La Audiencia Nacional rebaja de 30 a 10 millones la fianza de Díaz Ferrán por ser "excesiva"

• Otros motivos, su avanzada edad (70 años) y su arraigo familiar
• El tribunal mantiene la fianza porque hay "hechos delictivos dolosos"

La Audiencia Nacional ha acordado rebajar de 30 a 10 millones de  euros la fianza que impuso el pasado 5 de diciembre al expresidente  de la patronal Gerardo Díaz Ferrán en el marco de la Operación Crucero, en  el que se investiga el vaciamiento de su patrimonio para burlar a sus  acreedores, al considerar que podría resultar "excesiva". 

Así consta en un auto dictado este lunes por la Sección Segunda de  la Sala de lo Penal en el que se admite parcialmente un recurso de la  defensa de Díaz Ferrán y se acuerda rebajar la fianza por la  situación de arraigo del expresidente de la CEOE, que vive en Madrid  con su mujer, y su avanzada edad, ya que tiene 70 años.

En un auto resolviendo un recurso de apelación del propio Díaz Ferrán, la sala indica en cambio que existen razones para mantener su fianza por la Operación Crucero de supuesta corrupción. "Nos encontramos ante una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo que afectan a una gran pluralidad de víctimas", argumenta el auto al respecto.

La Sala de lo Penal todavía no ha resuelto en cambio los recursos interpuestos por el resto de imputados para los que Velasco decretó prisión eludible bajo fianza. Entre estos casos destaca el del actual propietario del Grupo Marsans, Angel de Cabo, al que se impuso una fianza de 50 millones.

Cinco delitos

Los magistrados de la Sección Segunda, presididos por Angel Hurtado, confirman en su auto los indicios encontrados por el instructor de la causa contra Díaz Ferrán y De Cabo.

“De Cabo debía pagar 100.000 euros mensuales a Díaz Ferrán“

El juez Velasco acusó al expresidente de la CEOE de haber diseñado una estrategia para simular su "insolvencia patrimonial" y de concertarse con el empresario De Cabo para traspasarle el Grupo Marsans así como su patrimonio personal y familiar. A cambio, De Cabo se comprometió a pagar a Díaz Ferrán "100.000 euros mensuales hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros".

En base a estos hechos, el magistrado le imputa un total de cinco delitos: alzamiento de bienes,  insolvencia punible con la agravante de ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Además, Velasco impuso fianzas al empresario de Castellón Iván Losada, que debe abonar una caución de 30 millones de euros, así como a los imputados José Enrique Pardo Manrique, Carmelo José Estelles Giménez y Teodoro Garrido, a quienes el juez Velasco impuso a cada uno 500.000 euros para salir de prisión.