Seguimiento desigual en la huelga general en Grecia contra el recorte de empleos públicos

• La reorganización del sector público prevé la movilidad de 25.000 funcionarios
• Si no aceptan los traslados, serán despedidos
• Se prevé eliminar unos 4.000 puestos de trabajo
• Entre 16.000 y 50.000 personas -según la fuente- se manifiestan en Atenas

Empleados públicos protestan en los alrededores del Parlamento en Atenas.

Grecia vive este martes la cuarta huelga general en lo que va de año, convocada esta vez para protestar por las reformas que debate esta semana el Parlamento para tratar de cumplir con los compromisos exigidos por la troika para seguir adelante con el desembolso del rescate financiero. La medida más contestada es la que prevé el despido de 4.000 empleados públicos antes de fin de año y el traslado de otros 20.500. El seguimiento de la huelga ha sido desigual, según los primeros datos ofrecidos por los sindicatos.

Más repercusión en el sector público

Según el sindicato del sector público (ADEDY), entre un 55% y un 85% de los empleados públicos pararon en  organismos ministeriales, sanidad pública y ayuntamientos, que llevan  varios días en huelga.

El transporte público también se detuvo,  con excepción de metro y tranvía -que tienen prohibido hacer huelga desde  el pasado febrero- y los controladores aéreos, que realizaron una  huelga de media jornada, lo que provocó la cancelación de 11 vuelos y  retrasos de una treintena, todos ellos internos.

El principal sindicato del sector privado (GSEE) cifró la  participación de los obreros de la industria entre el 55%  y el 75%, pero no pudo ofrecer datos de otros sectores. El comercio abrió como un día normal.

Los periodistas harán un paro de media jornada y, en cambio, los médicos inician hoy una huelga de 48 horas y trabajarán solo de urgencias.

Los empleados municipales, que llevan en huelga desde la pasada semana, continúan su paro hasta el miércoles. Diversos servicios, como la recogida de basura, no funcionan desde hace días, lo que ha provocado que en diversas calles se amontonen los desperdicios.

Además, entre 16.000 personas -según la Policía- y 50.000 -según los sindicatos- se manifestaron en Atenas y otras 7.000, en Salónica, la segunda ciudad del país. En ambos casos, la mitad de los manifestantes acudieron a la convocatoria de PAME, el sindicato ligado al Partido Comunista de Grecia (KKE), y no bajo a las manifestaciones convocadas de forma unitaria por ADEDY y GSEE.

Durante la jornada, la Policía ha ordenado el cierre de tres estaciones de metro en el centro de Atenas para dificultar el acceso de los manifestantes a esas protestas convocadas por los sindicatos en torno al Parlamento.

Traslado de servicio o despido

El texto que se debate en la Cámara -y que está previsto votar el miércoles- plantea la reorganización de toda la función pública, en la que trabajan unas 700.000 personas en la actualidad.

Así, antes del final de este mes, 4.200 empleados entrarán en una denominada "reserva" de movilidad, una cantidad que deberá alcanzar las 25.000 personas al final de este año. En esa reserva, dispondrán de ocho meses para moverse a otro departamento. Durante ese período, cobrarán solo el 75% de su sueldo. Si rechazan el traslado a otro servicio o administración, se les despedirá, tal y como precisó el pasado fin de semana el ministro de Interior, Yannis Michelakis.

Los primeros afectados por ese replanteamiento serán los trabajadores del sector educativo y 3.500 policías municipales, que se integrarán en la Policía Nacional. Los agentes de este cuerpo de seguridad han protestado durante más de una semana por las calles de la capital helena para mostrar su oposición a estas remodelaciones.

La huelga de este martes ha sido convocada por los dos grandes sindicatos del país -apoyados por otros sectoriales como el de los funcionarios, ADEDY-, bajo el lema "No somos números, somos trabajadores".

Además de la reforma de la administración, el Parlamento debería aprobar varias medidas de liberalización del sector privado, como la flexibilización de horarios de apertura del comercio.

Estas nuevas reformas llegan tras el golpe que supuso para la opinión pública el cierre de la radiotelevisión pública ERT y el despido de sus 2.600 trabajadores. Esta decisión causó una crisis de gobierno -por el abandono de la coalición del partido de la izquierda moderada, Dimar- que estuvo a punto de provocar la caída del Ejecutivo del primer ministro conservador, Andonis Samaras.