El Gobierno detallará el viernes el instrumento y el mecanismo del pago a proveedores
- Montoro afirma en el Congreso que se salvaguarda la competencia autonómica
- El papel del interventor "no menoscaba" el gobierno municipal, para el ministro
- El decreto ley se ha convalidado con 301 síes, 14 noes y 6 abstenciones
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado en el Congreso que el Gobierno detallará el viernes el instrumento y el mecanismo del pago a proveedores de los ayuntamientos.
Lo ha hecho en la sesión para convalidar el decreto ley sobre el pago a proveedores que ha sido aprobado con 301 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. La cámara baja ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por lo que no se admiten enmiendas.
Montoro ha explicado que el consejo de ministros, mediante una decisión, definirá más la creación del instrumento de pago a proveedores. En concreto, quedará "salvaguardada la competencia de las comunidades autónomas de velar por las finanzas municipales".
También "aclara el papel del interventor, que no supone menoscabo de la competencia de los consejos de gobierno de las corporaciones locales", ya que depende de estos órganos municipales la realización de los planes de viabilidad ecónomica.
Plan de refinanciación
El titular de Hacienda ha subrayado que con 35.000 millones de euros, es "el mayor plan de refinanciación de la democracia española" y que este mecanismo extraordinario permitirá atender los pagos "con una macroinyección de liquidez" en un momento de restricción del crédito bancario.
“No caben medias tintas, ni titubeos“
Montoro ha señalado que el hecho de que no se esté pagando esa deuda implica una destrucción de puestos de trabajo, un agravamiento de la caída de la actividad económica y una pérdida de la imagen internacional de España, porque entre los proveedores están grandes empresas multinacionales.
El ministro ha indicado que la carga acumulada es muy grande "y no caben medias tintas ni titubeos".
El plan que ya ha recibido el visto bueno de los ayuntamientos, prevé que los proveedores empiecen a cobrar sus facturas a partir del mes de mayo y que se haga en función de la antigüedad, entre otros criterios.