CC.OO. y UGT piden a la Defensora del Pueblo que recurra por inconstitucional la reforma laboral

• Creen que vulnera la tutela judicial efectiva y la libertad sindical
• Cava de Llano tiene de plazo hasta el 11 de mayo para presentar el recurso
• El PP impide que sindicatos y patronal hablen de la reforma en las Cortes

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han presentado un documento a la Defensora del Pueblo, Luisa Cava de Llano, con ocho motivos de inconstitucionalidad de la reforma laboral para que promueva un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Defensora del Pueblo, que ya ha recibido varias peticiones en este mismo sentido, tiene de plazo hasta el 11 de mayo para decidir si interpone el recurso en nombre de los sindicatos, que no tienen facultad directa para hacerlo. De momento, un juez ha planteado ya ante el Alto Tribunal una cuestión de inconstitucionalidad.

Los sindicatos confían así en frenar una reforma que consideran "injusta, desequilibrada y nociva" y que, según aseguran, ya "está provocando mayor destrucción de empleo". Si bien, en el caso de que Cava de Llano decidiera interponer un recurso, la decisión judicial podría tardar años.

La Defensora ha avanzado a los sindicatos que "sólo por el volumen de documentación aportada", su escrito era "el más fundamentado" de los recibidos hasta la fecha sobre la misma cuestión. "Nos parece que tiene anclajes sólidos para que sea considerada por la institución", ha añadido Toxo.

Méndez ha insistido en que "hay motivos más que suficientes y documentados de manera muy sólida, con alusiones a sentencias del Tribunal Constitucional y de otros tribunales, que permiten alentar perspectivas fundamentadas de que la reforma laboral se declarará inconstitucional".

Motivos de forma y fondo

Ambos líderes sindicales han recalcado que la aprobación de la reforma laboral como decreto ley no estaba justificada, puesto que la Constitución reserva este trámite para situaciones de excepcional gravedad y urgencia (Artículo 86.1).

"La situación es grave", ha reconocido Toxo, sin embargo, el Gobierno ha reconocido que la reforma laboral no tendrá efectos a corto plazo", y que, en cualquier caso, el contexto económico "no justifica romper una tradición de diálogo social consolidada durante tres décadas que ha dado resultados más que apreciables que el Gobierno actual no ha querido ni tan siquiera explorar".

"Esto por sí sólo justificaría la interposición del recurso", asegura Toxo, además la reforma laboral vulnera el derecho al trabajo (Artículo 35.1) a través del establecimiento, por ejemplo, del periodo de prueba de un año en el contrato de emprendedores o del despido por decisión unilateral del empresario; o a la libertad sindical (Artículo 28.1), por restringir sin causa razonable la libertad de estipulación de los sindicatos más representativos de sector.

Méndez también destaca la "feaciente y flagrante inconstitucionalidad" que encierra la aprobación por la vía del real decreto de la reforma laboral que "desde el punto de vista político tampoco tiene justificación". Recuerda que las instancias internacionales lo que solicitaron al Gobierno fue que tramitara con urgencia los Presupuestos de 2012.

Destrucción de empleo sin tutela judicial

"El Gobierno ha decidido jugar al gato y al ratón por razones electorales vinculadas a las elecciones de Andalucía e imponer una reforma laboral injusta, desequilibrada y muy nociva que está en el corto plazo provocando más destrucción de empleo", apunta el líder de UGT.

Asegura que la nueva norma "es mucho más que una reforma laboral", ya que en las 52 reformas laborales anteriores siempre se preservaron el derecho a la tutela judicial efectiva (Artículo 24.1) y el valor de la negociación colectiva (Artículo 37.1) frente a la decisión unilateral del empresario, dos preceptos que no se han respetado en esta ocasión.

"Las fórmulas de despido que se fijan suponen una vulneración clara de la tutela judicial efectiva y la decisión unilateral del empresario, una vulneración del derecho a la negociación colectiva", remacha.

Asimismo, el escrito de los sindicatos señala que se atenta la tutela judicial efectiva en la reforma operada en el régimen jurídico de los salarios de tramitación, mientras que apunta como un recorte del derecho a la negociación colectiva la limitación temporal de la ultraactividad (prórroga automática de los convenios cuando no hay acuerdo sobre su renovación).

Por último, los sindicatos alegan que la aplicación del despido por causas económicas en el sector público, junto a la exclusión de figuras de flexibilidad interna como los expedientes de regulación de suspensión, van en contra de los artículos 9.3, 14, 24 y 35 de la Constitución.

La reforma sigue su trámite sin comparecencias

Este martes, la comisión de Empleo del Congreso ha rechazado por  tercera vez y de forma definitiva la solicitud del PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de citar a sindicatos y asociaciones  empresariales a comparecer para explicar sus puntos de vista sobre la  reforma laboral.

La propuesta la han respaldado todos los partidos de  la oposición y ha sido tumbada por la mayoría absoluta del  PP, en una votación que ha quedado 23 contra 19, informa Europa Press.

La portavoz de Empleo de los conservadores, Carmen  Alvarez-Arenas, ha justificado su negativa en que el PP ya se ha  reunido con los agentes sociales en las últimas semanas.