutivo Nacional que celebró Génova para poner orden en su partido a raíz del caso Gürtel en Valencia, pero también de la polémica presidencia de Caja Madrid en la comunidad madrileña.
Sin embargo, en las listas de las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, muchos de los imputados en el caso Gürtel, como Camps y Costa, aparecen en ellas.
El PP niega que exista una trama del partido
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, insistió desde el principio en que la trama Gürtel no es un caso de corrupción del partido y menos de financiación ilegal, sino una trama "que se ha aprovechado" del PP.
La trama puso a prueba la autoridad Rajoy, que se enfrentó a su peor crisis interna desde que fue reelegido en el Congreso de Valencia en 2008. Un caso que se ha llegado a cobrar, como víctima colateral, hasta un ministro.
El titular de Justicia cuando el caso salió a la luz, Mariano Fernández Bermejo, dimitió tras la polémica cacería que compartió con Garzón, en plena investigación de Gürtel.
Un caso estuvo marcado por filtraciones del sumario a los medios de comunicación, lo que denunció el Partido Popular, que llegó a decir en verano de 2009, en boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que era víctima de escuchas ilegales por parte de Interior.
-
Facebook
-
Twitter
-
WhatsApp
-
Copiar Enlace
-
Guardar en Mis Listas
-
Enviar e-mail
