La reforma eléctrica reparte casi todo el déficit de tarifa entre empresas y consumidores

• La factura doméstica subirá 3,2% en la parte que determina el Gobierno
• Así, 900 millones del déficit los pagarán los consumidores vía recibo
• El Estado asume otros 900 millones de euros a través de los Presupuestos
• Las empresas aportarán 2.700 millones por el recorte en costes regulados

La reforma eléctrica del Gobierno pretende acabar con el déficit de tarifa

¿Qué son los costes regulados?

Los costes regulados del sistema eléctrico incluyen los gastos asociados al uso de la energía eléctrica, como la distribución o el pago a Red Eléctrica por la gestión del transporte de la energía. También sirven para compensar el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares, la moratoria nuclear, las primas a las renovables y las ayudas al carbón.

El Ministerio de Industria y Energía fija cada tres meses la cuantía de esos costes, los llamados peajes de acceso.

Esos peajes se cobran a los consumidores a través de la Tarifa de Último Recurso (la TUR, de la que esos peajes suponen cerca de la mitad) y se abonan a las empresas del sector. La otra mitad de esa tarifa se determina en una subasta entre generadoras y comercializadoras para determinar el coste de la producción de la energía que se consumirá el trimestre siguiente.

Para los que no tienen TUR porque están en el mercado libre eléctrico, los contratos con las comercializadoras suelen incluir cláusulas de revisión automática en función de las variaciones en los peajes.

El déficit tarifario se ha ido generando desde que se estableció este sistema en 2000, cuando las tarifas empezaron a no reflejar todos los costes que las compañías eléctricas aseguran tener y que la regulación les reconoce. Así, se ha acumulado una especie de deuda aplazada con esas empresas que supera ya los 26.000 millones de euros.

La reforma del sistema eléctrico aprobada este viernes por el Consejo de Ministros reparte el coste de eliminar el déficit de tarifa entre Estado, empresas y consumidores, aunque la mayor parte recaerá sobre los dos últimos colectivos. Así, las compañías eléctricas -tanto las tradicionales como las renovables- asumirán 2.700 millones de euros a través de la reducción de los costes regulados, es decir, de lo que reciben por transporte y distribución de la energía, o por primas a las renovables. Mientras, la factura doméstica de la luz se incrementará un 6,5% en su parte regulada -es decir, independientemente de la variación que suponga el resultado de las subastas que definen el coste de la producción energética-, un alza que se aplicará de forma retroactiva desde enero de 2012.

Con esta reforma aprobada por el Gobierno se intenta corregir los desequilibrios  causados en el sistema eléctrico por el déficit de tarifa, el desfase generado porque los costes estimados por el sector superan a los ingresos conseguidos a través de la tarifa y que suma ya  26.000 millones (28.000 millones, según la Comisión Nacional de Energía). Así, se ha dado luz verde a un real decreto ley con medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema y un anteproyecto de  ley para reformar la ley del sector eléctrico vigente desde 1997.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo que se trata de "una reforma estructural de las más importantes  que forman parte de nuestro programa", y ha añadido que es "necesaria  para corregir el déficit de tarifa y garantizar fortaleza y  sostenibilidad al sistema eléctrico, sin que sean los consumidores los que tengan que asumir a través de la factura los costes que generan ese desequilibrio".

Evitar un aumento anual del déficit tarifario de 10.500 millones

En esa misma rueda de prensa, el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha asegurado que el déficit de tarifa estructural "heredado" era de 10.500 millones de euros anuales. Según Soria, con las medidas ya adoptadas en 2012 y los primeros meses de 2013, esa cantidad se ha reducido a 4.500 millones de euros.

"Para evitar esos 10.500 millones que había a comienzos de 2012, habríamos tenido que subir el precio de la luz un 42%", ha indicado Soria, refiriéndose con ello a una subida de los peajes de acceso, la parte que fija el Gobierno y que determina la mitad de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que pueden acogerse unos 26 millones de consumidores entre hogares y pymes. (Ver despiece en gris)

Según el responsable de Energía, el Ejecutivo no ha querido que recaiga todo el coste en el consumidor, así que ha preferido repartir ese 42%: "los Presupuestos Generales del Estado aportarán un 3,8%; las empresas generadoras, un 12,7%; la reducción de los costes del sistema, un 17,5%, y la subida en el precio de luz, un 8% desde fecha de 1 de enero de 2012".

La luz subirá al menos un 3,2% por el encarecimiento de los peajes eléctricos

Los consumidores pagarán 900 millones a través de la factura

Después de las medidas ya puestas en marcha antes de esta reforma, para evitar que cada año el déficit tarifario crezca en 4.500 millones, el Gobierno ha fijado un reparto por el que las cuentas públicas absorberán 900 millones (la mitad del sobrecoste de los sistemas eléctricos peninsulares que hasta ahora, debía de pagar por ley el Estado), las empresas del sector eléctrico asumirán 2.700 millones y los consumidores aportarán los restantes 900 millones a través de la subida de los peajes.

El ministro Soria ha estimado que esos 900 millones de euros significan un aumento de los peajes de acceso del 6,5%, lo que se traduciría en una subida de la factura doméstica del 3,2% en su parte regulada, la que fija el Gobierno.

A ese alza en el recibo, deberá sumarse lo que decida la correspondiente subasta energética, en la que generadoras y comercializadoras pujan para determinar cuál será el coste de producción de energía en el trimestre siguiente. La subasta marca la mitad del coste que pagamos en el recibo eléctrico.

Menos retribuciones al sector eléctrico

La reducción de los costes del sistema se realiza a través de medidas regulatorias, como ha destacado el ministro Soria. Así, se establece un nuevo régimen de primas para las renovables y otras plantas de régimen especial, "que van a recibir un complemento por costes de inversión basándose en su tecnología".

Con ese nuevo sistema de retribución, las energías renovables recibirán un retorno de su inversión del 7,5% y contarán con incentivos especiales en Canarias y Baleares. Mientras, la inversión en  redes de transporte y distribución percibirá un retorno del 6,5% de rentabilidad.

Esta diferencia ha llevado a las grandes compañías eléctricas a considerarse discriminadas respecto a las renovables. Éstas, por contra, advierten que no existe ningún trato de favor, ya que la reforma cambia su sistema de primas: pasarán a cobrar retribuciones fijas por megavatio instalado y no por  producción, como ocurría hasta ahora, y el 7,5% de rentabilidad  se pagará desde el momento que se instaló el parque, con lo que  -advierten- si han cobrado rentabilidades superiores, deberán dinero al  sistema.

Posible hibernación de los ciclos combinados

Otra de las modificaciones introducidas por la reforma es que se permitirá a las compañías eléctricas hibernar o cerrar los ciclos combinados, plantas que usan gas natural para generar electricidad. El Gobierno establece que, de los 26.000 megavatios de capacidad instalados se puedan desactivar unos 6.000 megavatios.

Debido a la actual debilidad de la demanda, estas instalaciones funcionan desde hace meses muy por debajo de su capacidad,  lo que obliga a las eléctricas a mantener sus costes sin obtener  rendimiento suficiente. Las compañías llevaban meses pidiendo una solución al  Gobierno para ese problema.

Soria ha defendido su reforma porque "garantiza el suministro al menor coste posible para consumidor", "impide que se pueda volver a repetir un desequilibrio financiero tan fuerte" como el déficit actual y "se reducen considerablemente los costes de las actividades reguladas del sistema, con una contribución adecuada a de las empresas".

Por último, el ministro ha señalado que se cambiará el nombre de la TUR, que pasará a denominarse "Precio Voluntario al Pequeño Consumidor".

También ha apuntado otras modificaciones que no ha desarrollado, como que se aumentará la competencia entre las empresas que comercializan la electricidad, se obligará a realizar con más rapidez el cambio de compañía, se aclarará la factura que recibe el usuario y se penaliza el consumo de la electricidad en segundas residencias y viviendas vacías.

Enfrentamiento entre Industria y Hacienda

Desde el comienzo de la elaboración de esta reforma, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido que la eliminación del déficit debería absorberse "de forma equitativa" entre empresas eléctricas, consumidores y Estado.

Y ahí es donde ha estado el principal escollo, que ha retrasado las medidas cerca de un año y que ha enfrentado a los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Hacienda. Cristóbal Montoro se ha resistido a pagar la totalidad de los costes del sistema eléctrico, debido a la repercusión que eso tendría en la deuda pública.

Montoro se ha  negado a  asumir incluso -conforme establece una ley vigente-  todo el sobrecoste de las actividades extrapeninsulares (las   correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), que asciende a 1.800 millones de euros. Soria contaba con incluir esa partida en los Presupuestos Generales de 2014, pero al final, Hacienda solo ha asumido la mitad de ese coste.