Dos años de recortes: ¿lógica económica o retroceso social?

• Los últimos recortes de Rajoy relevan a los de Zapatero como los mayores de la Democracia
• El presidente socialista anunció sus grandes recortes el 10 de mayo de 2010
• El Gobierno del PP ha intensificado la reducción de gasto público
• El objetivo es situar el déficit público en el 2,8% a finales de 2014

Dos meses después del segundo aniversario de los primeros grandes recortes anunciados en el Congreso por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su sucesor, Mariano Rajoy, ha vuelto a sacar la tijera. Las de 2010 fueron las primeras de una serie de reducciones del gasto público y de reformas estructurales que han continuado con el nuevo gobierno del Partido Popular.

Este miércoles Rajoy ha confirmado muchos de los recortes que se habían venido anunciando, pero ha ido mucho más allá al concretar, por ejemplo, la subida del IVA hasta el 21% (y no solo un reajuste de las exenciones o las bonificaciones), la supresión de la paga extra de Navidad para todos los empleados públicos y el recorte de la prestación que cobran los parados.

Estos nuevos recortes del Gobierno han relevado a los que hizo Zapatero en mayo de 2010 como los mayores del período democrático.

Desde el comienzo de la crisis en 2008, se habían producido ajustes y pequeños recortes de gasto público, pero aquel 10 de mayo de 2010 marcó un antes y un después en ese tipo de medidas. Ese día, Zapatero anunció la bajada de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones y la supresión de ayudas emblemáticas de sus legislaturas, como el cheque-bebé.

Detrás de la decisión del gobierno socialista estaba la sombra de Grecia –rescatada a finales de abril por la UE y el FMI- y el rápido deterioro de la situación económica del país. El déficit se había disparado por los estímulos empleados por el Ejecutivo para tratar de impulsar la actividad económica. Además, la deuda pública había comenzado a ser un problema por la presión de los mercados financieros, que dudaban de la capacidad de la economía española para crecer y poder atender así sus compromisos fiscales.

El estallido de la burbuja inmobiliaria pesaba en el ‘debe’ de España, sobre todo, por el lastre –aún desconocido- que podía suponer para los bancos y cajas de ahorro. Además, el hundimiento de la construcción alimentaba una tasa de paro en continuo aumento, que tampoco ayudaba a convencer a unos inversores muy recelosos y atemorizados por la llamada crisis del euro.

Los recortes de aquel 10 de mayo se profundizaron en los Presupuestos Generales de 2011, el Programa de Estabilidad 2011-2014 y la inclusión en la Constitución del equilibrio presupuestario, y se completaron con reformas en el sistema de pensiones (aprobada en agosto 2010), el financiero y el mercado laboral (septiembre de 2010).

Momentáneamente, esas medidas aplacaron la ansiedad de los mercados, pero no despejaron todas las dudas sobre España.

La "timidez" de las primeras medidas

“Si pudiéramos volver dos años atrás, deberíamos haber tomado medidas más agresivas”, reflexiona José Luis Martínez Campuzano, estratega para España de Citi.

Este analista señala a RTVE.es que España se enfrentaba -y se enfrenta- a tres retos: el sistema financiero, las administraciones públicas y las reformas estructurales.

Las medidas tomadas para el sistema financiero han sido “graduales” y “sigue habiendo desconfianza”, pero –advierte Martínez Campuzano- “quizá si hubieran sido más agresivas, los costes financieros habrían sido más elevados que los beneficios”.

Sin embargo, en los otros dos frentes, este experto considera que “se pecó de timidez”, sobre todo, con la reforma laboral. En su opinión tampoco se controlaron lo suficiente las cuentas de las comunidades autónomas.

“Ahora no hay otra alternativa a la toma de las decisiones que se están tomando. Si se hubieran realizado reformas más agresivas hace un año, el impacto económico habría sido mayor entonces, pero ahora estaríamos hablando, posiblemente, de crecimiento a finales de este año o comienzos del que viene”, estima el estratega de Citi.

Asegura que la desconfianza de los mercados –“que no son algo extraño o ajeno, que son agentes económicos e inversores”- es “muy fácil de perder” y eso, en países como España que dependen del exterior para financiar su desarrollo, genera intereses altos, falta de crédito para bancos y “también, para PYMES y familias”.

Seguir con medidas "contundentes"

Para recuperar esa confianza, a su juicio, “hay que seguir tomando medidas contundentes y agresivas, ir por delante de los mercados. Y eso está siendo así, ahora hay realismo en la valoración del escenario”.

Se refiere así a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que tomó posesión el pasado mes de diciembre y que casi se estrenó en las tareas de gobierno con un paquete de recortes y ajustes fiscales anunciado el 30 de diciembre y una nueva reforma laboral que se aprobó por decreto ley en febrero.

Después han llegado los Presupuestos Generales del Estado de 2012 (finales de marzo) y varios decretos ley que concretan nuevas reducciones de gasto público (que el Gobierno insiste en llamar ajustes o ahorros) en todas las áreas de actuación del Estado central, e incluso, de las transferidas a las autonomías, como Sanidad y Educación.

Por último -hasta el momento-, el Ejecutivo de Rajoy ha sacado adelante en julio de 2012 un decreto ley en el que, entre otras cosas, se sube el IVA general hasta el 21%, se pasa a numerosas actividades del IVA reducido al general (con la consiguiente subida del 8% al 21%), se elimina la paga extra de Navidad a los funcionarios, se recorta la prestación por desempleo y los pagos del Fogasa a los despedidos, se incrementan las retenciones del IRPF a los profesionales, se rebajan las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social y se suprimen exenciones en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

También se ha aprobado una nueva ley de Administración Local que incluye la reducción en un 30% del número de concejales y la asunción por parte de las diputaciones de las competencias de los pequeños ayuntamientos que no puedan cubrir servicios básicos.

Para muchos analistas y para los sindicatos, la suma de recortes ha terminado de ahogar la actividad económica y ha agravado el problema del paro hasta límites insostenibles: uno de cada cuatro ciudadanos en activo no tiene trabajo declarado, según la Encuesta de Población Activa publicada el pasado mes de marzo.

Empobrecimiento de la población

Todo eso unido, amenaza con crear “enormes bolsas de pobreza, un incremento de la población excluida, que va a aumentar la conflictividad social: situaciones como las vividas en las banlieu de Francia pueden producirse aquí”, alerta a RTVE.es Vanesa Valiño, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Esta organización recuerda el dato de pobreza de Eurostat, que señala que en 2010 había 11.675.000 personas en riesgo de pobreza, el 25,5% de la población de España. Esto supone un aumento de más de un millón de personas respecto a 2009, el mayor incremento registrado en la historia de este indicador.

La misma oficina de estadísticas de la Comisión Europea señala que España contaba ese año con uno de los índices de riesgo de pobreza entre población trabajadora más altos de la UE (uno de cada diez trabajadores), sólo superada por Grecia.

El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –junto a otras 18 asociaciones que trabajan en España- ha presentado esta semana un informe ante el comité de la ONU encargado de vigilar el respeto de los DESC en el que repasan el tremendo impacto negativo de las políticas de ajustes aplicadas en los últimos años (informe en pdf).

“Con la regresión que está habiendo, los derechos económicos y sociales no se van a recuperar fácilmente, porque las políticas no se están orientando a generar ingresos que permitan recuperar los servicios sociales”, avisa Valiño.

Como se recoge en el informe presentado en la ONU, “las medidas de austeridad fiscal que está adoptando el Gobierno para hacer frente a la crisis no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales”.

A juicio de Vanesa Valiño, además, las reformas no están afectando a todos por igual, sino que perjudican más a colectivos vulnerables –migrantes, jóvenes, mujeres- y provocan “un empobrecimiento de gran parte de la clase media, que hasta ahora tenía un nivel de vida más o menos digno”.

"La crisis no sirve como justificación"

Otra de las organizaciones que ha expuesto su posición ante el comité de la ONU, Amnistía Internacional, destaca el retroceso en vivienda y en atención a la salud (informe en pdf).

En su informe, AI utiliza datos del Sistema Nacional de Salud para subrayar que el gasto sanitario per cápita en las comunidades autónomas (responsables de la gestión sanitaria) se ha reducido en 84,76 euros desde 2011. Un recorte que aumenta hasta los 140,13 euros per cápita si se analiza desde 2010.

Eso ha llevado al cierre de centros sanitarios, la reducción de la atención médica y de las prestaciones en casi todas las autonomías, aunque el impacto es diferente en cada una de ellas. Algunas han impuesto tasas para obtener la tarjeta sanitaria, muchas han visto dispararse las listas de espera para quirófanos o consultas hospitalarias, y otras han cerrado centros sanitarios.

Para Giulia Tamayo, responsable de investigación en AI-España, la crisis económica no sirve como justificación para estas medidas. “Para ir décadas atrás de un derecho, el Gobierno lo tiene que justificar y ahí, el déficit no vale. No es serio y no es legal. Ni siquiera para países de África y América Latina, la crisis económica se aceptó como criterio” en el examen realizado por la ONU a su respeto de los DESC, explica a RTVE.es esta experta.

Tanto Valiño como Tamayo denuncian también la deficiente información que proporcionan los gobiernos españoles, lo que –advierten- dificulta el conocimiento de todos los efectos que las políticas de ajuste están provocando.