La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de dos condenados por el 'caso Pallerols'
- Pallerols y Gavaldà fueron condenados a penas de siete meses en 2013
- Se les atribuyó el desvío hacia Unió Democrática de subvenciones públicas
- La decisión sigue a la denegación del indulto que solicitaron al Gobierno
La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso inmediato en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y el exsecretario de Organización de UDC Vicenç Gavaldà, después de que el Gobierno haya denegado sus peticiones de indulto a sus condenas de siete meses por el desvío de subvenciones públicas dentro del llamado "caso Pallerols, que investigó la financiación ilegal en los años 90 de Unió Democrática de Cataluña (UDC).
Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de forma "inmediata y voluntaria" de Fidel Pallerols y de Vicenç Gavaldà, con al aviso de que, si no lo hacen, se acordará su búsqueda y captura.
Pese a tratarse de penas inferiores a los dos años de cárcel y no contar con antecedentes -casos en los que habitualmente se evita el ingreso en prisión-, el 9 de abril del año pasado, la Audiencia barcelonesa ordenó ese ingreso y lo justificó diciendo que en el contexto actual, de paro, crisis económica y casos abiertos de corrupción, es "hasta obsceno" que no cumplan sus penas.
La aplicación de esa condena estaba en suspenso a la espera de que se resolviera las peticiones de indulto que los condenados presentaron ante el Gobierno.
Penas menores gracias a un acuerdo entre las partes
En 2012, el entonces director general de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, había sido condenado a año y medio de cárcel por un delito continuado de malversación y falsedad documental, y su hermano y exsecretario de organización de UDC, Vicenç Gavaldà, a siete meses de prisión, igual que Pallerols -el dueño de las academias utilizadas para el desvío de fondos-, ambos por sendos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.
Un acuerdo in extremis entre las partes en enero de 2013 evitó la celebración del juicio y, según ese pacto, el fiscal rebajó la petición de cárcel de los condenados a menos de dos años en base a tres motivos: reparación del daño (al haber abonado lo defraudado), dilaciones indebidas (el fraude se produjo de 1994 a 1999) y reconocimiento de los hechos.
La sentencia judicial constató que hubo "aportaciones directas al partido" de dinero desviado de las subvenciones europeas a los cursos de parados. Unió se lucró, según la resolución judicial, y acabó destinando unos 197.000 euros a pagar nóminas y material de oficina e informático para sus sedes. La sentencia del caso condenó al partido democristiano catalán como responsable civil subsidiario.