El Gobierno reconoce que el déficit de tarifa superó en 2012 el tope fijado de 1.500 millones

• Para eliminar ese límite ha utilizado el decreto ley sobre empleados del hogar
• Admite que la demanda de electricidad ha caído más de lo esperado
• El Estado no pagará la parte prevista del extracoste de la luz en las islas

El Gobierno ha reconocido que las medidas adoptadas en 2012 han sido insuficientes para reducir el déficit de la tarifa eléctrica, por lo que ese desajuste entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que se ingresa a través de lo que pagan los consumidores superará el límite de 1.500 millones de euros fijado para el año que acaba de terminar. Ese límite ya parecía imposible de cumplir con los datos recopilados hasta septiembre, cuando se habían superado ya los 3.900 millones de euros.

Este reconocimiento se incluyó dentro del Real Decreto Ley sobre  la gestión de la Seguridad Social de los empleados del hogar publicado el 31 de diciembre y que entró en vigor con el año nuevo. Allí se admite que, debido a "la excepcionalidad de la situación" en el sistema  eléctrico, "resulta urgente" que el desajuste adicional registrado entre 2011 y 2012 se sume a los 1.500 millones del déficit de tarifa y, por tanto, pueda titulizarse como deuda.

En la práctica, esto supone eliminar el tope que se había fijado para 2012 a ese déficit eléctrico que, según había marcado el Gobierno por exigencia de la Unión Europea, debía desaparecer este 2013.

En el real decreto ley, el Gobierno reconoce, a la vista del  informe sobre tarifas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE),  que en el último trimestre de 2012 se producirá un "nuevo desajuste" no contabilizado por  los técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Menos demanda y sobrecoste de las renovables

En el origen de ese desajuste está, según el Gobierno, que "la reducción de la demanda ha sido más acusada de lo previsto", como  consecuencia de la caída de la actividad industrial y del consumo. También se apunta al "sobrecoste del régimen especial", producido "por la entrada en operación con  mayor premura de la esperada de las nuevas centrales" y por el incremento de sus horas  de funcionamiento.

Otra parte del aumento del déficit se debe, según refleja el texto, a que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 determinan que el Estado no asumirá, en contra de lo previsto, "la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares", es decir el 17% de lo que cuesta producir la electricidad para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Eso supone -añade- "un coste adicional para el sistema" de 1.217 millones de euros.

Por eso, resume el real decreto, "los ingresos del sistema eléctrico de este año 2012 están haciendo frente, no solo a los costes del sistema durante este 2012 condicionados por las circunstancias imprevistas referidas, sino también a un desajuste de 2011 de 1.106 millones de euros" y al extracoste de generación de las islas, Ceuta y Melilla que no asumirá el presupuesto del Estado. Ambos conceptos añaden 2.323 millones al déficit existente, a lo que habría que añadir el impacto de la menor demanda eléctrica.

Con esa situación, el Gobierno advierte que si el desajuste no se convirtiera en déficit, tendría que transferirse a la tarifa, lo que -continúa- implicaría "un nuevo y relevante incremento de los peajes de acceso que  recaerían [sic] íntegramente en los consumidores eléctricos".

Según el real decreto, "esta opción no se ha considerado por el gravísimo  impacto que tendría sobre el consumidor final, que ya ha venido  soportando importantes incrementos en los últimos años".

Endurecimiento de las primas a las renovables

El texto publicado en el BOE el 31 de diciembre también recoge una modificación de las primas a la generación de electricidad incluída en el régimen especial, principalmente la procedente de energías renovables. Se trata así de frenar el "sobrecoste" de ese grupo que, según el Ministerio, se produjo en el último trimestre de 2012.

Así, el  Ejecutivo introduce una habilitación en el real decreto ley para la  "supresión o corrección" de las primas concedidas a esas instalaciones si se constata que incumplen  las obligaciones exigidas para cobrar esas primas.

En concreto, el real decreto establece que se anularán las primas cuando "una inspección o cualquier otro medio válido de derecho" constate que una instalación a la que se hayan preasignado primas "no esté totalmente finalizada" cuando venza el plazo límite fijado para ser inscrita de forma definitiva.

También se le podrán quitar las primas si en la instalación se incluyen elementos o equipos "que no estuvieran expresamente reflejados en el proyecto de ejecución aprobado", salvo que se tramite la modificación del mismo.