Finaliza el interrogatorio al presunto cabecilla de la trama de la SGAE, José Neri

• También declaran la esposa de Neri y dos detenidos vinculados a Microgénesis
• El juez ha dejado libres con cargos a Bautista y otros directivos de la SGAE

El juez Ruz toma declaración a los 4 implicados que faltaban por el presunto desvío de fondos de la SGAE

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está interrogando este lunes a los cuatro de los nueve detenidos por el desvío de fondos de la SGAE que quedan por declarar, entre ellos el considerado máximo responsable de la trama, el director general de la filial digital -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), José Neri. La declaración de Neri ha finalizado en torno a las 18:00 de la tarde y ha durado casi seis horas, según ha informado en RNE, Beatriz Pola. 

Por este caso, se encuentra en libertad sin fianza y con cargos el presidente de la SGAE, Teddy Bautista. También prestarán declaración Antonia García, esposa de Neri, y su cuñada Eva García Pombo y Rafael Ramos, relacionados con la empresa Microgénesis, a su vez vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE. Según la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Microgénesis ocupa un papel central en los hechos investigados.

Los investigadores consideran que Neri, exdirector general de la SGAE y director general de la sDae, es el cerebro y principal urdidor de la trama. Hasta la creación de la sDae en 2003, que se encarga de la gestión digital de los derechos de autor, Neri presidía la empresa privada Microgénesis, que acometía esas funciones y que después de 2003 se convirtió en una de las principales contratistas de la Sociedad Digital de Autores y Editores.

Según informa el Canal 24 horas de TVE, a las 10.30 horas ya habían llegado a la Audiencia Nacional tres de los cuatro detenidos que deben declarar. De momento, a los detenidos se les imputan delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha exigido este lunes al Gobierno que dé explicaciones sobre sus funciones de "control, tutela e inspección que debe ejercer sobre la SGAE" y ha reclamado al Ministerio de Cultura que abra una investigación paralela a la judicial, dentro de sus competencias, para determinar qué ha podido fallar en ese control y depure posibles responsabilidades políticas.

Teddy Bautista, en libertad con cargos

Por este caso, el juez Ruz decretó ayer domingo la puesta en libertad "sin fianza y con cargos",  además de para Teddy Bautista, para otros dos directivos de la entidad, el director general Enrique Loras y el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga, detenidos el viernes.

Bautista, actual Presidente de la Sociedad General de Autores, ha acudido este lunes a la sede de la entidad, situada en el Palacio de Longoria, en el centro de Madrid, dónde ha permanecido en su despacho durante buena parte de la mañana.

También están en libertad sin fianza y con cargos la cuñada del director general, Elena Vázquez, y el empleado de la empresa Microgénisis Celedonio Martín, que completan los nueve detenidos por la Guardia Civil el pasado viernes por un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la SGAE.

Según consta en el auto dictado por el juez Ruz, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, los cinco están imputados de "un delito de apropiación indebida de especial gravedad" y otro de "administración fraudulenta", penados hasta seis y cuatro años respectivamente.

En el caso de Bautista, se le imputa también "un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación", según señala el auto, y precisa que la pena puede llegar hasta los doce meses de multa.A Elena Vázquez se le añade la imputación de un delito de alzamiento de bienes que, según el auto del juez, está penado con hasta cuatro años de prisión.

El juez ha decretado la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de pasaportes de todos ellos.

La SGAE amenaza con tomar medidas legales

En un comunicado, la SGAE ha señalado que "en el caso de que se demuestre que la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática, adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios".

La entidad ha querido reiterar que desde el primer momento "ha puesto todo su empeño en colaborar activamente con la Justicia para el rápido esclarecimiento de los hechos".

Los autores y editores han querido, en el comunicado, expresar su solidaridad con las familias del presidente y de los directores que ya han sido puestos en libertad. Piden, además, que se respete, como un derecho constitucional, la presunción de inocencia.

Material incautado

Las nueve personas detenidas en el transcurso de la operación Saga fueron arrestadas el viernes por los agentes encargados del caso que están analizando los documentos intervenidos en los registros practicados en la sede de la SGAE y otros inmuebles.

En esos registros, los agentes incautaron facturas e hicieron "back-up" (copia de seguridad) de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".

Los investigadores acusan a los arrestados de delitos societarios y apropiación indebida por haber creado presuntamente una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".

En la operación han participado más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en marzo de 2010, aunque la Guardia Civil llevaba investigándolos desde 2008.