Pescanova ya tenía problemas de tesorería en 2012, según el hermano del expresidente Sousa

• En noviembre de 2012 se acordó desinvertir para poder pagar un crédito
• El expresidente asume toda la responsabilidad de la familia en ICS

La sede de Pescanova en Chapela, Redondela (Pontevedra).

El hermano del ex presidente de Pescanova, Fernando Fernández de Sousa, ha desvelado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la multinacional pesquera, que está en concurso de acreedores y con una deuda de más de 3.000 millones de euros, ya tenía problemas de tesorería en 2012.

En las más de dos horas de interrogatorio, Fernando Fernández de Sousa ha subrayado que en las reuniones de octubre y noviembre del año pasado se acordó "por todo el consejo de administración la desinversión de activos", como la venta de salmón de Chile, la segunda inversión más grande tras la de Mira, porque se preveía que no se podía atender al pago del crédito sindicado de marzo.

El hermano del ex presidente ha negado cualquier implicación en el falseamiento de las cuentas de Pescanova, ya que ha explicado que se había enterado de todo por la prensa cuando regresó a España tras sufrir un accidente en Quebec y que no había mantenido contacto telefónico con su hermano Manuel.

Problemas económicos desde 2012

Para la acusación particular, esto demuestra que los problemas económicos de Pescanova "no eran del último mes o de enero" como alegó la compañía, ya que se remontarían a noviembre de 2012 o incluso a septiembre, cuando el consejo aprobó las cuentas del anterior semestre.

Al igual que hiciera ayer el exconsejero delegado Alfonso Paz-Andrade, el hermano del expresidente y miembro de la comisión de auditoría de la multinacional ha indicado que confiaba en el trabajo tanto del auditor externo (BDO) como del interno, porque ambos estaban presentes en las comisiones, por lo que si había algo malo en las cuentas lo debían de conocer las auditoras.

Por su parte, el ex presidente de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa, que coincidió en la Audiencia con su hermano, ha declarado durante dos minutos en la sala, ya que se ha negado a responder sobre la sociedad ICS de la que es representante legal al señalar al juez Ruz que ya había tenido una extensa declaración sobre este sociedad el pasado martes.

Manuel Fernández de Sousa se ha ratificado en todo lo que había dicho en la declaración del pasado martes de cerca de siete horas, asumiendo toda la responsabilidad de la familia en cuanto que él era el máximo accionista de ICS.

Pérez-Nievas niega el uso de información privilegiada

El primero en declarar en esta jornada ha sido el exconsejero José Antonio Pérez-Nievas. A finales de septiembre, el juez Ruz rebajó la fianza que pesaba sobre el directivo, que dejó de ser imputado por el delito de falsedad continuada en documento mercantil.

Ruz le ha interrogado por haber usado información relevante para vender acciones antes de caer su cotización, ya que se desprendió de 110.000 títulos a un precio medio de 17,02 euros justo unos días antes de que Pescanova comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no podía formular las cuentas de 2012, que había un desfase patrimonial y se declarase en preconcurso de acreedores.

Pérez-Nievas ha justificado durante las tres horas de su declaración la venta de sus acciones por valor de 1,8 millones de euros en los días previos a la declaración del concurso de acreedores y ha señalado que dió la orden de venta a las diez de la mañana, cuatro horas antes del inicio de la reunión del consejo.

El magistrado investiga el presunto falseamiento de las cuentas de la compañía, que entró en concurso de acreedores el pasado mes de abril. Imputa a su expresidente, seis consejeros y tres directivos por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante.

Manuel Fernández de Sousa se enfrenta además a una imputación por falsedad en documento mercantil. Pescanova se encuentra en quiebra técnica, con un agujero de más de 900 millones y una deuda de más de 3.000 millones.