La nueva autoridad fiscal independiente recibe el visto bueno definitivo del Congreso

• El mandato del presidente se amplía a seis años por una enmienda del Senado
• La oposición crítica que la autoridad "es un chiringuito" sin independencia real

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, conversa con el de Industria, José Manuel Soria.

El Pleno del Congreso ha aprobado de forma definitiva la ley de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que, tras su paso por el Senado, ha incorporado cuatro enmiendas, entre ellas una para que el mandato del presidente sea de seis años no prorrogables. La norma ha salido adelante con el apoyo del PP y Foro Asturias (FAC) y el rechazo del resto de la oposición.

Este organismo va a analizar las previsiones económicas de los diferentes niveles de la administración y controlar el cumplimiento de los planes de estabilidad o programas económico-financieros, entre otros, pudiendo emitir recomendaciones o activar los mecanismos de corrección que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La nueva autoridad fiscal estará adscrita al Ministerio de Hacienda -y no a las Cortes Generales, como pedía la mayor parte de la oposición para garantizar su independencia- y se financiará fundamentalmente a través de las tasas que cobrará a las administraciones por sus informes.

En el debate se han ventilado las enmiendas del Senado, que son fundamentalmente técnicas, salvo la que extiende el mandato del presidente, dando así respuesta a una de las críticas que compartía toda la oposición, que alertaba de que plazos tan cortos de mandato hacían que fuera muy poco independiente del Gobierno.

Informes sin audiencia previa

Las otras tres modificaciones introducidas en la Cámara Alta prevén que la autoridad fiscal no esté obligada a someter a audiencia previa sus informes sobre otras administraciones, sino que será una potestad facultativa para que los afectados puedan indicar errores, ambigüedades o imprecisiones.

Además, las comunidades autónomas o entidades locales podrán solicitar estudios a la autoridad fiscal, aunque cuando afecten a competencias de otras administraciones deberán tramitarlo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local.

Por último, se introduce una precisión para que los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio solo tengan que ser presentados "en los supuestos en que resulte preceptivo", en coherencia con el resto del articulado.

Desde el PSOE, Pedro Saura, ha acusado al ministro de Hacienda de aprobar una ley que es "un chiringuito gubernamental para poder nombrar a un mayordomo que, durante seis años, valore sus cuentas públicas" y que, tras el cambio de duración del mandato en el Senado, se quedará incluso cuando cambie el Gobierno. "La ley ha empeorado y mucho", ha dicho. Los grupos de CiU, PNV y UPN se han quejado de que vulnera competencias autonómicas.