BCE: España debe vigilar la eficacia de la reforma de las cajas y revisarla si fuera necesario

• Recuerda que la reforma es una de las condiciones para el rescate bancario
• Pide control sobre la desinversión de las cajas en los bancos que controlan

Las autoridades españolas deberán "vigilar estrechamente" la aplicación de la futura Ley de Cajas para asegurarse de que logra los objetivos buscados y, si no es así, deben "estar preparadas para revisar el proceso", según advierte el Banco Central Europeo (BCE) en su respuesta al Gobierno de España que, a principios de este mes, pidió su opinión sobre la nueva norma al organismo europeo.

En su dictamen, aprobado el pasado martes por el consejo de gobierno, el BCE "apoya la iniciativa del Ejecutivo de reformar el sector de las cajas de ahorrros", un cambio que -recuerda- "cumple con los compromisos asumidos por las autoridades españolas" en el Memorando de Entendimiento (MoU) que define las condiciones del rescate bancario. (Ver documento en .pdf)

Fomentar la desinversión en sus bancos

Sin embargo, en las conclusiones, el instituto emisor europeo avisa de que "hará falta tiempo" para comprobar la eficacia de la nueva regulación, sobre todo, en dos puntos: si funcionarán los incentivos fijados por el actual proyecto de ley para lograr "a la larga" la desinversión de las cajas -reconvertidas en fundaciones bancarias- en las entidades de crédito que ahora controlan, y si bastará para garantizar "una gestión sana y prudente" con "las obligaciones reforzadas" que fija la norma a las cajas que opten por seguir controlando esos bancos.

El BCE también considera que el proyecto de ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias "aborda varias deficiencias del gobierno de las cajas" que, "entre otros muchos factores, contribuyeron en cierta medida a la crisis del sistema financiero español".

Por ese motivo, apunta el dictamen, "es un pilar importante del esfuerzo general para reconstruir la estabilidad financiera en España.

A favor de la limitación territorial a las cajas

En esa línea, respalda la vuelta "al modelo tradicional de cajas de ahorro mediante la limitación del alcance territorial y el tamaño de las cajas", ya que -concluye- "contribuye a evitar que puedan hacerse sistémicas", es decir, que sus eventuales problemas puedan causar desequilibrios en el sistema financiero nacional y europeo.

El proyecto de ley determina que las cajas solo actuarán en el territorio de una comunidad autónoma o en un máximo de 10 provincias limítrofes entre sí, y no podrán sobrepasar los 10.000 millones de euros de activos totales o una cuota del 35% en el mercado de depósitos de su ámbito de acción.

Otro punto destacado por el organismo europeo es el papel que se concede al Banco de España, que deberá especificar el protocolo de gestión de la participación de las fundaciones bancarias en las entidades de crédito, "así como aspectos importantes del plan de diversificación de inversiones y gestión de riesgos y del fondo de reserva".

Nacen las fundaciones bancarias

El proyecto de ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de junio establece -como resume el BCE- que si sobrepasan esos límites territoriales, tendrán que traspasar todo el patrimonio relacionado con su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de ésta, y "transformarse en fundaciones bancarias si su participación en la entidad de crédito es significativa", es decir, si supera el 10%.

"Las fundaciones perderán en todo caso la autorización para actuar como entidad de crédito", destaca el dictamen.

Como uno de los límites a la influencia de las fundaciones bancarias en sus banco correspondientes, la futura ley declara la incompatibilidad de cargos equivalentes en el órgano rector de la fundación y en el de la entidad de crédito. También prevé una eventual privación de los derechos políticos (los de voto) a las fundaciones bancarias en el caso de que cuenten con participación mayoritaria en un banco o con su control efectivo.

Además, cuando una fundación bancaria tenga más del 30% de participación en un banco estará obligada a elaborar un protocolo de gestión de su participación y un plan financiero anual que deberá aprobar el Banco de España. Si esa participación alcanza o supera el 50%, necesitará un plan adicional para la diversificación de inversiones y la gestión de riesgos, así como la obligación de crear un fondo de reserva con el que poder hacer frente "a posibles necesidades de capital de la entidad de crédito controlada".