UGT y CC.OO. piden a la Defensora del Pueblo que recurra la no actualización de las pensiones
- Solicitan a Becerril que presente un recurso de inconstitucionalidad
- Argumentan que no se puede aplicar una medida con carácter retroactivo
- Los sindicatos dicen tener una "sensación bastante positiva"
CC.OO. y UGT han presentado este lunes a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, una solicitud para que recurra ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley que suspende la compensación a los pensionistas por la desviación de precios de este año en la que alegan que hay "fundamentos jurídicos sobrados" para ello.
La delegación sindical que ha presentado esta demanda ha estado encabezada por los secretarios de Política Social de CC.OO. y UGT, Carlos Bravo y Carmen López, respectivamente, así como por los secretarios generales de las organizaciones de pensionistas y jubilados de ambos sindicatos, Julián Gutiérrez (CC.OO.) y Santiago Alejo (UGT).
Todos ellos han sido recibidos por Francisco Fernández Marugán, adjunto primero a la Defensora del Pueblo, así como por Concepción Ferrer i Casals, adjunta segunda, con quienes los responsables sindicales se han entrevistado brevemente a puerta cerrada.
La reclamación sindical de que sea recurrida ante el Constitucional la eliminación este año de la compensación a los pensionistas por la desviación del IPC se basa en la vulneración del artículo 9.3 de la Carta Magna, que protege y garantiza la irretroactividad de aquellas disposiciones que restringen derechos individuales.
"La última mentira de Rajoy"
Para Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CC.OO., la no revalorización de las pensiones es una medida que merece "el máximo reproche social", pero, en esta ocasión, al afectar a un derecho ya acreditado, merece además un "reproche jurídico" ya que el Gobierno ha planteado este asunto "de manera incorrecta".
Por su parte, la responsable de Política Social de UGT, Carmen López, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de "mentir día tras día" a los pensionistas diciendo que iba a cumplir con la Ley General de la Seguridad Social, que en su artículo 48 establece el derecho de los pensionistas a ser compensados por la desviación de precios tomando como referencia el IPC de noviembre.
"Le hemos manifestado al señor Marugán que la Defensora del Pueblo debe y tiene que poner un recuerdo, porque el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que cumplir su palabra de que no tocaría la sanidad, la educación y las pensiones. Esta es su última mentira", ha denunciado López.
Los representantes sindicales aseguran que han salido con una "sensación bastante positiva" de su encuentro con los adjuntos de la Defensora del Pueblo. "Nos ha asegurado que van a estudiar en profundidad este recurso, porque ellos también comparten que puede ser una lesión importante para el conjunto de los pensionistas", ha apuntado López, que ha recordado que los pensionistas tienen hoy una carga superior a la que soportan otros ciudadanos, pues muchos están teniendo que hacerse cargo de sus familias.
Ofensiva parlamentaria de los sindicatos
Paralelamente, los sindicatos han realizado una ofensiva parlamentaria en los últimos días para instar a los partidos de la oposición a que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de las pensiones.
Aunque parecía que la oposición en bloque se iba a unir en un recurso único, algo que no ha sucedido nunca en Democracia, finalmente no serán todos los Grupos Parlamentarios de la oposición quienes se sumen a esta iniciativa, pero sí la mayoría, entre ellos PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y parte del Grupo Mixto.
De este recurso conjunto se han descolgado ERC y Compromís ante el veto de PSOE y UPyD a la entrada de Amaiur.
La base del recurso: no se puede suprimir un derecho de forma retroactiva
Sindicatos y oposición entienden que el decreto es inconstitucional porque conlleva una aplicación retroactiva de las leyes, lo cual está prohibido por la Constitución.
Según han explicado, la revalorización de las pensiones es un derecho que los ciudadanos tenían garantizado hasta el decreto ley y que comienza a generarse el 1 de enero de cada año, por lo que el Gobierno no puede suprimirlo retroactivamente.
En los últimos meses, CC.OO. y UGT han acudido a la Defensora del Pueblo en varias ocasiones para recurrir ante el TC normas aprobadas por el Gobierno del PP, como la reforma laboral y el decreto antidéficit que eliminaba la paga extra de Navidad de los empleados públicos, aunque sus peticiones fueron rechazadas por Soledad Becerril.
Mientras tanto, los sindicatos siguen mostrando en la calle su rechazo a estas medidas. Este mismo lunes, y como integrantes de la Cumbre Social, participarán en el más de medio centenar de manifestaciones y concentraciones convocadas para protestar contra la no compensación a los pensionistas y la subida de las tasas judiciales, entre otras medidas.