La juez de los ERE decreta la responsabilidad subsidiaria de UGT y CC.OO.

• Fija fianzas civiles al dirigente de UGT Mera y exdirigente de CC.OO. Carmona
• También acuerda la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España

Alaya decreta la responsabilidad civil subsidiaria de UGT y CC.OO.

La juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al exdirigente de CC.OO. Roberto Carmona, en sendos autos en los que les imputa un delito de malversación de caudales públicos y decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos.

La juez Mercedes Alaya, en dos autos a los que ha tenido acceso Efe, acuerda además la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España, para lo cual deberán depositar su pasaporte, así como presentarse en el juzgado dos veces al mes.

Los autos les imputan un delito de malversación de caudales públicos y fundamenta en "la extraordinaria gravedad de los hechos que se le imputan, las  penas elevadas a las que podría enfrentarse y la compleja instrucción  que se está llevando a cabo", así como la posibilidad de que aparezcan  nuevos actos delictivos imputables a los acusados, la imposición de una serie de medidas restrictivas.

La fianza de responsabilidad civil responde a la presunta petición que hicieron al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y se ha establecido tras la declaración que prestaron como imputados el pasado jueves.

Salvador Mera y Roberto Carmona fueron puestos en libertad el pasado viernes tras su declaración. La Guardia Civil les detuvo junto a otras seis personas en la segunda fase de la Operación Heracles, en el marco del caso de los ERE.

"Comisiones que procedían de fondos públicos"

Afirma Alaya en su auto que Mera, como secretario general de UGT en Cádiz, y Carmona, como secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. en Andalucía, pidieron a González Mata que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero.

Ambos hicieron su solicitud "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos" y afirmaron que ese pago debía "paliar los gastos que, según decían, habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la Faja Pirítica de Huelva".

La realidad, según la juez, es que "ninguno de esos conceptos respondía a gastos necesarios soportados realmente" y González Mata "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".

Los sindicalistas llegaron al acuerdo de que cada uno percibiría 180.000 euros, aunque según las cantidades realmente percibidas, incrementadas en el tercio que prevé la ley, la fianza civil queda fijada en 251.041 euros para UGT y 471.352 para CCOO. En el caso de UGT, Mera pidió que el pago se efectuase a través de la sociedad mercantil Temiqui, propiedad del sindicato.

Alaya recuerda que UGT y CC.OO. cobraron más de 7 millones

Alaya recuerda que UGT y CC.OO. cobraron de Uniter, de acuerdo con lo investigado hasta ahora, 3.253.031 euros, y de la mediadora Vitalia, 4.251.384 euros a lo largo de la década pasada, lo que hace un total de 7.648.815 euros, según consta en el auto.

Se trataba de comisiones que a veces "se cobraban doblemente, en Madrid y Andalucía", como sucedió con CCOO en la empresa Delphi, afirma el auto. Añade que se trataba de "comisiones a veces altísimas, según la documentación recabada", en alguna ocasión de hasta un 200% por encima de la media de mercado.

Se da la circunstancia de que precisamente, varias decenas de sindicalistas se concentraron para mostrar su apoyo a Salvador Mera la pasada semana y abuchearon a la magistrada, en un acto que ha sido condenado tanto por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, como por parte del responsable de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo.

La juez también ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de  531.065,68 euros al empresario Angel Quesada del Valle, apoderado de  Nexprom --propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia  de Málaga-- que fue detenido junto a otras nueve personas en la  segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada la pasada semana  por la Guardia Civil.