Fiscalía y defensa critican la instrucción y piden el archivo de la causa contra Garzón

• La defensa pide que se le aplique la doctrina Botín, porque no hay perjudicados
• Defensa y Fiscalía cree que el instructor orientó a las acusaciones
• Manos Limpias destaca la necesidad de una acusación popular
• Varias decenas de personas le ha apoyado a la entrada del Tribunal Supremo
• El juicio se reanudaría el 31 de enero con la declaración de Garzón    

Segunda causa contra Garzón, acusado de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo

La Fiscalía y la defensa del juez Baltasar Garzón ha coincidido en los aspectos fundamentales para pedir el sobreseimiento y el archivo de la causa por presunta prevaricación en la que, en opinión de la acusación popular, incurrió el magistrado de la Audiencia Nacional al investigar los llamados "crímenes del franquismo". 

Se cierran así en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las cuestiones previas, en las que han intervenido las tres partes. El día 31 de enero se reanudaría el juicio con la declaración del propio procesado, que hoy ha seguido la sesión con toga y junto a su abogado.

La Fiscalía ha sido la última en intervenir y ha mantenido su criterio de que no ve delito de prevaricación en la actuación del juez Baltasar Garzón y por tanto pide el sobreseimiento y archivo del procesamiento. En su exposición, el fiscal ha calificado de "insólita e insostenible" la instrucción del magistrado Luciano Varela.  Considera que en algunos puntos se ha generado indefensión del imputado y ha insistido en la falta de consistencia de la acusación,  podada y renovada, incluso con errores, por indicaciones del juez que ha llevado al Supremo a Garzón.

El fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha insistido en que una acusación no se puede sostener por indicios de probabilidad. Tiene que ser "taxativa", clara y rotunda, como indica, ha dicho, la jurisprudencia del propio Alto Tribunal. Y ha 'recriminado' que la acusación sea "corta y pega" de un auto de Luciano Varela, donde no está cerrada la instrucción y se señala literalmente la probabilidad y no la constancia del delito.

Por último, también han rechazado que el juicio pueda sostenerse únicamente en un acusación popular, que ha valorado solo está legitimada en los casos en los que está en juego intereses "colectivos o difusos", cualidades que no se dan en este caso en su opnión.

La defensa pide que se aplique la doctrina Botín

En las cuestiones previas el letrado que defiende al magistrado, Gonzalo Martínez Fresneda, ha pedido el sobreseimiento del proceso y su anulación por carecer las acusaciones de Falange Española de las Jons, ya apartada del proceso, y del sindicato Manos Limpias de las carectísticas mínimas de rigor y precisión que exige un escrito de acusación. También critica la instrucción en la que cree se ayudó indebidamente a Manos Limpias al indicarle la manera en que debía presentar su escrito de acusación.

El abogado de la defensa ha señalado la gravedad de una acusación mal formulada  y ha querido destacar defectos en la instrucción como que el propio  juez 'asistiese' a los acusadores para hacer un escrito con arreglo a  Derecho. Ha destacado que las oportunidades que el juez Varela ofreció a  Manos Limpias para reformular la acusación, que ha señalado es una copia literal de un auto del propio instructor, con indicaciones concretas de lo que tenía que variar.

El letrado ha señalado como en el segundo escrito de acusación, Manos  Limpias, olvidó poner la clave del objeto delito, la frase "a  sabiendas", y si lo incorporó a un tercer escrito "al borde la campana".

La defensa considera que "el instructor fue tan duro que Manos  Limpias decidió copiarle" para su acusación. Considera la instrucción  sesgada que un efecto devastador" sobre el juez Garzón.

En su exposición, el letrado ha querido demostrar la falta de legitimación de la acusación popular para iniciar un proceso oral por si sola. Apela a la doctrina Botín, porque en este caso no hay acusación por parte de la Fiscarlía "ni tampoco de parte perjudicada por el eventual delito".  Señala que el delito de prevaricación, que es el que se juzga,  "conlleva la personación del perjudicado", y asegura que este caso  además no ha habido perjuicio.

Manos Limpias mantiene su criterio contra Garzón

Por su parte, la acusación ejercida por Manos Limpias considera que en el auto del instructor se señalan "indicios racionales de criminalidad" en la actuación del juez Garzón en este caso y que solo "perfiló" la acusación.

Su letrado, Joaquín Ruiz Infante, apela sobre todo a un derecho supraindividual -actuar contra un juez prevaricador- que justificaría un proceso sostenido únicamente por la acusación particular.

Apunta además que en los tres procesos que atañen al juez Garzón por presunta prevaricación, la Fiscalía apunta una misma visión -no ve delito-, y creen que es necesario una nueva perspectiva de la ciudadanía, en tiempos "convulsos" en los que la sociedad reclama el derecho a participar en los asuntos públicos, tal y como consagra, apunta la acusación, el artículo 23 de la Cosntitución.

Contra la aplicación de la doctrina Botín, Manos Limpias señala que otra doctrina del mismo Tribunal sí continuó un juicio contra el exlehnedakari Juan José Ibarretxe, en las mismas circunstancias.

Y es que en esta primera vista, ha tenido un peso especial la  legitimación o no de abrir un juicio sosteniéndolo únicamente por una  acusación popular.

Mensajes de apoyo a Garzón en el Supremo

Varias decenas de personas se han concentrado esta mañana frente al Tribunal al juez Baltasar Garzón. "Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón", "Tenemos memoria, queremos justicia", "Heridas abiertas, fosas cerradas", "Hay que juzgar al franquismo criminal", "Garzón, amigo, el pueblo está contigo" o "Tribunal Supremo, suprema impunidad", son algunos de los gritos que están coreando los concentrados, entre quienes se encuentra el coordinador general de IU, Cayo Lara.

Por segunda vez, al magistrado también le han acompañado colegas de la Audiencia Nacional, como los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu.

Garzón está acusado en esta causa de haber cometido un delito continuado de prevaricación por "tratar de justificar" su falta de competencia para investigar los fusilamientos y desapariciones de la dictadura de Franco "con el pretendido objetivo de favorecer a las víctimas de la Guerra Civil", según aseguró el instructor de la causa, el magistrado del Supremo Luciano Varela,  en el auto de apertura de juicio oral dictado el 12 de mayo de 2010, una resolución que provocó que el juez de la Audiencia Nacional fuese suspendido cautelarmente en sus funciones.

La acusación ejercida de forma conjunta por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pedirá al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.

Manos Limpias y Libertad e Identidad ejercen la acusación en solitario después de que Falange Española de las JONS fuera expulsada de la causa por un error formal.