Andalucía abre dos expedientes sancionadores a la Sareb por su cartera de VPO

• Por supuesto incumplimiento de la ley andaluza de función social de la vivienda
• La norma ordena poner las VPO a disposición de los registros de demandantes
• El 'banco malo' se expone a sanciones de 109 millones de euros
• La Sareb reconoce la imposibilidad de cumplir todos los plazos legales

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha  abierto dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de  Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria  (Sareb), conocida como banco malo, al considerar que ha incumplido las  obligaciones inherentes a la propiedad de viviendas protegidas  en la comunidad autónoma, ya que debe poner ese tipo de inmuebles a disposición de registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida (VPO).

Según indica la Junta en una nota, las posibles sanciones  derivadas de ambos expedientes ascienden a un máximo de 109,44  millones de euros, siempre que la Sareb no acredite ante la  Consejería que ha realziado ese trámite con los al menos 911 inmuebles de esta tipología que el banco malo posee en Andalucía.

Estos registros de demandantes de VPO establecen los mecanismos de selección para la  adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los  requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo  principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Obligación de comunicar inventario de VPO

El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la  disposición adicional séptima de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo de 2005 -modificada por  la reciente Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda-, que  establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la  administración pública inventario de las viviendas protegidas que se  encuentren en sus balances.

La Consejería ha notificado a la Sareb el  acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción  muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de  un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la  Vivienda.

La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911  infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del  artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida -también  introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la  Vivienda-, que establece la obligación de cualquier persona física o  jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los  registros públicos municipales de demandantes.

La Consejería que dirige Elena Cortés ha enviado a la Sareb un  requerimiento oficial de información y documentación acreditativa de  la puesta a disposición de sus viviendas protegidas en los registros.  Las sanciones establecidas por la Ley de Vivienda Protegida para infracciones muy  graves van desde 30.001 euros a 120.000 euros. Por lo tanto, los  procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían  suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros.

Sareb: "Es imposible cumplir todos los plazos legales"

Según ha informado a Efe un portavoz de la Sareb, la sociedad ha  explicado a la Junta de Andalucía que en apenas dos meses recibió  200.000 activos inmobiliarios y ha necesitado más de un año para completar la información sobre los mismos  y poder registrarlos. Esta "peculiaridad" -ha continuado la misma  fuente- hace imposible que se puedan cumplir en plazo todas las  exigencias legales, aunque Sareb tenga la máxima voluntad de que así  sea, han añadido.

En paralelo con su labor de encontrar  compradores para sus activos, el banco malo debe registrar cada  propiedad, inscribirla en el catastro y dar cuenta de ella en las  instancias autonómicas correspondientes. 

Por eso la Sareb ha pedido a la  Junta de Andalucía y a otros gobiernos autonómicos "que sean  conscientes de la excepcionalidad del traspaso". Hasta el momento,  aseguran desde el banco malo, todas las administraciones han entendido  que "los plazos son imposibles de cumplir", con la excepción de la Junta  de Andalucía que ha optado por abrir los citados expedientes.

Información contenida en el recurso contra la ley andaluza

La Consejería de Fomento y Vivienda de Andalucía ha tenido conocimiento de la  existencia de estas 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb,  que supuestamente incumplen su función social, a través de información  oficial de la propia sociedad de gestión incluida en el recurso de diciembre de la Presidencia del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional sobre varios preceptos la Ley de Función Social de la  Vivienda.

En dicho recurso, así como en el anteriormente presentado  el 9 de julio de 2013 contra un decreto precedente, la Presidencia  del Gobierno adjuntó un informe de la Sareb (titulado Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de  Andalucía), que señala que "en torno a un 12% de la cartera  de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz", un total  de 6.379 viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera  residencia, 4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda  protegida, 911.

La Junta ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la  Función Social de la Vivienda "no fue impugnada en su totalidad, sino  solo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades  financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o  la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar  desahucios de familias en riesgo de exclusión social". Ha añadido que  "los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos  de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas  siguen plenamente vigentes".