El Congreso convalida la reforma de los convenios, aunque se permitirán las enmiendas

• La abstención de varios grupos permitirá que el decreto salga adelante
• Salgado defiende que tiene fuerza suficiente para crear empleo
• Unos 200 indignados acampan ante el Congreso como protesta

El pleno del Congreso de los Diputados convalidará este miércoles el decreto de reforma de la negociación colectiva, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de junio, aunque dejará que se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá introducir enmiendas posteriormente.

Este miércoles, antes de que comenzara la sesión, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha defendido ese decreto asegurando que tiene "potencia suficiente" para crear empleo.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Salgado ha interpretado las recomendaciones del FMI, hechas públicas este martes, en las que insta a España a ahondar con valentía en la reforma laboral. A su juicio, lo que hace el Fondo es instar a los agentes sociales a aprovechar las oportunidades que ofrece esta reforma de la negociación colectiva.

"De hecho menciona el decreto ley de junio porque entiende que tiene potencia suficiente para ayudar a la creación de empleo", ha sostenido Salgado, que también ha advertido de que "evidentemente si pasado un tiempo se ve que no ha surtido los efectos deseados, pues habrá que profundizar en las reformas".

El arbitraje, punto clave

La reforma elaborada por el Ejecutivo trata de buscar un punto de equilibrio entre las posturas que mantuvieron las organizaciones sindicales y empresariales antes de la ruptura de la negociación.

Por un lado, el Gobierno mantiene la ultraactividad de los convenios, es decir, la continuidad de los principios que regula el convenio más allá de su vigencia, aunque limita el período de prórroga a un máximo de 14 meses.

Por el otro lado, amplía la flexibilidad interna de las empresas, fijando un porcentaje mínimo del 5% de la jornada laboral que se puede distribuir de forma irregular, y anteponiendo los convenios de empresa a los provinciales.

No obstante, uno de los aspectos más polémicos, que aún no está detallado en la norma, es la deriva obligatoria de los conflictos que surjan en la renovación de los convenios a un arbitraje vinculante.

Los agentes sociales aseguran que es inconstitucional obligar al arbitraje para resolver los conflictos, aunque el Ejecutivo defiende que no es así, ya que es una medida transitoria hasta que sindicatos y empresarios firmen el próximo acuerdo interconfederal.

En cualquier caso, la reforma ha suscitado las críticas tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales, así como del Movimiento 15M, que se ha movilizado contra la nueva norma con una acampada ante la Cámara Baja de unos 200 indignados.