Requisitos para acceder al fondo social de viviendas en alquiler

• Sáenz de Santamaría, De Guindos, Pastor y Mato han firmado el convenio
• Los ayuntamientos elaborarán en 15 días un informe sobre los peticionarios

El fondo social de viviendas en alquiler ha visto la luz esta tarde con la firma del convenio entre los ministerios de Economía, Sanidad y Fomento. Los beneficiarios, familias que han sufrido un desahucio y en situación de vulnerabilidad, deben cumplir las condiciones que se detallan a continuación:

Requisitos de acceso

• Familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%.
• Familias en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género.

Se puede acceder con cumplir uno de los supuestos

Requisitos económicos

• Los ingresos de la unidad familiar deben ser inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o19.164 euros anuales.
• La carga hipotecaria debe haber crecido 1,5 veces desde 2008.
• La cuota mensual de la hipoteca debe superar el 50% de sus ingresos.

Hay que reunir las tres condiciones.

Otras condiciones

• El desalojo de su única vivienda de las familias beneficiarias debe haberse producido después del 1 de enero de 2008.
• La cuantía del contrato de alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite en el 30% de la renta neta de la familia.
• Los acuerdos tendrán una duración de dos años, prorrogables por otro más, que podrán ser cancelados antes si la entidad detecta que las familias salen del umbral de protección establecido.
• La selección estará en manos de una comisión en la que participarán tanto las administraciones públicas, incluyendo a las municipales, como organizaciones no gubernamentales.
• Los ayuntamientos y diputaciones tendrán un plazo de 15 días para elaborar un informe sobre los peticionarios, una vez que las entidades de crédito les remitan la información.