Acuerdo en EE.UU. para frenar el 'precipicio fiscal', a falta de que lo ratifique la Cámara Baja

• El Senado ya lo ha aprobado con solo ocho votos en contra
• Obama urge a la Cámara a que apruebe sin demora el acuerdo
• La Cámara de Representantes debate ya el texto
• Mantiene las exenciones a hogares que ingresan menos de 450.000 dólares
• Aplaza dos meses la aplicación de masivos recortes de gasto público

Acuerdo 'in extremis' para salvar el precipicio fiscal, a falta de que lo ratifique la Cámara Baja

El Senado estadounidense ha aprobado esta madrugada, dos horas después de entrar en 2013,  un acuerdo alcanzado entre la Casa Blanca y los republicanos para poder frenar la caía en el llamado precipicio fiscal, la temida combinación de subidas de impuestos indiscriminadas y masivos recortes en el gasto público. Pese al pacto, ese abismo fiscal ha entrado en vigor, al menos técnicamente, al llegar el Año Nuevo, ya que para anularlo definitivamente la otra parte del congreso estadounidense, la Cámara de Representantes, debe dar luz verde al acuerdo.

El hecho de que este 1 de enero sea día festivo da tiempo a que se produzca esa aprobación en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, a la que Obama ha instado a actuar: "Ni los demócratas ni los republicanos han conseguido todo lo que querían, pero este acuerdo es bueno para nuestro país y la Cámara debería adoptarlo sin dilación", ha señalado el presidente en un comunicado.

La aprobación en el Senado ha contado con el voto a favor de 89 senadores y solo ocho congresistas han votado en contra. Ahora, la responsabilidad pasa a la Cámara de Representantes, que ya analiza el acuerdo y donde la mayoría republicana ha opuesto más resistencia al pacto, si bien también hay reticencias entre algunos demócratas.

La sesión de la Cámara se ha iniciado sin que se sepa todavía si su presidente, el republicano John Boehner, someterá el pacto a votación.

Siguen las exenciones para hogares con menos de 450.000 dólares de ingresos

El acuerdo negociado convierte en permanentes las desgravaciones de impuestos para los individuos con ingresos anuales inferiores a 400.000 dólares y para hogares que ganen menos de 450.000 dólares. Este límite es más alto al que defendía Obama, que quería mantener las rebajas de impuestos solo para los hogares con ingresos inferiores a 250.000 dólares.

Si se ratifica el pacto, por encima del umbral de 450.000 dólares, la tasa del impuesto sobre la renta subiría del 35% actual a un máximo del 39,6%, lo que supondría la primera subida de impuestos en EE.UU. en dos décadas, algo a lo que siempre se han opuesto con uñas y dientes los republicanos.

Esta subida de impuestos para los más ricos ha sido aprobada por la mayoría de senadores republicanos, para los que supone "una solución imperfecta", tal y como la ha definido el negociador republicano del acuerdo, el senador Mitch McConnell, quien advierte que ha evitado a sus votantes "un auténtico daño financiero".

Sin embargo, los republicanos de la Cámara de Representantes pueden no estar tan dispuestos a admitir ese alza tributaria. Sobre todo, después de las palabras de Obama en un acto público en la Casa Blanca celebrado mientras se cerraban las negociaciones del acuerdo entre los senadores.

En esa reunión, el presidente ha asegurado a un grupo de simpatizantes que los republicanos estaban cediendo en la negociación. "Recordad que hasta hace solo un mes, los republicanos del Congreso decían que nunca darían luz verde a subidas de impuestos para los americanos más ricos", ha señalado Obama a sus partidarios, y ha añadido: "Obviamente, el acuerdo que ahora se negocia aumentaría esos impuestos y lo haría de forma permanente".

Respecto a los recortes masivos de gasto público en defensa y programas sociales -previstos en 109.000 millones de dólares-, el acuerdo logrado fija que se aplace dos meses su aplicación, con lo que se da tiempo a los partidos para que negocien un plan concreto de reducción del gasto público. Además, se garantiza a dos millones de parados que puedan seguir cobrando una prestación durante todo este año.

Pero la fórmula final para alejar el abismo fiscal dependerá de lo que decida este martes la Cámara de Representantes, que puede enmendar el acuerdo aprobado por el Senado, tal y como ha insinuado el líder de la mayoría republicana en esa Cámara, John Boehner.

El precipicio sigue abierto

Este 1 de enero, vencía una serie de importantes exenciones fiscales establecidas por la Administración de George W. Bush en 2001 y 2003. La falta de acción legislativa significa que, técnicamente, esta madrugada subieron los impuestos que deben pagar todos los estadounidenses. Sin embargo, el Legislativo puede anular esos efectos con carácter retroactivo, por lo que el paso por el abismo fiscal sería transitorio, y los ciudadanos y la economía no notarían sus efectos gracias a la festividad del día 1.

Sin embargo, la amenaza de caída en el precipicio no se ha conjurado todavía: el aplazamiento de los recortes de gasto traslada a febrero la entrada en vigor de esas reducciones.

Ese mismo mes, además, concluye también el plazo marcado por el todavía secretario del Tesoro, Timothy Geithner, para que se alcance el tope de endeudamiento permitido a la Administración estadounidense. Ese tope se ha tocado este 31 de diciembre, pero Geithner ha puesto en marcha ajustes automáticos en el gasto corriente que conceden un mínimo margen de dos meses para tratar de lograr un acuerdo presupuestario definitivo que limite el crecimiento de una deuda que ya supera el 100% del PIB del país.

El actual máximo de endeudamiento se fijó en agosto de 2011, también en una negociación in extremis entre los dos partidos, en la que crearon la actual amenaza del precipicio fiscal como forma de autopresionarse para llegar a ese pacto final. Aquel truco político no disimuló el fracaso de la negociación, lo que provocó la rebaja de la nota de EE.UU.  por parte de la agencia de calificación Standard & Poor's.

Así, bajo la amenaza de nuevas revisiones de la calificación, ambas cuestiones -cerrar el abismo fiscal y controlar la deuda- se convierten así en renovado campo de batalla entre demócratas y republicanos. Mientras los primeros quieren mantener numerosas partidas de gasto público y aumentar el límite de deuda permitido, los republicanos exigen recortes en el gasto sanitario y los programas de pensiones.