El Gobierno analiza la reforma para atajar el déficit eléctrico con Industria y Hacienda enfrentados

• El Consejo de Ministros analiza la reforma eléctrica preparada por Soria
• Montoro se niega a que el Estado asuma los costes que marca la ley actual
• Para reducir el desfase entre costes e ingresos, subirá la factura de la luz
• Se prevé recortar en hasta un 20% el coste de distribución fijado por el sector

El Gobierno analiza una reforma para atajar el déficit eléctrico que enfrenta a Industria y Hacienda

¿Qué son los costes regulados?

Los costes regulados del sistema eléctrico incluyen los gastos asociados al uso de la energía eléctrica, como la distribución o el pago a Red Eléctrica por la gestión del transporte de la energía. También sirven para compensar el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares, la moratoria nuclear, las primas a las renovables y las ayudas al carbón.

El Ministerio de Industria y Energía fija cada tres meses la cuantía de esos costes, los llamados peajes de acceso.

Esos peajes se cobran a los consumidores a través de la Tarifa de Último Recurso (la TUR, de la que esos peajes suponen cerca de la mitad) y se abonan a las empresas del sector. La otra mitad de esa tarifa se determina en una subasta entre generadoras y comercializadoras para determinar el coste de la producción de la energía que se consumirá el trimestre siguiente.

Para los que no tienen TUR porque están en el mercado libre eléctrico, los contratos con las comercializadoras suelen incluir cláusulas de revisión automática en función de las variaciones en los peajes.

El déficit tarifario se ha ido generando desde que se estableció este sistema en 2000, cuando las tarifas empezaron a no reflejar todos los costes que las compañías eléctricas aseguran tener y que la regulación les reconoce. Así, se ha acumulado una especie de deuda aplazada con esas empresas que supera ya los 26.000 millones de euros.

El Gobierno tiene previsto analizar en el Consejo de Ministros de  este viernes la reforma energética con la que se intentará corregir los desequilibrios  causados en el sistema eléctrico por el déficit de tarifa (desfase generado porque los costes estimados por el sector superan a los ingresos conseguidos a través de la tarifa). La intención es abordar la nueva reforma en su conjunto: un real decreto ley de estabilidad financiera, un anteproyecto de  ley para reformar la ley del sector eléctrico de 1997 y ocho reales decretos.

El objetivo de todo ese conjunto de normas es frenar el déficit de tarifa  estructural que, sin medidas nuevas, crecerá a un ritmo de 4.000 millones de euros cada año. En términos acumulados, el déficit tarifario suma ya  26.000 millones (28.000 millones, según la Comisión Nacional de Energía) y se ha convertido en un problema que amenaza con  desbordar el ámbito eléctrico. En todo caso, el plan que maneja Industria no supondrá la eliminación definitiva  del déficit de tarifa.

Entre los reales decretos figuran uno para regular el autoconsumo y otro  con un plan para permitir la hibernación o el cierre de los  ciclos  combinados de gas en una cantidad de instalaciones  importante.

Enfrentamiento entre Industria y Hacienda

El ministro de Industria, José Manuel Soria, defiende que ese déficit debe absorberse "de forma equitativa" entre empresas eléctricas, consumidores y Estado. En el Gobierno parece haber consenso sobre la necesidad de repartir el coste, pero surgen discrepancias sobre cuánto debe pagar cada parte.

Ahí nace el principal enfrentamiento entre los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se resiste a pagar la totalidad de los costes del sistema eléctrico, debido a la repercusión que eso tendría en la deuda pública.

Pero, además, Montoro se ha  negado a  asumir incluso -conforme establece una ley vigente-  todo el sobrecoste de las actividades extrapeninsulares (las   correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), que asciende a 1.800 millones de euros. Soria contaba con incluir esa partida en los Presupuestos Generales de 2014, pero según diversas fuentes, Hacienda está dispuesta a asumir, como mucho, la mitad.

El enfrentamiento entre ambos ministerios se ha hecho explícito esta semana, al asegurar Soria que ya había acuerdo y ser desmentido, pocas horas después, por el departamento de Montoro.

Subida de la factura al consumidor

De todas formas, buena parte de la carga  de la reforma energética que estudiará el Consejo de Ministros acabará recayendo sobre consumidores y empresas, lo que anticipa subidas del  recibo de la luz y fuertes recortes a los operadores, según ha señalado el sector eléctrico.

Para evitar el aumento del déficit tarifario, Industria plantea subir los peajes de acceso, que fijan la mitad de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que se han congelado en muchas ocasiones para evitar fuertes subidas de la luz. La otra mitad de esa factura básica al consumidor se determina por el resultado de una subasta donde generadoras y comercializadoras pujan para fijar el coste de producción de la energía.

La negativa de Hacienda fue  anunciada ayer por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal,  a las grandes eléctricas y empresas de renovables durante sendas  reuniones convocadas para informar sobre la reforma energética.

Recortes en los costes de la distribución

Después de esas reuniones, las compañías eléctricas interpretan que Hacienda ha ganado la partida al  ministro Soria, por lo que el ajuste en los costes regulados (ver despiece en gris) previsto por Industria ha tenido que revisarse para incrementar los recortes, lo que ha preocupado a las empresas.

Estas compañías entienden que, tras haber realizado  importantes esfuerzos para atajar el déficit de tarifa, deben pagar  ahora de forma adicional los errores tanto de éste como de los  anteriores gobiernos.

Según se ha filtrado de la reunión con las cinco grandes del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EON y EDP), el mayor recorte se  producirá previsiblemente en la actividad regulada de distribución, donde los costes podrían reducirse hasta un 20%, unos 1.000 millones de euros, lo que -amenazan desde el sector- complicará las nuevas inversiones e, incluso,  podría afectar a la calidad del suministro.

Cambio en las primas a renovables

Además, estas grandes operadoras han avisado de que se les va a aplicar un trato "discriminatorio" respecto a las renovables, ya que se les mantiene una tasa de retorno de la inversión del 6,6% frente a la del 7,5% que se ha marcado para las renovables.

Estas compañías, por contra, advierten que no existe ningún trato de favor, ya que la reforma cambia su sistema de primas y pasarán a cobrar retribuciones fijas por megavatio instalado y no por producción, como ocurría hasta ahora. Además, el 7,5% de rentabilidad se pagará desde el momento que se instaló el parque, con lo que -advierten- si han cobrado rentabilidades superiores, deberán dinero al sistema.

Otra de las modificaciones introducidas en la reforma es la de permitir a las compañías eléctricas hibernar o cerrar los ciclos combinados, plantas que usan gas natural para generar electricidad. 

Debido a la actual debilidad de la demanda, estas instalaciones funcionan desde hace meses muy por debajo de su capacidad, lo que obliga a las eléctricas a mantener sus costes sin obtener rendimiento. Las compañías llevaban meses pidiendo una solución al Gobierno para ese problema.

Al margen de la reforma energética, el Ministerio de Industria ha  elaborado las previsiones de costes regulados e ingresos de la tarifa  de 2013, bajo la premisa de que el sistema recibirá un préstamo público  extraordinario de 2.200 millones -ya aprobado por el Congreso- y de  que los Presupuestos Generales del Estado de 2014 asumirán los 1.800 millones de  sobrecostes de la actividad extrapeninsular, un extremo que no está decidido a la vista de la posición defendida por Hacienda.