Miles de personas piden al Gobierno italiano que abandone las medidas de austeridad
- Es la primera marcha contra el Ejecutivo de coalición de Letta
- La confianza en el nuevo Gobierno desciende al 30%
Miles de personas protestaron en Roma contra las políticas del Gobierno italiano y exigieron al nuevo primer ministro, Enrico Letta, que abandone las medidas de austeridad y se concentre en crear empleos para sacar al país de la recesión en el que se encuentra sumido.
Según el diario La Repubblica, unas 100.000 personas se concentraron en la plaza de la República, en la primera protesta multitudinaria que se produce con el nuevo Ejecutivo de coalición, aunque fuentes policiales reducen el número de los presentes a unas 15.000 personas.
La manifestación, convocada por la Federación de Operarios Metalúrgicos (FIOM) y apoyada por otros sindicatos y varias fuerzas de la izquierda, partió de la plaza de la República hacia la plaza de San Juan de Letrán con los participantes que corearon lemas como "No podemos esperar más" o "la fábricas bajo el control de los empleados".
La manifestación exigió un cambio a favor de la creación de empleo como prioridad frente a valores como la refinanciación de la deuda, explicó el líder de la FIOM, Maurizio Landini.
Según encuestas, la confianza en la coalición de Letta con el partido Pueblo de la Libertad (PDL) del ex primer ministro Silvio Berlusconi retrocede, con un porcentaje de aprobación de poco más del 30 por ciento.
A los manifestantes no les ha frenado el hecho de que el viernes el nuevo Gobierno italiano aprobara sus primeras medidas de calado, comenzando por la suspensión temporal del pago de la cuota de junio del impuesto sobre la primera vivienda.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley por el que queda suspendido el pago de esta tasa a la vivienda habitual, a la espera de que, antes del próximo 31 de agosto, se reforme este impuesto, lo que, de no ocurrir, obligaría a que la cuota ahora suspendida se tuviera que pagar a partir del 16 de septiembre.
Además Letta anunció un monto de unos 1.000 millones de euros para refinanciar el fondo público para los expedientes de regulación de empleos temporales, provenientes, entre otros, de fondos comunitarios y recortes de gasto en los distintos Ministerios.