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El Supremo de EE.UU. examinará el principal logro de Obama antes de las presidenciales de 2012

  • El alto tribunal admite a trámite la querella contra la reforma sanitaria
  • Decidirá sobre el asunto en junio, a cinco meses de las elecciones
  • Se trata del fallo con mayor peso político desde la luz verde a la elecciónde Bush

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El Supremo de EE.UU. revisará la reforma sanitaria de Obama

El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos jugará un papel clave en la campaña para la reelección de Barack Obama tras anunciar que ha admitido a trámite las querellas contra la reforma del sistema sanitario, considerada el logro legislativo más destacado del presidente de Estados Unidos, y que decidirá sobre el asunto antes de las presidenciales de 2012.

El fallo sobre la reforma sanitaria sería el de mayor importancia política desde que por cinco votos a cuatro el tribunal decidió que George W. Bush venció a Al Gore hace once años.

Clave política

Obama y su Administración promulgaron la ley para frenar los aumentos en los costes sanitarios y expandir la cobertura sanitaria a más de 30 millones de estadounidenses que carecen de ella.

Los republicanos consideran varios aspectos de la reforma inconstitucionales pese a que Obama la convirtió en ley en marzo de 2010.

El elemento más polémico es la legalidad del llamado "mandato   individual", que obliga a los ciudadanos a comprar un seguro médico so   pena de multa, algo que los republicanos consideran constitucional ya   que, a su juicio,  excede el poder del estado de "regular el comercio" y de "recaudar impuestos" y ataca las libertades individuales.

Varios estados han presentado recursos contra la ley, que ha sido avalada por algunos tribunales superiores y rechazada por otros, de forma que el paso al Supremo para que unificase doctrina se veía como inevitable.

Sin embargo, los plazos establecidos son muy importantes: los argumentos orales serán en marzo y la decisión definitiva se tomará en junio, en plena campaña para las presidenciales de 2012.

De esta manera, un fallo negativo contra el principal hallazgo de Obama podría dar al traste con su reelección.

Aunque la ley no entra en vigor oficialmente hasta 2014, y los  estadounidenses no están obligados a adquirir un seguro hasta entonces,  la Casa Blanca ha iniciado ya el proceso de aplicación de algunos de sus  componentes.

De ser refrendada, se allanaría el camino para  que los casi 50 millones de personas que actualmente no tienen cobertura  médica pasen a tenerla.

Mandato individual

Los jueces explican que van a examinar la petición expresa de la Administración Obama de comprobar si su ley es conforme a la Constitución pero también indican que tendrán en cuenta dos de los cinco recursos que atacan la ley, entre ellos el de 26 estados americanos.

La Administración Obama recurrió ante el Supremo una decisión de una  corte de apelación de Georgia, que había juzgado inconstitucional el  mandato individual.

"Este año,  la Administración Obama solicitó al Tribunal Supremo revisar los recursos legales en contra de la reforma del seguro de salud, y nos complace que la corte se haya comprometido a examinar esta cuestión", ha declarado el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer.

Pfeiffer ha recordado que la reforma ha permitido "que un millón más de jóvenes estadounidenses tengan cobertura de salud" y se ha mostrado seguro de que la reforma es "constitucional" y de que el Supremo "estará de acuerdo" sobre esta cuestión.

La ley, promulgada en 2010, ha sido  atacada por 26 estado americanos, que cuestionan la legalidad del  mandato individual y piden que la ley sea retocada en su conjunto.

Los  nueve jueces también contestarán al recurso de una organización privada  de empresarios, la federación nacional de negocios independientes.

Dos  cortes de apelación, en Ohio y en Washington ya han confirmado la  constitucionalidad de la ley mientras que una tercera, en Virginia, la  ha anulado al verla inconstitucional en primera instancia.

El Supremo mantendrá en total cinco  horas y media de audiencia, de las cuales dos evaluarán la  constitucionalidad del requisito de que cada estadounidense obtenga un  seguro, y otros 90 minutos estarán dedicados a decidir qué pasará si ese  punto es declarado inconstitucional: si se anula toda la ley o sólo  algunas partes.