Bruselas retira su denuncia contra la tasa a las 'telecos' para financiar RTVE

• Las empresas seguirán aportando el 0,9% de sus ingresos brutos
• El Tribunal europeo le había dado la razón a Francia por un caso similar
• Las empresas de telecomunicaciones mantienen el recurso ante el Supremo

La Comisión Europea (CE) ha retirado la denuncia presentada contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por el modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), aprobado en 2010 y que prevé una tasa a las empresas de telecomunicaciones, han confirmado a Efe fuentes europeas.

La CE, en vista de una sentencia reciente de ese tribunal en la que consideraba en línea con el derecho de la Unión la tasa impuesta en Francia a los operadores de telecomunicaciones con el fin de financiar la televisión pública, decidió retirar los casos paralelos contra España y Hungría, precisaron las fuentes.

La Comisión explica que ha basado esta decisión sobre la sentencia de la corte, con sede en Luxemburgo, del pasado 27 de junio, en la que decidió que la tasa impuesta por Francia a los operadores de telecomunicaciones en 2009 "no viola las normas de telecomunicaciones de la UE".

El caso concernía a la aplicación del artículo 12 de la directiva europea relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, según la cual los cargos administrativos impuestos específicamente a operadores de telecomunicaciones "deben cubrir únicamente los costes relacionados con la gestión y regulación del sector".

Procesos similares contra España e Hungría

"La sentencia del tribunal sobre el caso francés es de directa relevancia para los casos que conciernen a otros Estados miembros, dado que procedimientos por casos similares se habían iniciado contra España y Hungría", indicaron las fuentes.

En particular, destacaron que esos casos también conciernen la compatibilidad con la ley de la UE de "ciertos cargos" impuestos a operadores de telecomunicaciones y están relacionados con la aplicación de esa directiva.

Bruselas denunció a Francia y a España, en este caso por imponer también una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9% de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago en RTVE.

En julio de 2010, la CE declaró que los nuevos regímenes de financiación de France Télévisions y RTVE eran compatibles con las normas sobre ayudas estatales, aunque estas decisiones se supeditaban a su compatibilidad con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones.

Las 'telecos' mantienen el recurso en el Supremo

La asociación de operadores Redtel -en la que están presentes Telefónica, Vodafone, Orange y Ono- ha recordado que, independientemente de las actuaciones de Bruselas, mantiene el recurso que en su día presentó contra la tasa de financiación de RTVE en el Tribunal Supremo.

El desistimiento por parte del Ejecutivo comunitario tendrá como consecuencia que el Tribunal de Luxemburgo archive sin sentencia el caso en los próximos días y supone un aval al sistema de financiación de RTVE. Desde Redtel, han reiterado que la tasa es "desproporcionada, dañina e ilegal".

Además, la patronal considera la medida "injusta" porque el sector en ningún modo se ve beneficiado por la eliminación de la publicidad en la televisión pública. En este sentido, han recordado que los servicios audiovisuales se prestan bajo régimen de pago, no en emisión en abierto financiada por publicidad.

RTVE se financia mediante tasas a los canales privados en abierto, que contribuyen con el 3% de sus ingresos brutos, a los canales de pago, que pagan el 1,5% de sus ingresos brutos, y a las empresas de telecomunicación, que abonan el 0,9% de sus ingresos.

En 2012, las empresas de telecomunicaciones y cadenas de televisión privadas aportaron 217,35 millones para financiar RTVE, según datos de la CMT. En concreto, la mayor partida corrió a cargo de las 'telecos' que aportaron un total de 155,83 millones (el 71,7% del total de la cantidad recaudada). Por su parte, las cadenas de televisión en abierto destinaron a la corporación pública 44,71 millones (20,57%) y los canales de pago 16,8 millones (7,73%).