El Congreso convalida la tarifa plana para cotizaciones pese al rechazo de la oposición

• Báñez asegura que la medida no tendrá ningún coste para las cuentas públicas
• La oposición duda de que sirva para crear nuevos puestos de trabajo
• Empleo: beneficiará a 332.100 contratos que se harían aún sin esa medida

El Congreso convalida la tarifa plana para cotizaciones sociales pese al rechazo de la oposición

La tarifa plana en las cotizaciones por contingencias comunes a la Seguridad Social, con la que el Gobierno pretende incentivar la contratación indefinida, ha sido convalidada este jueves por el Congreso de los Diputados pese al rechazo de la mayoría de los partidos de la oposición.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido ante el pleno del Congreso el decreto ley del Gobierno, donde ha asegurado que no tendrá impacto presupuestario en las cuentas públicas, ya que la pérdida de recaudación -derivada de aplicar esa  tarifa a los contratos que iban a realizarse independientemente de la puesta en marcha de esta medida- se verá  compensada por las cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del empleo generado gracias a este incentivo.

Báñez también ha señalado que ese incentivo conllevará incrementos de ingresos en el IRPF, Impuesto de Sociedades e impuestos indirectos como el IVA, al tiempo que facilitará un ahorro en prestaciones sociales como la de desempleo.

Empleo: beneficiará a 332.100 contratos que se harían aunque la medida no existiera

Así, en la memoria económica que acompaña al real decreto-ley, se incluye una hipótesis de cálculo que cifra en 553.500 el número de contratos indefinidos (387.500 con jornada completa y 166.000 a tiempo parcial) que se harían aunque esta tarifa plana no existiera. El 60% de ese total (332.100 contratos: 232.500 a tiempo completo y 99.600 con jornada parcial) se estima que supondrán una creación neta de empleo en las respectivas plantillas y, por lo tanto, podrán beneficiarse de la reducción de cotizaciones. En 2013, según datos del SEPE, se firmaron 1,13 millones de contratos indefinidos.

Sin embargo, más allá de ese cálculo, el propio documento reconoce que es "especialmente difícil" calcular "el potencial impacto positivo" de la medida en la dinámica de la contratación, es decir, en cómo influirá en los empresarios para realizar contratos indefinidos y, como consecuencia, en cómo repercutirá en la recaudación de impuestos o en el consumo. Por eso, admite que es "extremadamente complejo" realizar una estimación exacta de su impacto en la economía.

Aún así, Báñez ha reiterado lo que también figura en la memoria: que la tarifa plana aportará a la economía española tres décimas adicionales al crecimiento  del PIB durante los tres años que deberán mantenerse los contratos  bonificados, aunque la tarifa plana solo se abonará en los dos primeros años.

Durante esos primeros 24 meses, las empresas solo pagarán 100 euros en cotizaciones por contingencias comunes a la Seguridad Social, independientemente de la cuantía del salario. Sí se seguirán pagando igual que hasta ahora el resto de cotizaciones: el 14% del salario, que incluye la cuota pagada por el trabajador para contingencias comunes y las destinadas a desempleo, FOGASA, Formación Profesional, y accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Esa reducción de la cotización -ha remarcado la titular de Empleo- "no supondrá una reducción de los derechos de los trabajadores, que generarán los mismos derechos sociales que en el caso de que la empresa hubiera cotizado todo".

La ministra ha subrayado que esta medida también busca que, al estar en puestos de trabajo estables, los trabajadores estén mejor  formados y sean más productivos, lo que se traducirá -según ella- en empleo de mayor calidad. "España no puede competir en costes, sino en talento y productividad", ha indicado Báñez.

PSOE: el sistema de pensiones perdera más de 5.000 millones de euros

Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo ha sido duramente criticada por la mayoría de la oposición, que considera que no va a crear empleo, sino que solo va a favorecer el traspaso de puestos de trabajo de contratos no bonificados a bonificados. Además, reiteran que generarán una pérdida de ingresos al sistema de Seguridad Social.

La portavoz del PSOE en el debate, Concha Gutiérrez del Castillo, ha cuantificado entre 5.000 y 7.000 millones de euros esa detracción de recursos al sistema de pensiones, que no se verá compensado además por la creación neta de empleo.

La diputada socialista ha calificado como "chapuza" la memoria presentada por Empleo en el Congreso para justificar el impacto económico de la nueva medida. Ese documento, según ella, muestra que habrá una fuerte caída de ingresos por cotización "para hacer la mitad de los contratos indefinidos que en 2013 y un 40% de los de 2012".

Dudas sobre un aumento neto del empleo

Además, considera que los cálculos de contratos adicionales no cuadran con el aumento total de empleo neto estimado para los próximos tres años, que -según figura en la memoria económica- alcanzará el 0,31%, el equivalente a 48.000 puestos de trabajo.

Además, nueve grupos parlamentarios (PSOE, Compromís, BNG, ERC, Bildu, PNV, UPyD, Izquierda Plural y CiU) han remarcado el riesgo de que, para conseguir esos contratos bonificados, las empresas despidan a otros empleados sin bonificaciones.

En ese sentido, Báñez ha señalado que, para evitar ese fraude,  las empresas que quieran beneficiarse de la medida deberán aumentar el  nivel total de empleo y el de empleo indefinido, y mantenerlo durante 36 meses. 

El decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (página 4 del BOE) explica que comprobar si ha habido ese incremento "se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los 30 días anteriores a la celebración del contrato".

Además, en el Congreso, la ministra ha reiterado que se les exigirá que no hayan realizado despidos en un determinado período previo a la contratación.

Y ahí es donde se abren los resquicios criticados por la oposición. Como se puede ver en el BOE (página 3), las empresas no podrán beneficiarse del ahorro en la cotización si, en los seis meses previos al contrato, un juez declara improcedentes despidos por razones objetivas o por motivos disciplinarios. Tampoco podrán acogerse quienes hayan realizado ERE en los seis meses previos.

Sin embargo, de esto mismo se deduce que las empresas sí podrán recibir las bonificaciones aunque hayan despedido a  trabajadores si esas extinciones de contratos se consideran objetivas, es decir, si se han justificado, por ejemplo, por causas económicas.

Además, como se lee en ese mismo apartado del decreto, en el requisito de los seis meses previos sin despidos, "no se tendrán en cuenta las extinciones que se hayan producido antes del 25 de febrero de 2014". Esto significa que habrá bonificaciones para los contratos firmados entre el 25 de febrero pasado y el 25 del próximo agosto que cumplan el resto de requisitos, aunque las empresas que los hagan hayan despedido antes del 25 de febrero. Y solo se cumplirá el requisito de los seis meses sin despidos para la contratación realizada entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de este año.