El Supremo de EE.UU. examinará el principal logro de Obama antes de las presidenciales de 2012
- El alto tribunal admite a trámite la querella contra la reforma sanitaria
- Decidirá sobre el asunto en junio, a cinco meses de las elecciones
- Se trata del fallo con mayor peso político desde la luz verde a la elecciónde Bush
El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos jugará un papel clave en la campaña para la reelección de Barack Obama tras anunciar que ha admitido a trámite las querellas contra la reforma del sistema sanitario, considerada el logro legislativo más destacado del presidente de Estados Unidos, y que decidirá sobre el asunto antes de las presidenciales de 2012.
El fallo sobre la reforma sanitaria sería el de mayor importancia política desde que por cinco votos a cuatro el tribunal decidió que George W. Bush venció a Al Gore hace once años.
Clave política
Obama y su Administración promulgaron la ley para frenar los aumentos en los costes sanitarios y expandir la cobertura sanitaria a más de 30 millones de estadounidenses que carecen de ella.
Los republicanos consideran varios aspectos de la reforma inconstitucionales pese a que Obama la convirtió en ley en marzo de 2010.
El elemento más polémico es la legalidad del llamado "mandato individual", que obliga a los ciudadanos a comprar un seguro médico so pena de multa, algo que los republicanos consideran constitucional ya que, a su juicio, excede el poder del estado de "regular el comercio" y de "recaudar impuestos" y ataca las libertades individuales.
Varios estados han presentado recursos contra la ley, que ha sido avalada por algunos tribunales superiores y rechazada por otros, de forma que el paso al Supremo para que unificase doctrina se veía como inevitable.
Sin embargo, los plazos establecidos son muy importantes: los argumentos orales serán en marzo y la decisión definitiva se tomará en junio, en plena campaña para las presidenciales de 2012.
De esta manera, un fallo negativo contra el principal hallazgo de Obama podría dar al traste con su reelección.
Aunque la ley no entra en vigor oficialmente hasta 2014, y los estadounidenses no están obligados a adquirir un seguro hasta entonces, la Casa Blanca ha iniciado ya el proceso de aplicación de algunos de sus componentes.
De ser refrendada, se allanaría el camino para que los casi 50 millones de personas que actualmente no tienen cobertura médica pasen a tenerla.
Mandato individual
Los jueces explican que van a examinar la petición expresa de la Administración Obama de comprobar si su ley es conforme a la Constitución pero también indican que tendrán en cuenta dos de los cinco recursos que atacan la ley, entre ellos el de 26 estados americanos.
La Administración Obama recurrió ante el Supremo una decisión de una corte de apelación de Georgia, que había juzgado inconstitucional el mandato individual.
"Este año, la Administración Obama solicitó al Tribunal Supremo revisar los recursos legales en contra de la reforma del seguro de salud, y nos complace que la corte se haya comprometido a examinar esta cuestión", ha declarado el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer.
Pfeiffer ha recordado que la reforma ha permitido "que un millón más de jóvenes estadounidenses tengan cobertura de salud" y se ha mostrado seguro de que la reforma es "constitucional" y de que el Supremo "estará de acuerdo" sobre esta cuestión.
La ley, promulgada en 2010, ha sido atacada por 26 estado americanos, que cuestionan la legalidad del mandato individual y piden que la ley sea retocada en su conjunto.
Los nueve jueces también contestarán al recurso de una organización privada de empresarios, la federación nacional de negocios independientes.
Dos cortes de apelación, en Ohio y en Washington ya han confirmado la constitucionalidad de la ley mientras que una tercera, en Virginia, la ha anulado al verla inconstitucional en primera instancia.
El Supremo mantendrá en total cinco horas y media de audiencia, de las cuales dos evaluarán la constitucionalidad del requisito de que cada estadounidense obtenga un seguro, y otros 90 minutos estarán dedicados a decidir qué pasará si ese punto es declarado inconstitucional: si se anula toda la ley o sólo algunas partes.